Justicia y seguridad

Inseguridad: un análisis desde la estructura social

Introducción

En nuestro país, la inseguridad, desigualdad y pobreza representan problemáticas fundamentales. La inseguridad, particularmente, constituye un problema socioestructural en Latinoamérica y está profundamente relacionada a la influencia socioeconómica que ha tenido el neoliberalismo en la región.  

En el presente trabajo se propone explicar algunas nociones que relacionan directamente al delito con la inseguridad y la inseguridad con la pobreza. Para ello, se proponen argumentos teóricos que permitan reflexionar acerca de la “inseguridad” como un elemento fundamental de la desigualdad social en los espacios urbanos en América Latina, prestando particular atención a la desigualdad territorial generada. En definitiva, se pretende abordar: ¿Qué quiere decir inseguridad y cómo se analiza? ¿Cuál es la relación entre inseguridad y desigualdad social? ¿Cuál es la influencia de la inseguridad en la conformación del espacio social? ¿Qué medidas toma el Estado frente a la inseguridad?

La inseguridad: un sentimiento problemático

“La inseguridad se ha convertido en el centro de las preocupaciones públicas, ámbito en el que compite sólo con la cuestión socioeconómica” (Kessler G., 2011, pág. 9). Hasta el presente, algunas condiciones se han conjugado dándole a la inseguridad gran relevancia. Entre ellas, el crecimiento de las tasas de delitos, la violencia institucional y la falta de confianza en la justicia. Además, en un contexto sociocultural como el actual, posmoderno, la realidad está mejor representada por lo que los medios dicen que es real, que por lo que podría llegar a ser real en términos objetivos o materiales.

Por otro lado, la mayor dificultad del tratamiento social de la inseguridad en Argentina, reside en que “la inseguridad ligada al delito es sobre todo una prenoción sociológica, esto es, una forma de explicar la realidad del sentido común antes que un concepto desarrollado por las ciencias sociales” (Kessler, 2011, pág. 11), lo que en simples palabras quiere decir, que la inseguridad como sentimiento y delito no son lo mismo. Si bien la inseguridad se funda en el delito, muchas veces, aunque las tasas de delitos bajen el sentimiento de inseguridad se mantiene constante o, incluso, aumenta como observamos en los siguientes gráficos:

Fuente: Kessler, G. (2012, pág. 22)

Fuente: Kessler, G. (2012, pág. 30)

En este contexto, el concepto propuesto por Kessler, el “sentimiento de inseguridad” se presenta como una herramienta teórica que nos permite incorporar las percepciones subjetivas de las personas al análisis de la inseguridad como problemática social. Así, la inseguridad se presenta como un hecho social diferenciado con una dinámica y consecuencias sociales distintas al delito. De esta manera, entendemos que delito se define como un hecho objetivo del cual las personas pueden o no ser víctimas, y la inseguridad como “toda amenaza a la integridad física, más que a los bienes, que parecería poder abatirse sobre cualquiera” (Kessler, 2012, pág. 30). En cuanto a las características de este sentimiento a la inseguridad, no se refiere a todos los delitos y, a su vez, aquello que genera inseguridad no necesariamente implica un delito, por ejemplo, el temor que puede provocar un grupo de jóvenes reunidos en una esquina, sin infringir ninguna normativa.

En cuanto a la relación entre desigualdad social y la inseguridad como sentimiento, es necesario considerar la inseguridad en consonancia con la desigualdad territorial, que por un lado la originó el delito, y por otro lado la inseguridad consolidó la fragmentación. Es decir, contemplar que se le teme a zonas específicas del espacio urbano y, a la vez, considerar las figuras del temor al delito como personas que le temen a otras a personas por su clases, geolocalización, edad y/o género.

La inseguridad en el seno de la desigualdad territorial

Para los años `70 el espacio social en América Latina y específicamente en Argentina, se caracterizará por la “primacía urbana, la informalidad laboral y habitacional, y la polarización social del espacio urbano entre centros consolidados y periferias pobres” (Segura, 2017, pág. 21). Al pensar en el proceso de conformación de las ciudades argentinas, es importante considerar ciertos procesos históricos. Las corrientes migratorias europeas entre 1860 y 1930, incitadas por la elite gobernante, que para 1920 habían quintuplicado la población acelerando el proceso de urbanización y motivando el trabajo en la industria. El surgimiento del modelo de industrialización por sustitución de importaciones dominante en América Latina entre 1930 y 1970, lo que promueve intensas corrientes de migraciones internas del campo a la ciudad.

A partir de los años ’90, siguiendo a Segura, la globalización y el neoliberalismo genera “significativos cambios morfológicos de la estructura urbana” que no solo incrementan, sino que también consolidan la pobreza y la desigualdad. Mientras la pobreza sigue una línea de distribución salarial, la desigualdad implica otros aspectos, los cuales se explican fundamentalmente por el patrón de distribución urbana, a partir del cual, por ejemplo, las últimas corrientes migratorias solo logran ubicarse en áreas metropolitanas fragmentadas, reduciendo o estancando sus posibilidades de movilidad social ascendente.

La pobreza está fundada estructuralmente por la desigualdad social. La pobreza, así como la riqueza, en el otro extremo, son las máximas evidencias de la existencia de desigualdad en una sociedad. Técnicamente, el concepto “pobreza” se utiliza para agrupar a las personas y colectivos más desfavorecidos de nuestra sociedad en términos de ingresos o recursos que garanticen una vida sostenible. Aquí, se propone reconocer en la “pobreza” un problema de derechos humanos. Razón por la cual la pobreza se manifiesta en el hambre, la malnutrición, la falta de vivienda digna, el acceso limitado a los servicios, la exclusión social, la falta de participación en general y, principalmente, en la toma de decisiones sobre su propia vida y futuro.

Sin embargo, en el marco del nacimiento de la “nueva pobreza” (1) en Argentina, entre las clases sociales lo simbólico cobra fuerza. Surge el aislamiento de los sectores más altos como una estrategia de distinción de clase y el delito como una situación fundamental entre los sectores más vulnerables. El Estado, frente a semejante crisis económica y social, abandona las explicaciones estructurales de la pobreza para dar fuerza a un discurso y prácticas que imprimen responsabilidades individuales sobre la situación particular de pobreza y exclusión.  Así, “criminalización de la pobreza” implica vigilar a las personas pobres y generar leyes que transformen en delito ciertas prácticas habituales de estos sectores, y a su vez el endurecimiento de los castigos (Torre, 2015).

En este contexto, en el proceso de conformación del espacio urbano en Latinoamérica, la inseguridad se presenta como un fenómeno determinante para comprender la segregación urbana, principalmente expresada en el surgimiento de los barrios privados, como una posibilidad de la clase alta, gracias a su capacidad de apropiación del territorio que les otorga su poder económico y político, mientras que los otros sectores solo se apropian del territorio que les queda disponible.

La segregación urbana se da en dos procesos: 1) Marginación de los sectores más pobres, caracterizados por ser barrios que presentan fuertes carencias socioeconómicas, ambientales y de infraestructura. 2) Auto-exclusión social, del aislamiento de los sectores altos mediante la construcción de conjuntos residenciales cerrados, principalmente en busca de seguridad y status socioeconómico. De esta manera, la ciudad se presenta como un espacio polarizado. Por un lado, está el sector de altos ingresos, quienes residen en barrios privados, que les ofrece hermosos jardines, policía privada, buenos colegios, y principalmente homogeneidad social y cultural. El otro polo, que es mucho más numeroso, está conformado por los sectores más pobres, instalados generalmente en la periferia geográfica cada vez más alejada de los sectores centrales y, por consiguiente, de las posibilidades de ocupación o ingreso. Por último, las clases medias se ubican entre estos dos polos, siendo quienes logran conservar su ubicación en zonas que disponen de los servicios urbanos y brindan mayores posibilidades de acceso, principalmente por distancia y transporte, a los lugares de trabajo.

Las sociedades latinoamericanas actuales se caracterizan por la gran desigualdad social producida por el modelo económico imperante. Además, con el surgimiento del neoliberalismo en la región, la corriente criminalizante de la pobreza se da como una alternativa de solución a la pobreza, como una estrategia del Estado para disimular las tasas, los indicadores. Esto es, justamente, lo que otorga al discurso de la inseguridad, su gran protagonismo en el proceso de fragmentación urbana desde los 90 en nuestro país. Como acabamos de ver, esta desigualdad social encuentra particular expresión en la desigualdad territorial.

Más allá de la criminalización de la pobreza: el fin de los límites territoriales de la inseguridad

Las principales pruebas de esta ampliación de nociones para el análisis de la inseguridad, las encontramos en algunas políticas adoptadas por las gestiones provinciales de Mendoza, que pasaron de plantear, en aproximadamente 10 años, mapas del delito, a un código contravencional y mayor cantidad de cárceles. Esto, deja en claro que, para las fuerzas gobernantes, hoy por hoy “la guerra contra la inseguridad” no tiene que ver únicamente con resguardar o integrar una zona específica, sino también con poner en la mira a todas aquellas personas que infrinjan una normativa y sean denunciadas, como lo plantea la última reforma del Código de Faltas de la provincia, lo que puede observarse como una clara intención de ampliar cada vez más el estado penal.

Retomando el concepto de “sentimiento de inseguridad”, Kessler propone ir un poco más allá para explicar la retroalimentación de la inseguridad como problemática social. Plantea la “deslocalización del peligro” (Kessler, 2012, pág. 30 y 31), es decir, la ruptura de esos límites territoriales del peligro, a los que se le teme. Es decir que el temor al delito no solo se sentiría en aquellas zonas inseguras, sino que el temor al delito también lo generarían determinadas personas para personas también específicas.

La “pluralización de las figuras del temor”, plantea una ampliación a la perspectiva de la criminalización de la pobreza, es decir que las figuras del temor no se concentran únicamente en las figuras más estigmatizadas, como jóvenes de sectores populares. Para los jóvenes de sectores populares esta figura se concentra principalmente en guardias privados de seguridad y Policía; en mujeres de sectores populares la figura está representada por agresores sexuales; en el noroeste, mujeres de sectores populares, le temen a los delitos de trata de personas; y en Buenos Aires, en sectores medios-altos, a las “figuras que antes no existían”, figuras de marginalidad urbana: cartoneros, limpiavidrios y mendigos. Aunque los sectores medios también le temen a la policía y a guardias privados (Kessler G. 2010).

Lo dicho anteriormente parece positivo, ya que la estigmatización de la pobreza dejaría de estar en el centro de los discursos que fundamentan la inseguridad y la desigualdad territorial y por ende social. Sin embargo, esto implica una ampliación del estado penal sustentada en el populismo punitivo, que promueve una gestión de la inseguridad basada principalmente en el poder de policía, lo que explica la situación de que las clases altas le teman a las figuras desconocidas relacionadas con la pobreza, las clases bajas a la policía y las clases medias a ambas figuras.

Como ya se planteó al principio, la situación actual de la inseguridad ha cambiado. En la época de surgimiento del neoliberalismo, la criminalización de la pobreza se encontraba en el centro argumentativo de la gestión de la inseguridad por parte del Estado y, a su vez, la inseguridad contaba con una correlación concreta con las tasas de delito. A partir del gráfico 1, podemos analizar que en el año 2002 las tasas de delito encuentran su pico máximo y que a partir del año 2003 estas tasas comienzan a bajar. Esto encuentra relación con el descenso de la tasa de desocupación (gráfico 2), lo que podría inferirse como un indicador de descenso también de la pobreza. Sin embargo, la inseguridad continúa siendo un problema social fundamental para los países latinoamericanos y Argentina particularmente. Siguiendo a Kessler, esto respondería a una ineficiencia en la gestión de la inseguridad por parte del Estado, concentrada fundamentalmente en lógicas punitivas, como lo demuestra la gran relevancia y priorización que se le otorga a las agencias de seguridad, a la policía, y por otro lado no se atiende la “carencia de cuadros técnicos” (Kessler, 2014). Ante esta situación, Kessler, además, destaca la gran acumulación de conocimiento, la ampliación de líneas de investigación y la creciente participación de jóvenes que se ha producido referido al tema en el campo académico y científico. Además, destaca como una de las problemáticas principales de la gestión de la inseguridad, la falta de comunicación entre la gestión pública y todo ese conocimiento, no como responsabilidad de la academia sino del Estado.

Por otro lado, reconoce también la influencia del mercado de la inseguridad, no solo representado por la comercialización de dispositivos electrónicos del control de la inseguridad como alarmas y cámaras, sino también de armas (para sostener justamente las lógicas punitivas). En este aspecto es importante tener en cuenta, dirá, los vínculos que se generan entre los empresarios multinacionales de la inseguridad, los medios de comunicación y los políticos.

Según nuestra perspectiva esto no tiene que ver con la ineficiencia o incapacidad del Estado a la hora de plantear alternativas de resolución de la inseguridad. Se propone tener en cuenta las intenciones y las voluntades gobernantes detrás de las gestiones que se realizan frente a la inseguridad como problema social.

Conclusión

La “inseguridad” en Latinoamérica surge como una problemática social atada al neoliberalismo como proceso sociohistórico. Esto determina que, en el surgimiento del concepto, la inseguridad haya estado relacionada al delito como lo mismo. Sin embargo, para el análisis actual y desarrollo de políticas públicas en torno a la inseguridad, resulta necesario reconocer el sentimiento de la inseguridad como un fenómeno distinto al delito. Mientras el delito es un hecho objetivo, cuantificable fácilmente, el sentimiento de inseguridad es una percepción subjetiva. Por ende, a la hora de gestionar la inseguridad, resulta fundamental considerar que no se debería atacar el delito, sino trabajar en base al sentimiento o sensación de las personas.

La inseguridad genera desigualdad social, manifestada en la desigualdad territorial mediante la segregación residencial. Pero el sentimiento de inseguridad además rompe con los límites territoriales: ahora no se le teme solo a las zonas, se le teme también a las “figuras del temor”. A partir de esto entendemos que la importancia conceptual del “sentimiento de inseguridad” no solo permite diferenciar delito de inseguridad, sino que además nos permite ver que la inseguridad es un factor determinante de las desigualdades sociales, no solo en términos de desigualdad territorial y de exclusión de las clases bajas, ya que el populismo punitivo en última instancia justifica el encarcelamiento como mecanismo de control del delito y a su vez sostiene y amplía la noción de criminalización de la pobreza para justificar la actuación del Estado, como un respuesta a los supuestos riesgos de la  inseguridad.

La relación entre inseguridad y desigualdad, existe desde el primer momento. Sus principales efectos tuvieron que ver con la segregación urbana de las ciudades latinoamericanas y, en la actualidad, tienen que ver con el fortalecimiento de los argumentos punitivos y el fortalecimiento de una industria sustentada en el temor al delito, lo que es facilitado por los lazos políticos generados entre el Estado y las empresas.

La importancia de reconocer las características de la relación entre inseguridad y desigualdad en América Latina, presenta las claves para pensar diferentes políticas públicas que permitan encarar esta problemática. Atendiendo, no solo la segregación urbana, sino también y, fundamentalmente, a la estigmatización sobre las figuras del temor.

Se trata de pasar de un enfoque punitivo, a otro democrático y participativo, basado en la innovación ciudadana, la creatividad y vinculación con el sector científico/académico y el privado. A partir del cual, el Estado adopte una estrategia de planeamiento urbano, la cual mediante obra pública, programas y proyectos, promuevan “espacios para el encuentro, la ciudadanía y la solidaridad” (Duque Franco, 2015), que planteen una verdadera democratización de la producción y consumo cultural para todos los sectores sociales.

Notas

(1). “Nueva pobreza, o “nuevos pobres” (G. Kessler y M. Di Virgilio, 2008). Concepto acuñado por Gabriel Kessler para distinguir a la pobreza causada en Argentina a partir de la hiperinflación de los años 80 y los altos índices de desempleo de los años 90.

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