ENTREVISTAS // Ambiente y ordenamiento territorial

“El gran reto que tiene la Argentina es pensar en un país federal”

- ¿Qué cambios puede distinguir, en los últimos años, en materia de política social en Argentina?

Yo diría que ha habido cambios significativos en la política social argentina. El país venía de una década del 90 muy crítica, con muchas reformas muy negativas de la política social en el campo de la descentralización de la educación y la salud, con muy poca estrategia sistémica del sector. Esto terminó generando que algunas provincias que tenían buenas políticas propias (Mendoza puede ser un caso de ello) lograban aprovechar esa descentralización, y en las provincias que no las tenían generaba resultados muy perversos dentro de las condiciones de vida de la población. Esto sumado a un proceso creciente de privatización de los fondos de pensiones, una crisis del mercado laboral que generaba un deterioro de la cantidad de jubilados y pensionados que tenía la Argentina, y un número muy grande de población empobrecida o en situación de alta vulnerabilidad.

Este fue un escenario crítico que estalló con fuerza en la crisis social del año 2001. Luego empieza, de alguna manera, a mejorar y a recomponerse en el año 2002 con el gobierno de Duhalde, que afronta una situación de enorme complejidad social, y que el gobierno de Nestor Kirchner y los dos gobiernos de Cristina Fernández tienden a mejorar fortaleciendo las políticas públicas.

Yo creo que en ese sentido Argentina ha mejorado. Tiene en los últimos años algunas políticas públicas muy interesantes como la Asignación Universal por Hijo, Conectar Igualdad, el Plan Sumar (que antes se llamaba Plan Nacer), el esfuerzo fiscal que se está haciendo desde el punto de vista educativo, el reciente programa para jóvenes Progresar, en materia de vivienda para sectores medios el Procrear, es decir, una serie de medidas que yo creo que son buenas e importantes y que requieren mejorarse y fortalecerse.

- ¿Cuáles son los sujetos colectivos que aun se encuentran postergados en la agenda de políticas sociales?

Creo que ha habido buenas políticas, aunque incompletas, en materia de adultos mayores. Sobre todo el área de ingreso de los adultos mayores con el tema de las jubilaciones, que son buenas noticias. Aunque me parece a mí que falta una intervención más amplia de servicios, por ejemplo de cuidado y atención a los adultos mayores, que no se limita simplemente a la cuestión monetaria, sino que requiere servicios de salud y servicios de cuidado más amplios.

También ha habido avances importantes en materia de niñez, también por el lado de transferencia de ingresos. Pero aún cuando hay cosas que mejorar en salud y educación, y en estos grupos poblacionales como son la niñez y los adultos mayores, la gran asignatura pendiente está en lo que son los trabajadores informales.  Argentina ha tenido algunos avances, sobre todo del año 2003 al 2007, en crear puestos de trabajo, una enorme cantidad, y eso es una buena noticia. Pero hay una población que está en la informalidad laboral, gran parte de ellos en una situación precaria. Las cifras oficiales hablan de un 33%, o sea, un tercio de la población económicamente activa sufre las consecuencias.

Esto tiene impacto en el largo plazo porque hay gente que no va a acceder a jubilaciones, según la normativa actual, y eso le va a generar graves problemas cuando sean personas adultas mayores. Y en el presente no tienen acceso a la salud, o tienen menos capacidad de acceso, tienen problemas de ingreso y tienen problemas, por ejemplo, de acceso a licencias.

Un tema central que yo creo que la Argentina ha avanzado muy poco es en materia de cuidados, sobre todo a primera infancia, lo que requiere no solamente transferencias de ingreso, más servicios de cuidado y más educación inicial, sino que las madres trabajadoras puedan acceder a más licencias. El 50% de la población económicamente activa de la Argentina no tiene acceso a licencias, por ser trabajadores informales, monotributistas, etc. La OIT (Organización Internacional del Trabajo) habla de un piso de 98 días para licencias paternales. El empleo privado en Argentina, por la Ley de Contratos de Trabajo, tiene un piso de 90. Es decir que ni siquiera hemos llegado a los 98 días que plantea la OIT.

Además, como está todo el tema de las licencias para trabajadores públicos a nivel provincial, nos encontramos con enormes heterogeneidades. Hay provincias como Tierra del Fuego que tienen 7 meses de licencia maternal, 210 días, y hay provincias que ni siquiera tienen 90 días. Es muy heterogéneo, sobre todo a nivel del empleo público provincial.

- De cara a las elecciones de este año, ¿Cuáles son desafíos que deberá afrontar el nuevo gobierno en cuanto a la política social?

Yo creo que uno de los problemas fundamentales que va a tener que enfrentar es que estas reformas que se hicieron, que algunas han sido muy positivas, se hicieron en un escenario de crecimiento fiscal y de recursos. Eso no va a pasar. Se supone que vienen por lo menos un par de años, el 2016 y el 2017, de restricciones fiscales importantes. Entonces el reto va a ser, con suerte, cómo mantener los derechos que se han adquirido, porque son intervenciones costosas.

Otro desafío, que este gobierno no logró superar, es cómo hacer de este conjunto de buenas medidas una nueva matriz de políticas sociales. Argentina tuvo una matriz de desarrollo social fuertemente asociada al trabajo formal y a los trabajadores formales (seguridad social, obra social, jubilaciones y pensiones, etc.). Esa matriz, por los cambios en el mundo, en la tecnología, en la economía y en la situación laboral argentina, no se puede recomponer. No es que ese 33% de la población económicamente activa que está en la informalidad laboral mañana va a poder conseguir fácilmente empleo formal. Lamentablemente hay que prepararse en un escenario en el que eso no va a suceder. Hay que armar una nueva matriz, y eso implica recursos, pero implica más una visión estratégica que creo que este gobierno, para el tema de la política social, no la tuvo. Tuvo medidas sueltas pero no tuvo un modo más sistémico. Yo creo que eso es una asignatura pendiente, sobre todo, en el gran reto que tiene la Argentina que es pensar en un país federal. Porque no se trata solo de lo que haga o deje de hacer el Estado Nacional sino qué hacen y dejan de hacer las provincias. Si no se da el caso de que hay provincias que lo hacen muy bien y provincias que lo hacen muy mal, y son provincias vecinas. Con solo una frontera de por medio tenemos ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, y eso no se vale desde el punto de vista político y ético.

- ¿Por qué es tan difícil coordinar las políticas económicas con las políticas sociales?

Las dos grandes bisagras entre la política económica y la política social son el sistema tributario (cómo se recauda y qué se gasta) y el mercado laboral. Si uno tiene que mirar cuáles son las interfaces entre el desarrollo económico y el desarrollo social diría que son esas dos.

La verdad es que Argentina ha aumentado su gasto social, pero es un gasto social que tiene problemas en su progresividad. Es decir, es un gasto social muy orientado a la recaudación del IVA, que es un impuesto en algún punto regresivo, porque pagamos todos iguales. Hay poco impuesto a las riquezas, es decir, Argentina tiene un problema grande en la dimensión fiscal y de gasto, que sería la bisagra virtuosa potencialmente entre la política económica y la política social.

Además, como ya hablamos, en el mercado laboral también hay serios problemas porque el modelo económico que tiene Argentina encontró un techo en la posibilidad de generar empleo formal. Lo tuvo en el año 2003 al 2007, sobre todo porque había mucha capacidad ociosa de la economía, pero eso entró en crisis después y cuesta mucho recomponerlo.

- ¿Cómo ve la sustentabilidad de las políticas sociales implementadas por el gobierno de Cristina Fernández?

Hay dos formas de mirar la sustentabilidad: la sustentabilidad financiera y la sustentabilidad política.

En términos de la primera, vamos a encontrarnos con años de crisis fiscal y problemas fiscales aunque creo que no va a haber recortes. Aun ganando un gobierno de centro-derecha, mi hipótesis es que no va a haber recortes en los planes sociales, porque hay mucho para recortar en lo que son los subsidios. Sobre todo en las grandes ciudades, y Buenos Aires es el mejor ejemplo, pagamos muy poco de luz, agua, gas, etc. porque tienen un fuerte subsidio estatal las empresas. Ahí se gastan miles de millones de dólares, y yo creo que ahí va a ser la primera “tijera” que se va a pasar. Con lo cual yo creo que lo social se va a blindar relativamente, entre otras cosas porque son programas importantes, muy masivos pero muy costosos. La AUH implica el 1% del PBI, Argentina gasta el 25% de su PBI en lo social. En lo que más se invierte, que es en seguridad social, son derechos adquiridos. En todo caso se puede congelar las asignaciones pero no se puede dejar de pagar a los jubilados. Argentina lo ha hecho en algún momento pero creo que hoy por hoy sería impensable. Creo que no van a haber grandes cambios.

Lo que no creo que vaya a pasar, lamentablemente, es la profundización de avances que ha habido. O por falta de convicción política ideológica de quienes ganen, o por falta de recursos fiscales, creo que a Argentina le va a costar retomar la senda de la profundización y ampliación de derechos sociales. Eso es una verdadera pena.

- ¿Cuál deber ser aporte o contribución de la Universidad Pública con respecto al Estado?

Yo creo que un desafío que tienen las políticas públicas en general y las políticas sociales en particular es tener como soportes no solamente los recursos presupuestarios y la voluntad política, sino fortalecer sus capacidades técnicas y sus diseños analíticos.

Creo que el rol de la Universidad es doble. Por un lado aportar diagnósticos, propuestas y conocimientos informados, en un ámbito muy plural, porque ese es su rol, después vendrá la clase política que tomará decisiones sobre propuestas que le puedan acercar la Universidad, los centros de estudio y la sociedad civil. Por otro lado, así como tiene que haber del lado de la Universidad un rol bien propositivo, también es bueno que no pierda la perspectiva crítica. Sus estudiantes, profesores e investigadores deben ser capaces de mirar críticamente lo que el Estado hace o deja de hacer, no solamente en el debate retórico ideológico sino con estudios e investigaciones.

Es tan importante el aporte propositivo como el aporte de evaluación, rendición de cuentas, monitoreo y seguimiento. La Universidad Pública tiene prestigio, el respaldo y la capacidad suficiente para hacer esas dos cosas al mismo tiempo.