ENTREVISTAS // Justicia y seguridad

Enrique Font: políticas públicas y análisis criminológico

¿Qué es la coordinación interagencial y cómo funciona?

El concepto precisamente es intervención multiagencial para la prevención del delito, y surge de un sector de la criminología crítica o la nueva criminología. Una formación teórica de fines de los 60 y principios de los 70 que en el contexto inglés, ante las políticas conservadoras de Margaret Tatcher, evalúa que la izquierda no tiene propuestas de política pública en materia de seguridad. Entonces comienza un camino de elaboración de políticas públicas de seguridad progresistas, para confrontar políticamente, en el contexto mencionado, con las políticas de ley y orden o mano dura de Tatcher.

El planteo es muy consistente con la lectura que hace la criminología de las condiciones sociales: apuntando a que el delito es un fenómeno social, vinculado a procesos estructurales (empleo, inclusión social, etc.), y a procesos culturales, que son de una complejidad importante. En ese entendimiento de que el delito y su control son fenómenos sociales complejos, que involucran variables culturales, estructurales, históricas, que se dan de una manera determinada en un tiempo y un lugar, plantean que una buena política de seguridad tendría que tener la capacidad de, según los tipos de delito, abarcar todas estas variables.

Y justamente por lo amplio que es ese menú de variables, la construcción de la multiagencialidad es: si se trata de temas que tienen que ver con el empleo, la inclusión social, el tiempo libre, la vivienda, el diseño urbano, y no sólo con el tema de la intervención policial, el esclarecimiento de delitos y todo lo que hace al sistema penal, tenemos que pensar de qué manera armamos una política que involucre de manera coordinada a las agencias o instituciones, en nuestro caso los tres niveles del Estado y también la sociedad civil, que tienen competencia para cada una de estas variables que están en juego, y una competencia que además sea organizada, y ahí aparece la definición intervención multiagencial para la prevención del delito.

La multiagencialidad no es un invento de la criminología. Esta palabra, que en el contexto argentino la vamos a encontrar más como intersectorialidad, se usa previamente en, por ejemplo, las políticas sociales. Y aparecen en las políticas de prevención del delito multiagenciales buena parte de los problemas que también aparecen en las políticas intersectoriales sociales: las áreas de vacancia donde ninguna agencia se hace responsable de ese nivel de intervención; los lugares donde hay superposiciones en las intervenciones; las situaciones donde las intervenciones son contradictorias, por ejemplo la agencia social dice con los niños que puedan entrar en conflicto con la ley penal hay que trabajar de una manera, que no aumente la exclusión social, y tenés otra agencia, por ejemplo la policía que dice no, hay que detenerlos, procesarlos; entonces tenés conflictos de competencias donde nadie quiere tomarlos, donde los toman varios y mal, o donde incluso los conflictos se dan por abordajes contradictorios.

Entonces el gran desafío de las políticas multiagenciales, en materia de seguridad pero también en las otras, es justamente generar estos espacios de coordinación. Y en un Estado con tres niveles como es el caso de Argentina, eso es aún mucho más complicado porque te obliga a articular Nación, Provincia y Municipio en las intervenciones.

¿Estamos muy lejos de poder trabajar correctamente de esa manera en nuestro país?

Diría que sí, pero más cerca que hace 15 años. En el sentido que, hoy por hoy, hay un reconocimiento en la retórica política, por izquierda, por derecha, progresistas, conservadores, autoritarios, libertarios, como uno quiera armar el esquema, de que la cuestión de la seguridad es un fenómeno complejo, que requiere intervenciones integrales, que no se resuelve sólo con el sistema penal, pero insisto, esto en la retórica política. Hay que ver que en muy poco tiempo hemos salido de planteos que decían “hay que meterle bala a los delincuentes” y todas las experiencias más siniestras de la provincia de Buenos Aires. Hoy en la retórica política hay un acuerdo sobre que es un tema integral, complejo, que tiene que ver con muchas cuestiones.

Ahora, esto es retórica. En la práctica política algunos no tienen vocación ni intención de hacer eso, otros lo limitan. Macri puede coincidir en su retórica política con que es un problema complejo, ahora después lo que va a decir es “hay que urbanizar las villas”, punto. Y no va a ser ni eso siquiera, probablemente.

Y por ahí hay posiciones más socialdemócratas o progresistas en la materia que tienen muchas dificultades a la hora de generar estas políticas, porque no hay una tradición de políticas públicas de seguridad en Argentina. Ese es el problema más grande. Es un tema que, históricamente y hasta hace muy poco tiempo, su conducción, su gestión, estuvo delegada en la institución policial, con todos los problemas que conocemos de malas políticas, corrupción, violencia, etc. Y además porque es injusto exigirle a la institución policial el desarrollo de una política. Sería como si uno pusiese a un cuerpo de enfermería a armar el sistema de salud, no es viable.

¿Esto sucede porque está muy arraigado el concepto de seguridad como control de conflictos en las calles exclusivamente?

Eso es lo que nos quiere hacer creer la derecha, porque cuando uno analiza en detalle  encuestas de victimización que tienen un segmento sobre opinión y percepción, se encuentra con que un porcentaje importante de los encuestados reconoce que las variables como el empleo, el desempleo, la educación, la falta de educación, la inclusión social, el acceso a bienes, etc., es muy significativo a la hora de producir inseguridad.

Si uno agrupa todas estas respuestas se encuentra con que hay un conjunto alto de opiniones respecto de que las variables sociales importan, que son necesarias las reformas policiales, y después queda un segmento muy duro en toda encuesta, pero que nunca ha superado el 16% ó 20%, que pide pena de muerte, mano dura y demás. Pero incluso yo marco una diferencia, porque uno a veces se encuentra con cosas aparentemente contradictoria en los datos cuantitativos, que cuando lo analizamos cualitativamente esa aparente contradicción se desvanece:

Una cosa es la percepción y la opinión social de cuáles son las causas del fenómeno y qué debería hacerse para resolverlo, entonces ahí las variables que hablarían de un abordaje integral tienen cierto peso, o hay una opinión importante a favor. Otra cosa es preguntar qué hay que hacer ante la transgresión en particular y un caso concreto, y ahí aparece sí la lógica más punitiva. Pero no son contradictorias, una está hablando de un fenómeno social y otra está hablando de cómo respondo a un caso concreto. Y es más, ante casos concretos muy duros y con mucha trascendencia esta opinión fluctúa alrededor del castigo, no de las políticas de prevención.

Y hay un convencimiento de que la institución policial en general debe ser reformada, que no funciona bien, que tiene niveles altos de corrupción, que participa en el delito. Con lo cual, para una política pública progresista en seguridad hay oportunidades, hay que empezar a construirla. Yo veo con mucho optimismo el acuerdo de seguridad democrática que se conformó a fines del 2009, porque diría que es la primera vez que estamos reunidos todos los expertos, académicos, gente con experiencia en gestión política, y tiene una red importante donde están representadas todas las universidades que trabajamos en estos temas, organismos de derechos humanos, y la realidad es que enfrente no hay nadie.

No hay nadie que asuma el discurso duro, conservador, de seguridad, creo que hay gente que lo comparte, pero no tienen ni siquiera una formulación discursiva al respecto. Quizás podríamos encontrar a alguno de los funcionarios del gobierno de Macri con una posición de derecha, es bastante razonable, pero a la hora de presentar una propuesta vienen las cuestiones. Lo que digo yo siempre, que es una obviedad, es que los consensos no hay que mirarlos en términos de retórica política, sino ver adónde están los presupuestos, en qué se gasta el dinero público en una política de seguridad. Si el grueso se gasta, como se gasta ahora, en equipamiento policial, circuitos cerrados de televisión, medidas de prevención situacional, cárceles y lo que queda para la intervención propiamente social, que es muy difícil, bueno eso no es una política integral ni multiagencial, es una política más bien punitivista y que va a fracasar.

Pero es un camino a construir, no fue lo mismo la primera reforma de la provincia de Buenos Aires que intentó Arslanián, que la segunda que fue más rica, con más gente, más amplia en su espectro. La experiencia de Mendoza también es una experiencia interesante de reformas y contrarreformas, más en un tono de contrarreforma actualmente, pero la situación es mejor, hay un reconocimiento.

La otra cosa que ha desacreditado mucho a las políticas represivas y de mano dura es que fracasaron, fracasaron sistemáticamente. Lo curioso es que ante cada fracaso lo que piden es más de lo mismo, o sea, no reconocen el fracaso teórico, político y conceptual, sino que “falta más”. Provincia de Buenos Aires es un ejemplo grave de cómo haber abandonado los avances que había hecho la gestión anterior, la de Arslanián, y está generando una situación de casi descontrol en la provincia.

Y después marca cosas interesantes: en todos los partidos políticos, o al menos todos los que tienen chances de gobernar, coexisten tensiones entre enfoques más progresistas y más conservadores en seguridad. Uno no podría identificar un enfoque más progresista con un partido político que con otro. Al interior de los partidos existen tensiones importantes respecto de una mirada tradicional, conservadora, que no quiere aceptar la gobernabilidad dándole autonomía a la institución policial, y miradas más actuales, más conocedoras del fenómeno que dicen esto con gradualidad, con políticas de shock, habrá que elegir los estilos, los momentos y los tiempos políticos, etc.

Pero si a este tema no se le entra políticamente, si no se construye una conducción propiamente política de la institución policial, como hay en las otras áreas de gobierno esto no es ningún misterio, si eso no se hace, si no se modernizan y se profesionalizan las instituciones policiales, si no se reforman los mecanismos de administración de justicia penal que son grandes responsables de los problemas que hay en seguridad, son los que deberían estar investigando criminalidad compleja, en vez de dedicarse al ladrón vulnerable, es muy difícil entrar. Es un escenario de 15 años para adelante, pero creo que se han hecho avances.

¿Todo el sistema está armado, incluso culturalmente, para atacar al ladrón vulnerable, al delincuente menor, y no tanto al crimen organizado?

Pero cuando se hace, socialmente es bien visto. A modo de ejemplo, cuando se hacen políticas de fiscalización sistemática de desarmaderos y comercios del rubro de las autopartes, ahí uno se encuentra lo gigantesco que es el negocio ilegal, donde lo visible es el pibe robando de caño un auto, porque ya los autos son más difíciles de levantar en la calle, porque cambió la edad y el perfil de quien roba autos, y un conjunto de factores.

Pero por fuera de ese momento crítico que es el que tiene repercusión mediática, si uno analiza lo que se encuentra debajo de eso, es que ese auto robado en el conurbano bonaerense, con arma, donde muchas veces tiene fuertes vinculaciones a los homicidios en ocasión de robo, queda enfriándose dos días por si tiene tracking satelital, viene alguien de otro área, porque ni siquiera son piramidales estas organizaciones, a buscar el auto para llevarlo al desarmadero, ahí lo desguasan o lo convierten en otro auto, viene otro nodo de la organización que carga las autopartes y las lleva de una provincia a la otra, viene la red de comercio donde esas autopartes se comercian y un público que las compra sabiendo que si no tienen la oblea está prohibido, son ilegales, vienen de un robo y pueden estar manchadas de sangre.

Cuando se han hecho trabajos, y hay experiencias, en Santa Fe lo hemos hecho, en provincia de Buenos Aires lo ha hecho Marcelo Saín, son muy bien recibidos. Además genera una cosa en términos de lo que es la batalla cultural en materia de seguridad: demostrar que el fenómeno no es un fenómeno de bichos raros que viven en las villas, sino que es un fenómeno que atraviesa a la sociedad en su conjunto. Y lo mismo se puede decir si uno sigue la ruta del lavado del dinero vinculado al narcotráfico, se va a encontrar que en algún punto se junta con el dinero ilegal que evade impuestos de la soja por ejemplo, que los grandes emprendimientos inmobiliarios en muchas ciudades tienen inyección de dinero ilegal y está ahí blanqueado. Esas son las deudas que tiene el poder judicial en materia de seguridad. No meter más gente presa, sino desestructurar organizaciones de cierta complejidad.

Por último ¿Qué opinión le merece, como política pública, la creación del Ministerio de Seguridad de la Nación?

Valioso. Soy funcionario de una provincia en la cual al comienzo de la gestión se creó el Ministerio porque no había. La creación de un Ministerio, que va a ocurrirle a muchas provincias y por fin sucedió en la Nación, es reconocer que es un área compleja que requiere especificidad, que requiere políticas públicas del área y un control político importante, eso implica crear un Ministerio. En el caso del gobierno Nacional creo que también se pagó un precio donde hubo una gestión bastante preocupada por el tema de la seguridad y el control de las fuerzas federales, que fue la primera gestión de Néstor Kirchner. Y en la actual gestión hubo cierto descuido respecto del énfasis que tenía la anterior, y la cosa terminó como termina la autonomía de las instituciones policiales: con dos muertos en la toma del Parque Indoamericano, con comisarías que reportaban políticamente a Macri en lugar del gobierno Nacional, con una cosa extraña con la Policía Metropolitana.

Pero yo creo que fue una decisión acertada, comparto buena parte de las vistas que tienen la ministra Nilda Garré y sus funcionarios. Armaron un equipo con una orientación progresista. Porque también se crean ministerios de seguridad para seguir gestionando la policía y nada más. Esto no es lo que está pasando en la Nación, me parece interesante, pero todavía en varias provincias donde se han creado ministerios de seguridad lo que hacen es darle más autonomía todavía a la institución policial.