Economía, trabajo y producción

Aportes y desafíos de la extensión rural frente al COVID-19

Introducción

En el marco del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) implementado por el gobierno Nacional y Provincial muchas actividades del orden estatal, incluyendo la extensión, se vieron limitadas. En contexto de pandemia, el sector agropecuario muestra su heterogeneidad y pese a ser un sector económico cuyas actividades permanecieron activas, desnudó la importante desigualdad y vulnerabilidad existente en la ruralidad mendocina.

Desde la Cátedra de Extensión Rural de la UNCUYO y el Centro Regional Mendoza-San Juan de INTA, se realizó una encuesta virtual a técnicos extensionistas de Mendoza a fin de conocer la situación de la extensión rural en el marco del aislamiento. Se buscó conocer las principales limitaciones en la actividad extensionista, las nuevas reconfiguraciones de la práctica, nuevas necesidades institucionales y la situación actual de la población a quienes van dirigidas las acciones. Se focalizó también en la capacidad de respuesta ante la nueva situación y las limitaciones o espacios que fueron relegados en este contexto.

Extensión y Desarrollo rural

La extensión rural como disciplina ha tenido en su trayectoria constitutiva diversas acepciones, aunque si nos remitimos a su origen latino, extensión hace referencia a un tender o desplegar (tendere) hacia fuera (ex). Diversos teóricos de la extensión latinoamericana, tales como Freire (1973) y Bosco Pinto (1984) avanzaron en complejizar el término albergando las múltiples relaciones y significados que pueden circular en una relación de “extensión”, y por ello, se le atribuyó acepciones como una forma de “comunicación” o una forma de “educación”.  Pero estos diferentes significados se enraízan en los diversos momentos históricos en que se conciben, por tanto, para comprenderla, analizarla y proyectarla en su complejidad, es necesario ubicarla como un instrumento indispensable para el desarrollo rural.

En términos generales, se puede decir que se trata de un “conjunto de las diferentes actividades que proporcionan la información y los servicios necesarios y demandados tanto por agricultores como por otros actores del sector rural para apoyarlos en el desarrollo de sus propias habilidades y prácticas organizativas, técnicas y de gestión a fin de mejorar sus medios de vida y bienestar.” (GFRAS, 2012, p. 2). A nivel internacional, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) adhiere a concebir que la extensión rural además de trabajar en pos de cambios en los sistemas productivos más vulnerables, debe contribuir al desarrollo integral  generando oportunidades para el acceso a nuevos mercados, mejorar la seguridad alimentaria y reducir la vulnerabilidad frente a los cambios ambientales, y las restricciones de los sistemas financieros, procurando aumentar la representatividad política y social (FAO, 2012). En definitiva, una política pública de Extensión Rural debe formar parte de una estrategia global de reducción de la pobreza, inclusión social y desarrollo rural, para la cual se constituye como una herramienta.

Entre los sistemas de extensión más desarrolladas territorialmente en Argentina se encuentra el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y más recientemente la Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (SAF). En la provincia de Mendoza, ambas poseen presencia institucional, como así también otras instituciones provinciales y/o programas de desarrollo ligados a la agroindustria, tales como el Instituto de Desarrollo Rural, el Departamento General de Irrigación, los Centros de Desarrollo Vitícola y programas como Cambio Rural y PROHuerta –Grupos de abastecimiento local (GAL) y Proyectos especiales- íntimamente vinculados a INTA. Incluso, en la provincia, se pueden encontrar estrategias de extensión a nivel municipal y de la Universidad Nacional de Cuyo.

Metodología de relevamiento

La encuesta estuvo dirigida a técnicos extensionistas con injerencia en la provincia de Mendoza, pertenecientes a instituciones públicas e instituciones público-privadas, y con diferentes rangos institucionales (ej. jefes de agencia, coordinadores de extensión, etc.), que realizan actividades de asistencia y extensión a organizaciones de productores y a productores agropecuarios individuales.

El cuestionario constó de 20 preguntas principalmente cerradas, y por tratarse de un relevamiento exploratorio, se incorporaron también preguntas de respuesta múltiple y con espacios para agregar nuevas opciones.  En este sentido, por tratase de un relevamiento rápido no resulta de una muestra representativa, sino que los datos reflejan aquellas respuestas que más consenso poseen entre los encuestados.

El cuestionario estuvo disponible durante 12 días (28 de mayo al 6 de junio de 2020), a través de la herramienta Google Form. Como resultado, de una base inicial de 158 personas a las cuales se difundió la encuesta por diversas redes sociales, el cuestionario fue respondido por un total de 86 personas, algunas no incluidas en la base inicial. Como objetivo indirecto de la encuesta, se buscó construir una base de datos de extensionistas rurales de la provincia de Mendoza, por lo que la misma no fue anónima.

Principales resultados del relevamiento rápido sobre la Extensión rural en contexto de COVID-19

Se observa la preminencia de instituciones nacionales, antes que del orden provincial y municipal. En este sentido, el INTA alberga al 33.3% de los encuestados, seguidos por el Ministerio de Agricultura de la Nación (18,4%) aunque hay que agregar que en este último se albergan programas como Cambio Rural, que también resulta parte de la estructura institucional de INTA en términos de prácticas, objetivos y lineamientos. Otro gran grupo pertenece a la Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (12,6%), seguidos de otros tipos de instituciones como ONGs. Lo llamativo, es la escasa presencia de instituciones como la Universidad Nacional de Cuyo y el Departamento General de Irrigación, probablemente por la escasa presencia de programas de extensión específicos en la ruralidad.

Respecto al mantenimiento de la actividad extensionista en el contexto de pandemia, el 52% indició que tuvo limitaciones; seguido de un 25,3% que identificó que pudo mantenerla con ajustes; y en muy escaso número indicaron que se paralizó (9.2%) o aumentó (8%) (Gráfico N°1).  Por otra parte, si bien las limitaciones fueron múltiples, éstas se concentraron específicamente en las actividades tradicionales, tales como la frecuencia de las visitas a campo, actividades de capacitación y generación de proyectos, y en menor medida, el abastecimiento de semillas, siendo este uno de los programas más importantes de extensión y que cobró relevancia en el contexto de pandemia. En síntesis, el sistema de extensión evidenció cierta capacidad de resiliencia frente al aislamiento, procurando sostener la actividad.

A fin de dimensionar las limitaciones respecto a la tarea habitual, y así identificar la pérdida de espacios institucionales de asistencia, se consultó sobre el porcentaje estimado de limitaciones. Los encuestados indicaron en un 37% que las limitaciones fueron Entre un 20 a 50%. Mientras que un 23% indicó que fue Más del 50%; seguidos de un 18% que reveló que fue Más de un 70% (Gráfico N°2). Es decir, a diferencia de la respuesta anterior, los técnicos observan que su asistencia habitual se ha visto limitada en general entre un 20% y un 70%.  Esto además de significar la pérdida de espacios de presencia institucional puede relacionarse a que se han visto limitadas las actividades habituales de los extensionistas (visitas a campo y capacitaciones) aunque ello no signifique la incapacidad de resolver las limitaciones, sino que se reformularon las tareas.

En cuanto a las nuevas capacidades requeridas, estas fueron múltiples, por tanto, entre las respuestas más significativas se encuentran: 1) requerimientos de Manejo de entornos virtuales (asistencia telefónica, asistencia vía internet, manejo de redes sociales, uso de plataformas virtuales); 2) requerimientos del orden comunicacional y nuevos contenidos; y 3) requerimientos de readaptación de las actividades (distribución de alimentos, prevención en salud, etc). Por otro lado, respecto a la percepción de los encuestados sobre la capacidad de respuesta frente a las nuevas demandas, el 42,5% indicó que fueron Bastante atendidas y un 24.1% advirtió que fueron atendidas En su mayoría. Solo un 16% indicó haber tenido una respuesta Escasa (poco) y un 13,8% respondió Totalmente. Esto se condice con las respuestas anteriores donde, si bien las actividades se vieron limitadas, se pudo mantener en gran medida la asistencia.  

En relación a las nuevas necesidades institucionales y su capacidad de respuesta, se consultó sobre el accionar de las instituciones de pertenencia. Las nuevas necesidades institucionales se concentran fundamentalmente en Nuevos lineamientos de trabajo, seguidos de Protocolos de acción e Insumos de seguridad de higiene. En menor medida se identifican necesidades de mayor presupuesto y movilidad. Se entiende que fue necesaria más bien una estrategia de acción que elementos de trabajo (movilidad y presupuesto), puesto que es posible que, en general, las acciones tendieron a reajustarse o limitarse parcialmente aun sin lineamientos de acción específicos. Respecto al porcentaje estimado de capacidad de respuesta institucional, las declaraciones fueron disímiles, destacándose en un 41% como Media; un 28.7% contestó que fue Alta; y un 26.4%, la calificó como Baja (Gráfico N° 3).

Un dato relevante hace referencia a los principales rasgos de vulnerabilidad de la población a la que se asiste frente al contexto de pandemia, donde cobra mucha relevancia el Desempleo (51)[1] y el Déficit alimentario (21). Este dato resulta interesante de indagar, puesto que son dos problemáticas que parecerían no coincidir con los actores fundamentales de la ruralidad (productores agropecuarios y agricultura familiar). Esto puede indicar la relevancia de la pluriactividad e informalidad en las familias de asistencia y, por tanto, el desempleo cobra mayor preeminencia en este contexto. Y, por otro lado, cabe destacar la paradoja del déficit alimentario donde se producen alimentos. Por otro lado, los niveles de hacinamiento (14) son importantes, por tanto, se está hablando de una población calificada como pobreza rural y con ello sobre un sujeto complejo, cuyas características de autoconsumo son difíciles de identificar. En este sentido, recobra importancia la discusión sobre las características particulares de la agricultura familiar en la provincia y, con ello, reconocer si las respuestas han sido favorables. 

Por otra parte, en lo relativo a las limitaciones de la población de asistencia se indica que en el actual contexto se trata de las limitaciones estructurales: falta de conectividad (63), lejanía (40) y escasa organización (22). Esto resulta un dato importante teniendo en cuenta que la gran mayoría de las nuevas reconfiguraciones de la extensión se abocaron a estrategias de conexión virtual.

Cuando se consultó por las principales limitaciones económico-productivas de la población de asistencia, éstas refieren a las Dificultades de acceso a los mercados de venta (ferias) (45); seguido de Dificultades con permisos de circulación (41); Problemas de acceso a insumos (37); Suspensión de la cadena de pagos (35); y Problemas de acceso a la información/beneficios por informalidad (34). Y en menor medida, incapacidad para atender a la demanda (abastecimiento). Es decir que las dificultades se encuentran en aquellos que participan de canales alternativos de comercialización sobre todo por el cierre de ferias, lo cual también se profundiza por la falta de acceso a los permisos de circulación que probablemente hayan limitado “las compras a campo”, canal principal de venta de la producción. Esta serie de problemas puede graficar las principales características de los sujetos de asistencia puesto que en su mayoría dependen de canales alternativos de comercialización, siendo las ferias los principales ejes de trabajo. Cabe destacar que la incapacidad de atender a la demanda de alimentos no ha tenido demasiada relevancia, según los encuestados.

En base a los resultados del relevamiento rápido, a continuación, se presentan algunos datos resonantes producto de la situación de la extensión rural en Mendoza y que brindan indicios de los nuevos desafíos que tendrán los sistemas públicos de extensión de cara a los escenarios post-pandemia.

Desafíos en torno a las nuevas tecnologías de la información y comunicación en tiempos de COVID-19 y el aumento de la vulnerabilidad en amplios sectores de productores. 

En primer lugar, asociado a la tecnología, se evidencian numerosos productores y zonas que carecen de acceso a Internet y computadoras en el hogar. Se visualiza cómo rápidamente la centralidad de la tarea del extensionista ha pasado del contacto directo con el productor al manejo y acceso de tecnologías virtuales, pero cuyos destinatarios poseen severas limitaciones de acceso a dichas tecnologías. En este sentido, surgen grandes preguntas sobre si la extensión remota puede servir a muchos productores y campesinos con acceso restringido a internet y con racionalidades ajenas a lo digital. Interesa en ese sentido mencionar las advertencias de Klein (2020)[2], quien indica que, aunque no hay dudas sobre que la capacidad de realizar teleconferencias ha sido un salvavidas en este período de pandemia, también se plantea serios interrogantes sobre las escasas regulaciones y acceso público de estas tecnologías, asi como las consecuencias menos humanas frente a la pérdida del encuentro cara a cara como principal tecnología social que, entre otros, disponen los extensionistas.

Aquí caben datos relevados por la CEPAL (2020) sobre los impactos socioeconómico derivados de la crisis sanitaria global que evidencian un aumento de la pobreza y la pobreza extrema, que reflejan la matriz de la desigualdad en América Latina. Ante las grandes brechas históricas, la pandemia ha agravado la situación en poblaciones vulnerables tales como trabajadores informales, población rural y pueblos indígenas, también ampliamente presentes en la ruralidad. Y en este sentido, otro dato sobresaliente es el desempleo, indicado como factor de vulnerabilidad por su alto porcentaje de informalidad. Vale recordar que las grandes reestructuraciones recientes del agro han obligado a muchas familias de pequeños y medianos productores a incurrir en la pluriactividad para solventar su reproducción. Por tanto, si bien el sector alimentario es considerado esencial para la gran mayoría de los gobiernos, si las medidas restrictivas continúan, se acentuará el impacto económico en estos sujetos.

Finalmente, teniendo en cuenta las grandes transformaciones territoriales y la mayor penetración de las lógicas urbanas sobre las rurales (Trpin y López Castro, 2014), encontramos una profundización del proceso de deterioro de las condiciones de vida y emergencia de barrios vulnerables en las áreas rurales y espacios agrícolas periurbanos. Datos que se verifican en esta encuesta respecto al hacinamiento de la población de asistencia y que ponen en evidencia que no alcanza con poner todo el esfuerzo en el aprendizaje remoto, si otras prioridades públicas urgentes como la vivienda y la seguridad social son postergadas.

Principales oportunidades y aportes de los sistemas de extensión en contexto de COVID-19

Para finalizar, rescatamos una oportunidad en relación al acceso a la alimentación, puesto que los encuestados identifican avances en el trabajo sobre Comercialización directa; Promoción del autoconsumo; y una mayor Visibilización del sector agropecuario. Tanto a nivel provincial como en otras regiones de la Argentina (García, et. al., 2020), son los pequeños productores quienes han sostenido la producción de alimentos a través de redes que, mediante el acompañamiento y asistencia del INTA, la SAF y los municipios, establecen canales directos al consumidor.

En este sentido, el mayor aporte del sistema de extensión en este contexto ha sido ser facilitador del vínculo productor-consumidor a través de diversas estrategias de comunicación que permitieron sostener la asistencia y la mediación de la información con nuevos medios (virtuales) e incluso en términos logísticos, aportando movilidad. Ser articulador de diversos actores en territorio, ya sea institucionales, privados y públicos, facilitado por la trayectoria y conocimiento del territorio que poseen los técnicos, lo cual les permitió ser más flexibles, poniendo en juego sus redes de contacto. Y finalmente, contribuir a la contención institucional y personal a través de la “presencia” y el “acompañamiento”, pudiendo “llegar” a los lugares más alejados.

Bibliografía

BOSCO PINTO, J. (1984). La Educación de adultos y el desarrollo rural.  En: 7 visiones de la educación de adultos. Crefal. México.

CEPAL. (2020). El desafío social en tiempos del COVID-19. Informe Especial COVID-19 N° 3. Disponible en: https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45527/5/S2000325_es.pdf (20/06/2020)

FAO (2012). Extensión rural con enfoque para la inclusión y el desarrollo rural. Disponible en: http://www.fao.org/family-farming/detail/es/c/337957 (20/06/2020)

FREIRE, P. (1973). ¿Extensión o comunicación? La concientización en el medio rural. Buenos Aires: Siglo XXI.

GARCÍA, F.; IRIARTE V., ISCHIA C., PISCIONE C. y VILLAGRA, C. (2020). Actores y redes territoriales: su aporte en las estrategias de comercialización, comunicación y educación en el contexto por la pandemia COVID-19.  Grupo Desarrollo Territorial, PIT Mar y Sierras. INTA Balcarce. Mayo 2020. Disponible en: https://inta.gob.ar/documentos/actores-y-redes-territoriales-su-aporte-en-las-estrategias-de-comercializacion-comunicacion-y-educacion-en-el-contexto-por-la-pandemia-covid-19 (20/06/2020)

GFRAS- FORO GLOBAL PARA LOS SERVICIOS DE ASESORÍA RURAL. (2012). El «Nuevo Extensionista»: Roles, Estrategias y Capacidades para Fortalecer los Servicios de Extensión y Asesoría. Noviembre, 2012. Págs. 24. 

Klein, N. (2020). Distopía de alta tecnología: la receta que se gesta en Nueva York para el post-coronavirus. En: https://www.lavaca.org/notas/la-distopia-de-alta-tecnologia-post-coronavirus/?fbclid=IwAR32Vlgx24wLsspwJ9yzuE9EkYG_-72WIDGeXSRTm32QGbmekZupLZIeMQs (20/06/2020)

TRPIN,V. y LÓPEZ CASTRO, N. (2014). Estudios sociales sobre la estructura agraria de la Argentina (2000-2014). En Álvarez Leguizamón, S.; AriasTerra, A.; Muñíz, L. (Coord.) (Ed.), Estudios sobre la estructura social en la Argentina contemporánea (1a ed, pp. 215–333). CODESOC. - Consejo de Deca- nos de Facultades de Ciencias Sociales y Humanas. PISAC-Programa de Investigación sobre la Sociedad Argentina Contemporánea.

Notas:

[1] Cantidad de respuestas.

[2] Aparece un nuevo consenso, un “Screen New Deal” (Klein, 2020) que se podría traducir como el “nuevo acuerdo de las pantallas”, sobre una nueva era de la tecnología donde muchos servicios públicos, salud, educación – y los mismos servicios de extensión y asistencia técnica - se encuentran mediados y subordinados a actividades no presenciales y virtuales, desarrolladas y concentradas en algunas pocas corporaciones transnacionales.