Justicia y seguridad

Tráfico y mercado ilegal de armas en la Argentina

En los últimos años Argentina ha dado pasos importantes en el control del tráfico de armas, cambiando también los paradigmas de abordaje de la problemática e incluyendo nuevos factores en las acciones del gobierno. Esto se ha materializado a través de la adhesión a tratados internacionales y la sanción de nuevas leyes. Aún así, el sistema político argentino sigue presentando una serie de dificultades para el abordaje del control y el tráfico de armas. Gobierno central y gobiernos provinciales intervienen desde los distintos poderes en la sanción de normas, adhesión a normas, y en el diseño y ejecución de políticas, como así también la persecución penal por el incumplimiento de la ley. Por un lado, la distribución de facultades y la información producida entre diferentes agencias impide planificar y coordinar acciones eficientemente. Por otro lado, esta misma fragmentación se produce en la división política entre estado federal y estados provinciales. El resultado es un complejo entramado de agencias y facultades dispersas en una geografía amplia, con poca comunicación y dificultades claras de coordinación de abordajes.

En el año 2004 los datos disponibles del Registro Nacional de Armas (RENAR) indicaban el registro de 1.123.059 armas y 624.735 usuarios individuales de armas de fuego. En ese momento la cantidad de usuarios se había incrementado en un 34% con respecto al año 2000. Actualmente, según un informe enviado en febrero de 2010 por el Ministerio de Justicia al Senado, el RENAR tiene registradas 1.261.758 armas y 817.239 usuarios individuales. Es decir que en los últimos seis años el porcentaje de usuarios individuales se ha incrementado en un 30% y la cantidad de armas en un estimado del 12%. No hay estadísticas fiables sobre la cantidad de armas ilegales que circulan en Argentina, por ello es dificultoso estimar cuál es la proporción de éstas en relación al comercio legal.

Pero en todos los casos el manejo de cifras y porcentajes relativas a la totalidad de usuarios y cantidad de armas registradas debe efectuarse con cautela, ya que estos datos tienden reflejar sólo una porción de las armas y usuarios realmente existentes. Un artículo titulado “Muchas armas legales, y muchas más todavía truchas”, publicado por Carlos Rodríguez en el diario Página/12 el 9 de julio de 2006, da a conocer que por cada arma legal registrada existe al menos una más que circula clandestinamente en el mercado ilegal, es decir que la proporción del comercio legal en la totalidad del mercado de armas es de 50% aproximadamente. Se estima que en la Argentina circulan dos millones y medio de armas.

Las fuentes del mercado ilegal de armas son variadas. Entre las principales se encuentran los robos a arsenales de las fuerzas armadas, depósitos policiales o judiciales, casas de particulares y la venta efectuada ilegalmente por funcionarios corruptos. 

Al parecer, el contrabando ilegal de armas no tendría una importancia significativa en relación a la cantidad total de armas y municiones. Debido a  que Argentina tiene capacidad de abastecer su propio mercado negro de armas, el tráfico se da principalmente  desde nuestro territorio  hacia países limítrofes, especialmente Paraguay y Brasil.

El destino de un arma recién ingresada al circuito ilegal es incierto. Muchas de ellas son revendidas, alquiladas o subalquiladas para ser utilizadas en un hecho puntual o en el contexto de una banda organizada. También pueden terminar en alguna armería clandestina. En muchos casos llegan a manos de ciudadanos comunes que simplemente las adquieren porque son más baratas o porque no están dispuestos a afrontar el tiempo y los costos impuestos por el RENAR. En todos los casos el precio varía dependiendo del historial de utilización y del tipo de armas.

En la frontera de Brasil se han detectado  más de ciento cuarenta puntos de paso ilegal de armas con sus países limítrofes. Es que las zonas de frontera ubicadas al norte de Argentina  están surcadas por ríos y selvas que hacen muy dificultosa la tarea de patrullaje.

Otra realidad es que el contrabando va mutando en función de la represión. En el 2006, ante las medidas represivas por parte de las fuerzas públicas de seguridad de Paraguay y de Brasil, el contrabando de armas  vía Pedro Juan Caballero (localidad que se halla situada a 536 km al noroeste de Asuncion y unida a Ponta Pora, ciudad brasileña con la que componen un solo cono urbano de mas de 200.000 habitantes), se desplazó hacia Paso de los Libres (ciudad argentina de la provincia de Corrientes bicada junto a la frontera brasileña). La principal modalidad de tráfico es el “tráfico hormiga”.

Es posible identificar algunas rutas y posibles patrones de tráfico de armas a partir de algunas investigaciones e informes. El lugar que registra una mayor actividad de tráfico de armas es la frontera de  Argentina con Brasil y Paraguay, en la región de la Triple Frontera, una línea de selva espesa en donde se hallan las ciudades de Foz do Iguazú (Brasil, Estado de Paraná), la Ciudad del Este (Paraguay, Departamento de Alto Paraná) y Puerto Iguazú (Argentina, Provincia de Misiones).

Tanto el tráfico de drogas como el de armas están íntimamente ligados. Ambos pueden ser analizados desde los principios básicos de mercado. Para que uno de ellos tenga lugar es necesario que existan ciertas condiciones, tales como la existencia de un mercado que genere demanda y un entorno de oportunidad y bajo costo. Estos factores suelen confluir en zonas en las que la vulnerabilidad social y necesaria corrupción estatal. La alta vulnerabilidad económica y social de algunas regiones de frontera es aprovechada por grupos para movilizar armas y drogas que fluyen hacia zonas urbanas signadas por la violencia y el dominio territorial de las bandas organizadas. En definitiva, ambas mercancías agravan la situación de violencia e inseguridad de las grandes urbes en un círculo vicioso que parece no tener fin. En un mundo globalizado, nos es posible concebir los grandes negocios tales como las armas, las drogas y el robo de autos por separado. 

En este marco, el objetivo general de la investigación es caracterizar el tráfico y el mercado ilícito de armas en la Argentina y su relación con los procesos económicos y sociales de la región.

Mientras que los objetivos específicos son, en primer lugar, analizar las políticas de control de armas en Argentina. Y por otro lado analizar la dinámica del tráfico de armas hacia y desde los países fronterizos.

Dinámica de procesos sociales vinculados al problema

En este caso, el estudio se centra en el tráfico y el mercado ilícito de armas en Argentina. Particularmente se efectuó un enfoque  sobre la dinámica de procesos sociales vinculados al  problema bajo estudio.

En función de los objetivos de la investigación se  utilizaron las  siguientes técnicas e instrumentos: observación de datos y documentos, análisis de fuentes primarias (archivos, registros, actas, etc.) y de fuentes secundarias (archivos de prensa, reportes, bibliografía). El trabajo también incluyó entrevistas no estructuradas a informantes clave y grupos focales.   

El abordaje  metodológico se efectuó  desde una perspectiva cuantitativa-cualitativa ya que  el énfasis está puesto  fundamentalmente en la descripción, en el lenguaje y en los aspectos micro y meso de la problemática abordada.

Conclusiones

Desde una perspectiva del crimen organizado, es posible detectar vinculaciones en la historia reciente del país entre comercio de armas, comercio de drogas, corrupción institucional, tráfico de mercancías y personas. La nueva normativa y la adopción de acuerdos internacionales están dando herramientas al Estado para abordar más eficientemente el problema.

En términos generales, la Argentina ha sido un exportador de armas hacia mercado ilícito de otros países con algunos casos descubiertos e investigados. Esto ha sido favorecido por su condición de productor como de las ventajas competitivas. Pero el Registro Nacional de Armas ha demostrado respeto a los principios de defensa de los derechos humanos, al detener exportaciones de armas que podrían desviarse hacia países en conflicto (específicamente Bolivia y Honduras). Lo anterior, es un avance destacable en las políticas institucionales.

En cambio, en término de producción y circulación de drogas prohibidas, Argentina es un país consumidor y de tránsito hacia mercados europeos principalmente. En los ámbitos locales, ubicados en grandes ciudades, de venta al menudeo, es posible encontrar una asociación entre los mercados ilícitos de drogas y armas. Sin embargo, no hay registro de zonas completamente controladas por bandas de narcotraficantes armadas sin posibilidad de ingreso de las fuerzas de seguridad, como es el caso en otros países vecinos.

Propuestas

Para el diseño de políticas públicas más efectivas es necesario realizar estudios etnográficos sobre el funcionamiento de los mercados ilícitos en ámbitos urbanos y el rol de las armas para lo cual se recomienda:

●        Generar espacios de estudio y reflexión académico sobre la relación entre la variación de las formas de criminalidad organizada y la utilización de armas de manera ilícita.

●        Jerarquizar el órgano de control de armas en la Argentina, de modo que tenga presupuesto autónomo y rango de secretaría, de acuerdo a las dimensiones y complejidades del problema.

●        Implementar y continuar los programas de desarme voluntario que permitan reducir los excedentes de armas circulantes así como fortalecer la cultura contra la utilización de armas.

●        Fortalecer procesos regionales de articulación de las prácticas de control entre las agencias nacionales y provinciales de los países involucrados, así como la necesaria participación de las organizaciones de la sociedad civil que trabajan por la reducción de la violencia y organizaciones volcadas a la investigación.

●        Impulsar una nueva ley de armas que considere que la tenencia de armas constituye una situación de excepcionalidad y que fortalezca el control.

●        Lograr un compromiso más vigoroso de las instituciones de persecución penal como las fuerzas de seguridad en la investigación y condena de las estructuras criminales que participan en los distintos niveles del tráfico ilícito de armas.

●        Contemplar en la agenda de políticas públicas en materia de seguridad el estudio y abordaje de grupos de niños, niñas y jóvenes afectados por la violencia armada, que socializan en ámbitos de elevada violencia encontrando en mercados ilícitos formas de acceso a recursos y reconocimiento.

●        Estimular los programas educativos oficiales y de la sociedad civil que se ocupan de cultura de paz y de la no utilización de armas de fuego.

●        Definir políticas específicas anticorrupción y fortalecer las oficinas de “asuntos internos” en las fuerzas de seguridad que investigan y detectan ilícitos en el uso de recursos públicos –en nuestro caso, la dotación de armamento y municiones.