ENTREVISTAS // Justicia y seguridad

"Despatriarcalizar la sociedad lleva a poner en jaque muchas de las prácticas institucionales"

  ¿Consideras que los caminos institucionales que recorre una mujer en situación de violencia deben ser simplificados? ¿Por qué?

En el ámbito de lo penal creo es mucho más efectivo que en el año 2015, en relación a los juzgados considero que falta la perspectiva de género, vienen tomando medidas de protección rápido, pero por ejemplo, otras violencias como la económica no la visualizan.  Está muy asociado a que tiene que haber algún golpe para tomar medidas de protección.  Creo eso es lo distinto, cuando ya la violencia se constituye en un delito a cuando se contempla el delito pero también se reconocen otras violencias la económica, la psicológica, etc.

Esto habilita a que desde los Ministerios Públicos puedan tomar medidas como por ejemplo, alimentos urgentes, como una medida de protección. Sin embargo, esto no se piensa así, y son acciones que debería impulsar la Dirección de la Mujer de la Corte, no puede estar todo el tiempo el Ejecutivo impulsando a los juzgados a que actúen medidas si tienen una oficina especializada para poder impulsar eso al interior de su propio poder.  Ha habido una confusión al creer que es responsabilidad del ejecutivo el control de las mismas y no de quienes las otorgan. Es importante que cada quien pueda mirarse cómo está para lograr efectiva articulación.

Estas son algunas de las cuestiones que se van transitando, me parece que el desafío es poder ir logrando que se dé una autonomía de las mujeres, ofrecerle todos los servicios y que sean ellas quienes puedan ir decidiendo qué requieren en cada momento porque demasiadas instituciones sobre interviniendo en una misma persona generan que en el proceso se confundan, confundiéndolas en los mensajes. Siempre recomiendo que la línea de referencia sea la Línea 144 con la cuál trabajamos y puede asesorar y habilitar las intervenciones necesarias.

De todas formas, el Estado es una institución y tiene otras pautas, no podemos operar de la misma manera en que se operaría una organización de la sociedad civil, estamos obligados a hacer otro tipo de intervenciones. Encontrar lo ideal en la práctica institucional es difícil, podemos encontrar la mejor manera, el mejor trato y atender al respeto de los Derechos Humanos, pero no podemos desoír que somos instituciones. Esto tiene su lado negativo pero también su lado positivo, es una construcción diaria porque despatriarcalizar  la sociedad lleva a poner en jaque muchas de las prácticas institucionales, aunque tampoco podemos desentender que somos institución y los procesos tienen sus tiempos pero las instituciones también tienen sus tiempos, siempre hay que lograr la mejor combinación aunque no siempre es la ideal.

¿Desde el área existen líneas de trabajo que propongan simplificarlos?

Si bien esto no depende de esta Dirección. En Febrero de 2017, se inauguró la fiscalía especializada en Violencia de Género y también la reforma del Código Procesal Penal en la Provincia de Mendoza, esto puede ser discutido, pero de alguna manera posibilita algunas detenciones en relación a las reiterancias en delitos donde entran los delitos en el marco de violencia de género.

Estas han permitido tener una mayor efectividad en la sanción en relación a la violencia de Género en el ámbito de lo penal. Ahora por supuesto queda el desafío de lo civil y lo familiar.

¿Cómo trabajan con las áreas municipales?

Ahora estamos realizando un trabajo distinto que tiene que ver con el control de gestión, vamos viendo los legajos y a partir de ahí, vamos dialogando estrategias. La posibilidad de haber descentralizado recursos y luego hacer el control de gestión nos permite hacer sugerencias y recomendaciones en la asistencia.

Tenemos un dialogo fluido, cuando los municipios tienen algún caso complejo inmediatamente se comunican con la Dirección y lo evaluamos de manera conjunta. En esta línea también ofrecemos patrocinio jurídico gratuito, lo que estamos intentando es darle una organicidad porque habían tres contratos afectados y hoy tenemos gente en planta que está afectada al cuerpo de patrocinio y estamos gestionando la coordinación del cuerpo de patrocinio para que figure en nuestro organigrama como cuerpo de patrocinantes. También vamos a firmar convenios para ir extendiéndolos, no hay otras experiencias a nivel nacional, y queremos llevar esta experiencia de patrocinio jurídico gratuito a otras provincias.

También estamos coordinando con los municipios el tema de Campañas de acoso callejero, folletería sobre qué hacer en caso de violencia de Género, el año pasado trabajamos con los centros de Salud, actualizamos el manual de procedimiento en el caso de los efectores sociales y agentes sanitarios. Lo que vamos a seguir profundizando es el diálogo con los hospitales públicos porque ahí llegan las mujeres con alto nivel de riesgo.

¿Esto ha sido implementado mediante un trabajo de articulación con la Dirección de la Mujer?

El  Ministerio Público ha creado la Dirección de Enlace Institucional a cargo de la Dra. Roxana Otori, esta Dirección enlaza a todos los poderes (Judicial, Ejecutivo y sus áreas sociales). A través de este marco, ambas Direcciones presentan líneas de trabajo articuladas. Una de las cuestiones que salieron a través del Ministerio Público es que las mujeres manifestaron que les hacían derivaciones y no sabían para qué, entonces trabajamos conjuntamente con  esta unidad de enlace, con las sociólogas de la oficina y modificamos todo el formato de toma de denuncias de las fiscalías los cuales eran absolutamente revictimizantes, la cambiamos por completo. A su vez exigimos que se brinde toda la información necesaria para acceder a las áreas de la mujer municipales, si necesitan protección o ayuda económica, etc.

También desde la fiscalía, en caso de identificar la puesta en marcha de medidas de protección urgente, llaman en su momento los jueces y toman las medidas de protección. El desafío es ir extendiendo esta experiencia a la provincia porque también en 2016 nos encontramos que no estaba unificado el Código Procesal Penal, en el Gran Mendoza y en el Este funcionaba de una manera y en  Valle de Uco y sur de la provincia de otra. Vamos camino hacia la unificación del mismo para ordenar los mensajes y las prácticas institucionales.

¿A través de qué medios e instrumentos crees que la Universidad, en especial la Pública, puede realizar aportes a esta temática? ¿Cómo definirías su rol?

Hay que trabajar en la transversalidad y en eso apelo a que la Universidad nos acompañe, que cada uno de los Ministerios pueda tener una comisión que evalue, siga y trate de modificar ciertas prácticas institucionales que reproducen las inequidades de género.

En cuanto al RUC (Registro Único de Casos), lo que tiene que ver con el análisis y procesamiento de datos, específicamente en aportes a la temática de inequidad laborar, necesitamos realizar estudios y profundizar en este aspecto.

Por último, este año he pedido que nos acompañen en un desafío importante: el abordaje de varones que ejercen violencia. Necesitamos ayuda en la formación de efectores de salud y en abogados defensores que defienden a victimarios, en este caso concreto es necesario que los abogados recuerden que también deben hacer cumplir función en la erradicación de la violencia hacia las mujeres, cuando indiquen en la defensa tiene que prevalecer el cumplimiento de la ley 26.485 y no abordarlo como un recorte limitado de un caso aislado.

Hasta ahora las respuestas que le hemos dado a los varones es la sanción, esto tiene que ser así, pero es cierto que hay muchas preguntas al respecto, desde el cambio cultural no estamos dando la posibilidad de que entiendan o que puedan dialogar con profesionales en por qué ciertas conductas que han estado naturalizadas son un delito y que tienen que cambiarlas. Esto es para largo, pero tiene que empezar a instrumentarse como política pública.  Tanto en el armado como en el seguimiento y monitoreo la Universidad tiene un rol fundamental.