Justicia y seguridad

Los jóvenes en conflicto con la ley

La violencia es un campo de estudios que presenta complejidades. En este estudio se considera que la violencia tiene diferentes formas y puede ser abordada desde distintos ángulos que implican una posición teórica e ideológica que conlleva a debates posteriores y, más aún, a representaciones subjetivas sobre la misma.

La violencia implica la configuración de un hecho social, de un proceso social que adquiere connotaciones particulares al expresar la relación social, económica, política y cultural entre quien ejerce la violencia y el destinatario/a en el contexto estudiado en un momento determinado.

Este estudio se focaliza la relación entre violencia, seguridad pública y jóvenes en la provincia de Mendoza en los últimos años. Su particularidad radica en que su unidad de análisis son los jóvenes en conflicto con la ley, la representación que ellos tienen sobre la violencia, la política del Estado para con ellos, y el contexto socioeconómico, institucional, cultural en el cual se ha desarrollado la violencia.

Violencia, seguridad pública y los jóvenes

La violencia, la seguridad pública y los jóvenes en conflicto con la ley constituyen un fenómeno para comprender relacionalmente.  Esta comprensión del fenómeno (que constituye un problema no sólo de investigación sino también de gestión  de políticas públicas) intenta ir  más allá de análisis micro o macro. 

Para abordar la “violencia social” y la relación entre violencia, seguridad pública y jóvenes en conflicto con la ley, este estudio se basó en las siguientes dimensiones: la dimensión estructural, la institucional y la simbólica.

La dimensión estructural de la violencia refiere a aquellos aspectos estructurales de nuestra sociedad que en los últimos 20 años han provocado modificaciones en la relación violencia-seguridad pública y jóvenes en conflicto con la ley. Esta definición es tautológica.  Por ello, repasaremos los aspectos sobresalientes de las reformas económicas y estructurales del Estado, la influencia y desarrollo de la violencia en el ámbito familiar, el aumento del delito y sensación de inseguridad subjetiva plasmada en el tejido social.

En cuanto a la dimensión institucional se refiere a cómo impactan las prácticas de los actores de algunas instituciones en la producción, reproducción de la violencia. Sobre todo se centrara en algunas instituciones de control social como la justicia, la policía, el sistema penitenciario, las instituciones para jóvenes en conflicto con la ley.

Por último, interesa conocer y comprender la representación social sobre actos violentos o actores: quién es violento, la magnitud de la violencia, qué factores coadyuvan en la construcción de la representación que tienen los jóvenes en conflicto con la ley sobre la violencia.  

Los jóvenes en conflictos con la ley son un fenómeno social

El mercado de trabajo excluye, discrimina, ya no conforma ese núcleo alrededor del cual se conformaba una familia basada en el esfuerzo, o valores como el respeto y dignidad. Familias transgresoras y tradicionales son la referencia de los jóvenes en conflicto con la ley, las que guardan algunas similitudes en torno a los factores de riesgo: inicio temprano en el consumo de drogas, vivir en lugares conflictivos y vulnerabilidad socio-económica, dificultad para reconocer figuras que implican autoridad, carencia de expectativas, no se desarrolla un sentimiento de culpa o de sentirse responsable por algo, por alguien.

Los  factores de riesgo no son privativos sólo de las familias de menores recursos y en las cuales se originan los delitos violentos. Son familias vulnerables, pero también es significativa la relación entre desigualdad y violencia, relacionada con la posibilidad de acceso al consumo (en primer lugar el consumo de droga como manifiestan los jóvenes). Con una lectura cuantitativa esto se desarrolla en la cantidad de delitos distribuidos por estrato social. El desempleo alcanza picos en los años 2002 y 2003 y los delitos violentos cometidos por jóvenes menores de 18 años alcanzan su pico en el año 2001-2002 y en 2004 se registra la mayor cantidad de homicidios.

Actualmente, las tasas de desempleo e indigencia han bajado desde 2005, sin embargo la población empobrecida continúa siéndolo ya que la inclusión no ha seguido la misma tendencia y los empleos pedidos exigen el desarrollo de capacidades, habilidades y conocimientos específicos al que sólo algunos jóvenes pueden acceder.

Asociar el delito violento a la pobreza-indigencia nos coloca en una paradoja: desde lo objetivo podemos afirmar que el delito violento ha disminuido —aunque no en la misma proporción que los niveles de pobreza e indigencia—; y desde lo subjetivo la violencia aún sigue presente en la comisión de hechos delictivos y en la percepción de los delitos.

En este sentido, también observamos que si bien los jóvenes menores de 17 años participan en la comisión de delitos violentos, la mayoría de los delitos son llevados a cabo por mayores de 18 años.

Las encuestas de victimización pueden completar y dar significado a la dimensión subjetiva de la seguridad. La encuesta realizada en el 2000 arrojó un 60% de inseguridad subjetiva (Ministerio de Seguridad y Justicia de la provincia de Mendoza), y una encuesta realizada en 2007 arroja una sensación de inseguridad del 54%, la cual es mayor a la victimización real (PAV 065-datos expuestos Congreso Interoceánico, 2007).

Las instituciones también exponen a situaciones de violencia. De lo que dicen los jóvenes se desprende el control que ejerce la policía sobre ellos, la connivencia en algunas actividades delictivas, la escasa credibilidad en jueces y fiscales.         

La práctica delictiva violenta es resultado de la relación entre lo objetivo y lo subjetivo y de ésta se desprenden los   factores que construyen la violencia. Lo objetivo en cuanto expresión de las condiciones materiales de vida, relaciones familiares, lugar donde se reside. Lo subjetivo como conformación de la identidad alrededor del delito o relaciones violentas —con adrenalina— entre los jóvenes, socialización familiar y escolar inmersa en una desvalorización y escaso reconocimiento de la autoridad en familias y escuela, deficiente desarrollo de la responsabilidad, carencia de modelos sociales a seguir, corrupción en las únicas instituciones que ellos identifican —instituciones penales sobre todo—, y lo principal la valoración negativa que hacen de su vida y por ende de la de los demás.

La violencia ha sido definida por los jóvenes como el uso de la fuerza física o psicológica sin límites, acentuado por el consumo de drogas, en momentos en que la víctima se resiste o se toma venganza. La violencia está presente además en las relaciones interpersonales en el barrio, en la escuela y en los lugares de diversión como boliches. El abuso sexual o falta de respeto a mujeres son identificados como un extremo de la violencia. Los jóvenes que cometen delitos violentos tienen entre 18 y 21 años de edad y residen en sectores medios bajos o medios

La dimensión estructural de la violencia social se materializa a partir de los  90´ en las medidas económicas y reformas estructurales implementadas; en las relaciones familiares, comunitarias, escolares y en cifras que dan cuenta del incremento de la criminalidad, el cambio en la modalidad delictiva y también la  edad de quienes cometen delitos.

Esto guarda relación con las respuestas que la justicia da  a quienes se judicializa; las prácticas policiales y la presentación que de la realidad hacen los medios de comunicación estigmatizando a las personas de menores recursos y mas aún a los jóvenes menores de 21 años, la necesidad y justificación de políticas de mano dura y la tipificación de los delitos en violentos y otros.

Son los jóvenes quienes más expuestos se ven en la comisión de delitos violentos, aquellos que se cometen con arma de fuego, inmediatez en la acción sin pensar en consecuencias, agresiones en la vía pública, etc.

Propuestas para políticas públicas

La política de seguridad provincial asentada en los institutos creados cuando se creó el Ministerio de Seguridad debería incluir programas preventivos para jóvenes, políticas sociales inclusivas de niños y adolescentes y la conformación de sistemas simbólicos que produzcan relaciones sociales cuya representación de la sociedad no legitime ni propicie la naturalización de la violencia.

Abordar la problemática de la violencia y del delito violento en jóvenes debería ser relacional, donde se relacionen las estructuras objetivas y subjetivas: los datos son una lectura a complementar por el aspecto cultural simbólico sobre el cual se debería educar y trabajar en términos de prevención.

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