Economía, trabajo y producción

El papel del Estado en torno a las pymes industriales: un análisis desde la economía regional pos crisis 2001

Introducción

A partir del año 2002, la reversión del ciclo recesivo (1998-2001), evidenciado con mayor fuerza en los años 2003 y 2004, propició el resurgimiento de la actividad económica en las pymes industriales. Distintos factores asociados con el fin de la convertibilidad y el escenario internacional favorable, sobre todo para países exportadores de commodities, estimularon una reactivación económica cuyo efecto expansivo llegó hasta el año 2007. Al interior de este periodo de crecimiento, el desenvolvimiento de las pymes industriales se asentó fuertemente en la utilización de la capacidad productiva ociosa y del aumento de la fuerza laboral, gracias a la vinculación con encadenamientos productivos agroexportadores, ampliamente beneficiados por el tipo de cambio de “dólar alto”.

En la estructura productiva mendocina, los agentes productivos pymes representan el 48,8% de las plantas industriales, el 57% del empleo industrial y el 23% de la producción total manufacturera (CIP, 2003[1]). Estas empresas participan en una diversidad de actividades productivas, pero predominan las plantas destinadas a producir alimentos y bebidas respecto a la cantidad de locales. También son relevantes en el tercer sector de importancia económica en la provincia, la fabricación de maquinaria y equipo (59,6% son pymes), y en otros subsectores que no necesariamente ocupan un primer lugar en el valor de producción total de la industria provincial (madera, edición e impresión, productos minerales no metálicos y de metales comunes, textiles, productos del cuero, papel, caucho y plástico, entre otras). También aportan en la fabricación de productos de la refinación del petróleo. El desenvolvimiento de estas unidades productivas durante el periodo de recuperación de la economía, acompañó la dinámica económica y el reacomodamiento del capital pos crisis 2001/2.

Aspectos metodológicos vinculados a la investigación

En la investigación más amplia de la que proceden los resultados presentados en este artículo[2], nos centramos en las estrategias seguidas por los agentes socioproductivos pymes, en tanto nos interesó diferenciar los aspectos que contribuyeron y aquellos que obstaculizaron su dinámica en el periodo 2002-2010. El abordaje de la problemática se basó en el estudio de una serie de casos escogidos de pymes industriales[3], sus relaciones socioproductivas con otros agentes/empresas de la economía regional, con el trabajo y con el Estado. No fue nuestra intención reparar en variables subjetivas que enfatizaran la capacidad diferencial de gestión y toma de decisiones de cada empresa, sino descifrar en estos casos, el particular desempeño experimentado a partir de los cambios ocurridos en el país luego de la crisis.

Como marco general para la comprensión de las estrategias de dichas pymes, estudiamos el desempeño de las subramas y las políticas gubernamentales de índole productivista. Cabe aclarar que no realizamos un análisis de impacto de dichas políticas sobre las pymes, sino en relación con las estrategias desplegadas por éstas problematizamos sobre su vinculación con el Estado-gobierno. Por esta razón, los resultados del análisis tienen un alcance circunscripto a esos casos.

El papel del gobierno provincial en el desenvolvimiento de los sectores productivos pos crisis 2001

Si bien no realizamos un análisis exhaustivo de las medidas económicas implementadas desde el 2002, reparamos en aquellas políticas orientadas a promover el desarrollo de la industria (de qué tipo es el apoyo, qué sectores acompaña/protege y las herramientas utilizadas). Éstas últimas materializadas en el apoyo institucional para actividades concretas (exportación, comercialización, compra de insumos, actualización infraestructura, capacitación, acceso al financiamiento, etc.), ya fuera de aplicación directa (gobierno provincial o nacional) o a través de instituciones públicas o privadas de fomento (fundaciones, asociaciones, institutos, universidades, bancos)[4]. La intención es distinguir la participación del gobierno provincial, en cuanto potencia (a través de la intervención a favor de qué y quiénes) o acompaña la dinámica económica en sintonía con el régimen macroeconómico nacional.

La actuación de estas políticas se visibilizaron a través del desempeño de los sectores económicos y los agentes socioproductivos (empresas), en tanto contribuyeron a las estrategias de ganancia en forma articulada al perfil y la capacidad productiva existente.

Pasado lo más fuerte de la crisis, en la etapa de expansión que comenzó a partir del año 2003, los cambios en los precios relativos, junto con el perfil de la estructura productiva fueron las claves de la dinámica económica posterior en la provincia. El ritmo de crecimiento, expresado en la evolución del producto bruto geográfico (PBG), se asoció a la recuperación global de la economía argentina en conjunto con la capacidad de recuperación de los sectores primarios e industriales. El stock de inversión disponible y las posibilidades de acceso al financiamiento así como la capacidad técnica del sistema productivo resultaron condicionamientos del proceso de reestructuración pos crisis.

Si bien con especificidades intraterritoriales, la deriva seguida en el ámbito provincial acompañó los cambios en el espacio nacional. Éstos resultaron favorables a la producción de bienes (primarios, de exportación o sustitutivos de importaciones), en contraposición a la participación que habían tenido aquellos orientados a los servicios (especialmente financieros) durante la década anterior. Las estrategias de ganancia se asociaron fuertemente a la dinámica del sector agroexportador. Especialmente el subsector productor de granos y oleaginosos, fue el que reaccionó de forma inmediata.  

En Mendoza también se dio un crecimiento de la producción primaria y de las exportaciones ligadas a ella, pero con una fuerte impronta de los sectores tradicionalmente prevalecientes,  vinculados con la explotación de recursos naturales y beneficiados por la variación del  tipo de cambio. La cadena vitivinícola se sumó al auge de exportación, así como los productos de petróleo y la industria de refinación. Aunque en este último caso, presentaron una particularidad dada sobre todo por el aumento de precios del crudo a nivel internacional, y no por un aumento en exploración y explotación. Ciertamente, la agroindustria en general, y la cadena olivícola, del ajo, ciruelas, manzanas y peras, cobraron relevancia económica por los volúmenes y montos exportados. Asociado a la dinámica de estos sectores, la industria metalmecánica se reactivó notoriamente.

Desde la gestión de gobierno provincial, el programa Mendoza Productiva existente desde el año 2005, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo, se planteó como misión disponer de fondos orientados al refuerzo de la competitividad, líneas de financiamiento y, a través del Instituto de Desarrollo Comercial (IDC), programas de diseño de productos y estrategias de comercialización. Con ese fin, funcionó con cuatro subprogramas: promoción de cluster, acceso al financiamiento, infraestructura y formación técnico profesional. Actuó en conjunto con otros organismos en la ejecución del programa provincial de incubadoras de empresas y emprendedurismo, con el objeto de crear valor y propiciar el desarrollo local. La innovación, la generación y acompañamiento de grupos asociativos fue una de sus principales líneas de trabajo[5]. La orientación de estas propuestas fue coincidente con los programas difundidos desde el Ministerio de Economía (MECON), la Secretaria de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional (SEPYME), así como aquellos dirigidos a la búsqueda de inversiones y generación de empleo. En ese sentido, se aprobó la Ley provincial N° 8.019 de atracción de inversiones y promoción del empleo, en conjunto con el programa de sostenimiento del empleo, otorgaron principalmente créditos fiscales a aquellas empresas que incorporaban trabajadores, nuevos emprendimientos y actividades relacionadas con  el desarrollo tecnológico y servicios (sistemas de software, actividades de call centers, web hosting)[6].

La promoción de exportaciones también fue objeto del accionar gubernamental. A través de ProMendoza, entidad público-privada presente desde 1996[7], se promovió la inserción de productos y servicios mendocinos en los mercados internacionales. Desde este organismo se realizaron rondas de negocios inversas (con Colombia, Bolivia, Brasil) y se formaron consorcios de exportación. Ambas gestiones estuvieron orientadas a consolidar nuevos mercados para las empresas locales y contaron con participación de pymes, sobre todo los sectores metalmecánico y agroindustria[8].

En cuanto a la aplicación de las líneas de políticas industriales a nivel provincial, el Instituto de Desarrollo Industrial Tecnológico y de Servicios (IDITS), existente desde el año 2002, actuó como órgano de difusión e intermediador. Como agencia de la SEPYME, realizó periódicamente reuniones informativas de los programas nacionales, asesoró y gestionó líneas de financiamiento (como el Programa de acceso al crédito y competitividad para mipymes- PACC- que facilita el acceso a servicios profesionales de asistencia técnica a través de Aportes No Reembolsables) y presentaciones a concursos para acceder a determinados programas (como el del Fondo Fiduciario de Promoción de la Industria de Software). Otra de las actividades-servicios que llevó a cabo fue facilitar el proceso de certificación de normas de calidad subsidiando el 50% del mismo. También de líneas provinciales de financiamiento, sobre todo a través del Fondo para la Transformación y Crecimiento de Mendoza (FTyC).

Este organismo, el FTyC[9], ofreció líneas de crédito a las actividades y proyectos de inversión radicados en la provincia a tasas de interés más bajas que las del sector privado[10]. Las principales líneas estuvieron orientadas a financiar la compra de capital de trabajo, maquinaria industrial, malla antigranizo, equipos de riego, maquinaria agrícola, también para emprendimientos ganaderos, exportaciones, emprendimientos turísticos y comerciales, tecnologías informáticas, instituciones educativas de gestión privada, taxis y remises, implantación de alfalfa. Además, de líneas estacionales para cosecha y acarreo de uva, fruta, ajo y aceituna; papa semilla, combustible contra heladas, inversión social empresaria para trabajadores migrantes y familia, adquisición de materia prima para agroindustria.

Desde la política provincial fue clara la orientación hacia sectores considerados estratégicos como ámbito de negocios: metalmecánica, agroindustria, industria vitivinícola, construcción, minería y petróleo. En este sentido, se buscó la articulación entre, por ejemplo, la actividad de la construcción y la industria metalmecánica, con otras políticas gubernamentales, como la construcción de viviendas (Instituto Provincial de la Vivienda)[11].  El IDITS como mediador en la ejecución de estos lineamientos participó en la organización de eventos como las Jornadas Tecnológicas para la Metalmecánica (2009 y 2011)[12] en coordinación con otros organismos (ASINMET, PROMENDOZA, universidades, entre otros); foros sectoriales, como el  de industrias culturales. Además ofreció capacitaciones en desarrollo de competencias gerenciales, tecnologías de gestión, especialmente orientadas a emprendedores y pymes (junto con las universidades, FONCyT, FONTAR, INTI[13]). En este aspecto, el IDITS se constituyó como Unidad Certificadora de Competencias Laborales del Sector Metalmecánico en Mendoza, con aval de ASIMRA, UOM y ASINMET (en 2010 cumplieron con la 3º etapa de certificación que incluyó a 130 operarios).

En cuanto a la política monetaria, la provincia tuvo un escaso control (por no decir nulo) sobre las variaciones monetarias y financieras considerando la sujeción a las disposiciones que le corresponden al Banco Central de la República Argentina. Los efectos sobre la tasa de interés incidieron en el crecimiento de la economía regional, dado que afectaron la disponibilidad de créditos para inversión, montos y costos. La modificación de la tasa de cambio real repercutió en los costos financieros plausibles de asumir, por inversiones en equipamiento, puesta en marcha de las plantas productivas, así como en capital de trabajo requerido en el proceso productivo. Estas condiciones impactaron sobre el comportamiento de la producción en el corto plazo.

Respecto a la política fiscal, estuvo limitada por las posibilidades de financiación del gasto por parte del gobierno provincial. Durante el periodo estudiado, el gasto público creció en términos reales un 17% anual promedio (DNPER, MECON 2010 sobre los datos de la DNCFP). El sesgo expansivo de la política fiscal provincial, al igual que la nacional, se orientó a motorizar la actividad económica a través del gasto en general y la obra pública en particular (reflejado en el sector construcción, por ejemplo). Como consecuencia, el stock de deuda por habitante se incrementó un 33% en pesos y la relación deuda total/ingresos disminuyó (al crecer el gasto público más que los ingresos tuvo un costo de reducción del superávit fiscal provocando en el mediano plazo un desequilibrio fiscal) (DNPER).

El papel del Estado en torno a las pymes: estudio de casos

La política económica nacional de mayor repercusión en la reactivación del sector pyme industrial fue la devaluación, principalmente por la competitividad resultante de la diferencia de precios con el mercado internacional. A partir de lo cual una serie de medidas de índole más localizada tuvo una influencia dispar de acuerdo a las subramas. El ejemplo más claro fue la política de promoción del sector productor de bienes de capital. La reducción en la alícuota del IVA por la compra de bienes de capital como una herramienta de política tributaria y los bonos fiscales para fabricantes de bienes de capital[14]. Ambas medidas alcanzaron a las pymes metalmecánicas.

Entre las medidas vinculadas con el fomento de las exportaciones, aquellas pymes que venden al exterior se vieron beneficiadas por la existencia del reintegro del IVA facturado[15], principalmente a través de compensaciones impositivas. Estos fueron los casos de las pymes de la agroindustria (conservas, dulces y salsas, ajo y vino principalmente). Sin embargo, la efectivización del beneficio presentó importantes demoras. El tiempo de retención de los valores a favor de las empresas, perjudicó los ciclos de producción-valorización en dos sentidos: por el “capital inmovilizado en crédito fiscal” (los montos en ocasiones implicaron la inmovilización del capital de trabajo) y por la complicación que acarrea aparecer como deudor ante la AFIP (para el acceso a créditos, por ejemplo).

En los casos del sector agroindustrial (ajo) y elaboración de café pudieron participar de las actividades que realiza ProMendoza sin poder concretar la apertura de mercado externo. Mientras que en el caso de indumentaria sí lograron generar oportunidades de comercialización con el vecino país de Chile a partir del reintegro de gastos de una misión comercial.

Respecto a los créditos con tasas subsidiadas (líneas nacionales SEPYME o del gobierno provincial a través del  FTyC) y otras medidas de financiación, han repercutido en el incremento de la demanda de productos de las empresas y a través de ayudas directas que han beneficiado a ciertos sectores (comercio, turismo) o nuevos emprendimientos (construcción). Tal es el caso de la pyme dedicada a la preparación de madera y fabricación de vigas para la construcción, la ayuda benefició en forma indirecta a partir de inversiones de terceros. También contribuyeron para la adquisición de maquinaria en las pymes de indumentaria y producción de café.

En relación con políticas directamente orientadas a las pymes[16] o de promoción industrial[17], se presentaron limitaciones básicas como el cupo (cantidad de beneficios por región y sector), el desconocimiento y la falta de información, además de la falta de credibilidad en las formas de acceso y de hacer efectivos los beneficios. Hubo casos en que avanzaron en la aprobación del financiamiento, obteniendo el beneficio (caso olivícola y café) y otros en que fracasó finalmente la inversión en una nueva planta porque no se concretó la liberación de fondos. La gestión y el proceso de presentación y seguimiento, los contactos y la vinculación con referentes también fueron señalados como condicionantes.

Los requisitos y trámites de acceso al beneficio a veces son inalcanzables para las pymes, como la lógica de presentación de proyectos, fundamental para obtener un crédito sobre todo las líneas del gobierno a tasa diferencial (discurso presidente CAME[18]). Además, los cambios de gestión gubernamental y los periodos de crisis afectan este tipo de apoyos hacia el sector.

En cuanto a la política tributaria y fiscal, no se registraron grandes cambios, sino que las disposiciones existentes se han mantenido sin diferenciar por motivo de las transacciones o tamaño de las empresas contribuyentes. Esto es en el caso del impuesto al cheque y el impuesto a   las ganancias.

Entre los problemas de fondo que aparecieron al indagar en la dinámica de las pymes y su relación con las políticas de gobierno de largo plazo, afloraron cuestiones estructurales como el abastecimiento de energía para la producción (eléctrica y gas).  Clara expresión de la falta de inversión en dichos ámbitos ocasionó paros en los ciclos de producción en la agroindustria y elaboración/reciclado de plásticos.

Problemas de carácter coyuntural, por cambios en las regulaciones, fueron cruciales para el posicionamiento de este tipo de empresas. La introducción de las licencias automáticas para importaciones en un caso y las trabas administrativas para la importación de bienes de capital en otro. Tales fueron las situaciones que afrontaron en indumentaria para la importación de insumos y la imprenta para la adquisición de maquinaria. El problema central fueron los plazos para concretar los intercambios: más de 180 días en el primer caso y hasta 9 meses en el segundo. Si bien este tipo de medidas buscó restringir las importaciones como modo de regular la competencia en el espacio nacional, la efectividad para el caso de las pequeñas industrias en un corto plazo resultó dudosa respecto a qué o quiénes terminó beneficiando.

Reflexión final

Las políticas provinciales planteadas a la salida de la crisis y en relación con el objetivo de reactivar el tejido industrial, exhibieron el acoplamiento con las medidas a nivel nacional. Los pilares sobre los que se sostuvo la política económica se asentaron sobre el superávit primario y comercial, y el mantenimiento del tipo de cambio de dólar alto (con efectos positivos sobre la industria local por lo menos hasta el año estudiado – 2010).

Las tendencias que marcaron el apoyo a la industria y los agentes socioproductivos provinciales, en conjunto perfilaron una intervención inclinada a acompañar el efecto expansivo del crecimiento económico, sin propiciar grandes transformaciones. Algunas puntas respecto a la promoción diferenciada por tipo/tamaño de las empresas, en general llevaron al afianzamiento de las actividades radicadas en la provincia, donde como planteamos existe una importante presencia y dispersión de pymes. 

Las actividades de capacitación, asesoramiento en elaboración de proyectos de inversión, de innovación o mejoramiento de las plantas productivas, así como aquellas orientadas a favorecer su inserción en el mercado interno (por ejemplo, certificación de normas de calidad) e internacional (rondas de negocio, promoción de productos, contactos) alcanzaron a las pymes industriales interesadas en participar en este tipo de prácticas. Aquí jugó (y juega) un papel importante la difusión de los programas y líneas de trabajo, así como de las formas de acceso, para que trasciendan el circuito más concentrado y dinámico hasta alcanzar las diversas áreas industriales asentadas en la geografía local. El alcance de las líneas de financiamiento y sus condicionamientos determinaron el carácter expansivo u acotado que pudieron tener. El presentarse a tiempo a las convocatorias, cumplir con los requisitos exigidos y contar con el asesoramiento para elaborar la propuesta, así como con la disponibilidad de tiempo y garantías fueron aspectos decisivos.

Referencias y fuentes

www.idits.org.ar

www.mendoza.gov.ar

www.economia.mendoza.gov.ar

www.promendoza.com

www.observatoriopyme.org.ar

www.bolsamza.com.ar

www.ieral.org 

Listado de abreviaturas

AFIP -  Administración Federal de Ingresos Públicos

ASIMRA - Asociación de Supervisores de la Industria Metalmecánica de la República Argentina

ASINMET - Asociación de Industriales Metalúrgicos de Mendoza

CAME  - Confederación General de la Mediana Empresa

CIP  - Censo Industrial Provincial

DEIE – Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas

DNCFP -  Dirección Nacional de Coordinación Fiscal con las Provincias

DNPER – Dirección Nacional de Programación Económica Regional

FONCyT - Fondo para la Investigación Científica y Tecnológica

FONTAR - Fondo Tecnológico Argentino

FTyC - Fondo para la Transformación y Crecimiento de Mendoza

IDC  -  Instituto de Desarrollo Comercial

IDITS - Instituto de Desarrollo Industrial Tecnológico y de Servicios

INTI - Instituto Nacional de Tecnología Industrial

MECON - Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

SEPYME  - Secretaria de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional

UNCUYO - Universidad Nacional de Cuyo

UCIM - Unión Comercial e Industrial de Mendoza

UOM – Unión Obrera Metalúrgica

[1] Este dato se podrá actualizar a partir del Censo Industrial que se está realizando en la actualidad - DEIE. Pero según información del Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial (consultar en http://www.trabajo.gob.ar/left/estadisticas/oede/index.asp) del universo de empresas del sector privado con más de 10 empleados registrados en la industria, el 40,8% son pymes (IV trimestre de 2010).

[2] Tesis de Doctorado titulada “La Argentina entre el “modelo de valorización financiera” y el “modelo de dólar alto”: el desenvolvimiento de las pymes industriales, estrategias de reproducción y trabajo con referencia a la provincia de Mendoza. Un análisis desde la sociología económica”, Doctorado en Ciencias Sociales, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNCuyo. Año 2013.

[3] Los datos fueron construidos a partir de una serie de entrevistas realizadas a referentes de empresas seleccionadas de acuerdo a la caracterización preliminar de la estructura productiva de la provincia (análisis estadístico del Censo Industrial Provincial, 2003). La selección se basó en el predominio de pymes por subrama y el distinto nivel de complejidad en sus procesos productivos: vitivinícola, metalmecánica, alimenticia (dulces, conservas y salsas, café, ajo, aceite de oliva); fabricación de aberturas y muebles en madera, aluminio y chapa; indumentaria, plásticos e impresión y edición –gráfica-. Además por: cantidad de ocupados (entre 6 y 120 empleados), monto de facturación anual (entre $700 mil a $5 millones -valores de 2008/9). Para mayor detalle sobre las decisiones metodológicas seguidas en la investigación (selección de los casos, proceso de recolección y análisis) remitimos al capítulo I, apartado metodológico de la tesis mencionada.

[4] Más adelante se vincula con el desenvolvimiento económico de las pymes, concretamente la incidencia en las estrategias de reproducción seguidas por éstas (de entrevistas, según la perspectiva de los empresarios, referentes del sector y del gobierno).

[5] Como resultado del programa de Desarrollo de Clusters se conformó la Iniciativa Cordillerana Textil: 3 empresas comercializadoras, 1 marca común, taller central con trabajadores que pertenecían a entre 11 y 12 talleres informales, además generaron 8-9 puestos de trabajo estables con un subsidio de 120 mil pesos. Durante el año 2008 los grupos asociativos de Mendoza, beneficiarios del Programa de Desarrollo de Complejos Productivos Regionales, fueron: GEAM, Grupo Empresario Aeronáutico de Mendoza; IMA, Industrias Mendocinas Metalmecánicas Asociadas, orientado a sector vitivinícola y alimentación (debilidad escala); GEA grupo energético mendocino; Productores de Damascos de San Rafael: minifundistas que buscan comercializar en conjunto; Mendoza Software Factory existente desde 2004.

[6] El art. 4 de la ley mencionada establece: “En los casos en que los contribuyentes del Impuesto sobre los Ingresos Brutos radicados en la Provincia de Mendoza efectúen incorporaciones de personal durante el ejercicio fiscal 2009 podrán acogerse al beneficio de un crédito fiscal por un valor equivalente a las contribuciones patronales a la Seguridad Social, a las Obras Sociales y a las Aseguradoras de Riesgo de Trabajo por la incorporación de personal a la nómina mencionada”.

[7] Resultado de la unión del Gobierno de Mendoza, la Unión Comercial e Industrial de Mendoza (UCIM), la Bolsa de Comercio y la Federación Económica de Mendoza. http://promendoza.com

[8] Entrevista a referente de UCIM.

[9] En 1993 se crea este fondo de crédito por medio de la Ley Nº 6.071, denominado “Fondo de Financiamiento de Inversiones Privadas para la Transformación y Crecimiento Socioeconómico de la Provincia de Mendoza” http://www.ftyc.com.ar/ (17/11/2011), dependiente del Ministerio de Economía del Gobierno de Mendoza (en sus distintas denominaciones).

[10] Para todas las líneas se presentan garantías hipotecaria (1,5% del monto solicitado) o prendaria (2%),  y los plazos de pago cuentan con un año de gracia en la mayoría de las líneas de crédito, durante el cual sólo se pagan los intereses (entrevista referente FTyC).

[11] Los ejes del plan estratégico definido fueron: especialización productiva, desarrollo del mercado interno a la par con la internacionalización, actualización tecnológica, evaluación de objetivos y capacitación (Gobierno de Mendoza).

[12] En el marco de las Expometalmecánicas que se realizan cada dos años, se proponen talleres y conferencias de desarrollo  tecnológico e innovación, materiales y sus tratamientos, tecnologías de gestión; o seminarios de oportunidades de negocios, exportaciones y análisis sectoriales de la industria local.

[13] FONCyT es el fondo para la investigación científica y tecnológica; el FONTAR es el fondo tecnológico argentino, ambos pertenecientes al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. El INTI es el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, organismo nacional autárquico existente desde 1957.

[14] La reducción es del 10,5%. Los bonos consisten en el cobro del 14% sobre lo facturado de bienes vendidos al mercado interno, que son bienes de capital. Este bono es transferible o se utiliza para pagos en AFIP.

[15] Recupero del Impuesto al Valor Agregado por exportaciones se reintegra el impuesto facturado. Resolución AFIP.

[16] Las pymes alcanzadas por estos beneficios son aquellas comprendidas en el rango de facturación que establece la Ley N°24.467 (1995) y sus modificatorias; y en la Ley N°25.300 (2000) de fomento para la micro, pequeña y mediana empresa y sus modificatorias. Consultas www.infoleg.gov.ar

[17] Además de las mencionadas, los créditos subsidiados implementados desde Banco Nación – Agencia Pyme - o los créditos a través de Sociedades de Garantía Recíproca, como Cuyo Aval en Mendoza (fuente: foro empresario CAME-FEM taller comisión industria 2009).

[18] Osvaldo Cornide en el día de la industria 1° de septiembre de 2009, Confederacion Argentina de la Mediana Empresa.

Fuente de la imagen: www.infonews.com