EVENTO // Economía, trabajo y producción

Fecha y Hora: 04 DE OCTUBRE 2011
En: Aula A de Posgrado (Edificio de Gobierno, Facultad de Ciencias Económicas de la UNCuyo).

Políticas de empleo y evolución del mercado de trabajo en Argentina

La jornada estuvo dividida en cuatro módulos que sirvieron para analizar la problemática del trabajo en Argentina. Estos estuvieron organizados de la siguiente forma: Evolución del mercado de trabajo; Políticas de Empleo; Políticas públicas por períodos; Evaluación de los programas puestos en práctica.

Evolución del mercado de trabajo

Específicamente se analizó la tasa de actividad, empleo, desempleo y subempleo en el período 1974-2001. Las tres épocas sobre las cuales se hizo hincapié para explicar las relaciones salariales fueron la de la convertibilidad, la de la crisis de 2001 y la de la post convertibilidad. En este sentido, Neffa detalló que gracias a este nuevo sistema de acumulación se observan mejoras en la relación salarial.

Esto se explica por el hecho de que durante el régimen de la convertibilidad la moneda dólar pasó a ser lo dominante provocando que el Estado y la relación salarial se posicionen como formas institucionales subordinadas y dominadas, utilizadas como variables de ajuste.

Posteriormente, luego de la crisis de 2001 el Estado se amplía y fortalece con la capacidad de intervenir y regular el mercado, valiéndose de una mayor cantidad de recursos. La relación salarial adquiere relevancia y ocupa ahora un lugar destacado, sin ser dominante, siendo beneficiada objetivamente en cuanto al uso y reproducción de la fuerza de trabajo, a pesar de la persistencia del trabajo no registrado, de la precariedad, y de la heterogeneidad del trabajo.

Diversas políticas de empleo surgieron con el nuevo sistema de acumulación, teniendo un fuerte impacto en la fuerza de trabajo. Entre los programas más importantes, Neffa destacó los siguientes:

• Seguro de Capacitación y Empleo (SCyE): es una política activa de empleo que establece una suerte de contrato con los desocupados para que, apoyados por las oficinas municipales de empleo busquen activamente una ocupación y aumenten su empleabilidad por medio de la formación profesional.
• Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo: es una política focalizada en los jóvenes, por medio de la cual se hace un seguimiento directo, donde el pago de los beneficios es progresivo y está condicionado a la iniciación o continuación de la escolaridad a varios niveles, asistiéndolos luego para la búsqueda de empleos.
• Programa de Empleo Comunitario (PEC): continúa una política adoptada durante la convertibilidad que consiste en la participación de los desocupados en actividades de utilidad social, básicamente la construcción, refacción y mantenimiento de edificios municipales o de las ONG.
• Programa de Desarrollo del Empleo Local (DEL): consiste en la realización de trabajos temporarios en tareas de mantenimiento y construcción de infraestructura a nivel municipal y local, contando con el apoyo del Ministerio de Planificación e Infraestructura para disponer de materiales y herramientas.
• Seguro por Desempleo: brinda la posibilidad de obtener un pago único, que abarca el período de hasta un año normalmente, con el cual el desocupado puede llevar a cabo un microemprendimiento o hacer un aporte de capital para pasar a formar parte de una pequeña empresa. Este fue establecido por la Ley Nacional de Empleo de 1992 pero el número de solicitudes fue escaso. No cumplió un papel determinante, porque debido a las condiciones requeridas para acceder al beneficio, sólo entre 5 y 8% de los desocupados pudieron beneficiarse, percibiendo una suma modesta durante un período de tiempo limitado.
• Plan de Regularización del Trabajo: consiste en actividades de inspección llevadas a cabo en las provincias, en coordinación con la AFIP y la ANSES, para efectuar visitas a empresas y constatar si todo el personal está registrado como lo estipula la Ley de Contrato de Trabajo y si se hacen los aportes al sistema de seguridad social. Sus resultados han sido positivos, pero hasta la fecha no se ha logrado eliminar totalmente el trabajo no registrado.
• Plan de Recuperación productiva (Repro): consiste en un subsidio de hasta 600 pesos mensuales al empleador por cada trabajador, durante un período a determinar de aproximadamente 3 a 6 meses. Este beneficio se brinda  a condición de que la empresa mantenga el puesto de trabajo y pague el resto hasta cubrir en su totalidad el salario correspondiente al puesto del convenio colectivo de trabajo. Esta política ya involucró a más de 100.000 asalariados, siendo más solicitada por las grandes empresas que por PyMES.

Según manifestó el investigador, las condiciones de trabajo se han visto mejoradas gracias a la creación, por parte de la Secretaría de Empleo en convenio con los municipios, de aproximadamente 350 oficinas municipales de empleo. A estro se suma el equipamiento con hardware y software y la asistencia técnica para entrenar al personal municipal. De esta manera se ha facilitado la búsqueda de empleo por internet y las oficinas concentraron su atención en la implementación de las políticas activas de empleo, mejorando la empleabilidad.

Por otro lado, las políticas sociales y de protección social provocaron un fuerte incremento en el salario indirecto. Algunos ejemplos de estas políticas destinadas a mejorar la cobertura y la profundidad de la política social y asistencial pre-existente son:

• Plan de Seguridad Alimentaria: consiste en la provisión de bolsas con alimentos que mejoró la capacidad de subsistencia de 1.683.651 hogares indigentes.
• Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados: por medio del cual cada familia recibía como máximo y en total 150 pesos por mes. Comenzó a ejecutarse en 2002 y llegó a contar con casi 2.000.000 beneficiarios. Desde 2005 comenzó la transferencia de los beneficiarios hacia el Plan Familias para el caso de las mujeres con hijos a cargo (éste tomaba en cuenta la dimensión de las familias), beneficiando a unas 574.000 familias hasta fines de 2009. Los beneficiarios de ambos programas comenzaron luego a ser transferidos a la Asignación Universal por Hijo (AUH) creado en 2009.
• Sistema de jubilaciones y pensiones no contributivas: otorgadas a personas que no reunían los años de aportes ni todas las condiciones establecidas en la legislación porque habían estado inactivas o desocupadas o habían trabajado en empleos no registrados. A comienzos del 2010 esta política ya había beneficiado a casi 2.300.000 de personas. Este beneficio mejoró sensiblemente las condiciones de vida de esa población permitiendo que accedieran al consumo con sus propios recursos. La cantidad total de beneficiarios del sistema jubilatorio creció fuertemente, y pasó así a ser de 5.600.000 aproximadamente en 2010.
• Plan de Ingreso Social con Trabajo: llamado más frecuentemente Argentina Trabaja, fue creado por un decreto de agosto 2009. Preveía un presupuesto inicial (luego superado) de 1.500 millones de pesos para generar 100.000 nuevos puestos en cooperativas de trabajo localizadas primeramente en barrios, villas, comunidades, y aglomerados urbanos de alta vulnerabilidad social, dando prioridad al conurbano bonaerense.
• Asignación Universal por Hijo (AUH): es la medida social más trascendental y había sido propuesta sin éxito durante muchos años por varios movimientos sociales, la CTA y partidos políticos de la oposición. Es financiada por la ANSES con fondos contributivos y no contributivos. Un Decreto de Necesidad y Urgencia instituyó un subsistema no contributivo en el marco de la Ley 24.714, la cual ya establecía las asignaciones familiares para trabajadores registrados financiadas por contribuciones patronales.

Políticas de empleo

Para desarrollar este módulo, Julio Neffa se basó en el contenido y la naturaleza de dichas políticas, siempre teniendo en cuenta los determinantes y condicionantes de las mismas.

De acuerdo a su contenido podemos encontrar entonces dos tipos de políticas:

• Pasivas: dirigidas directamente a la protección social de la fuerza de trabajo desocupada, generalizando la vigencia del seguro contra desempleo; a la prolongación de la permanencia de los adolescentes y jóvenes en el sistema educativo;, al control y reducción del proceso inmigratorio; entre otros puntos.
• Activas: en general se direccionan a concientizar y formar a los actores sociales; crear o perfeccionar el funcionamiento del servicio público de empleo (SPE) y articularlo con el seguro contra el desempleo; otorgar subsidios a las empresas para que no despidan o creen empleos; promover la búsqueda de una competitividad genuina en lugar de una competitividad-precio; reducir la duración máxima legal de la jornada de trabajo y repartir el empleo; etc.

Luego de analizar las diferentes públicas durante tres períodos (1989-1999,1999-2002, 2002-2010), Neffa expuso una evaluación de los resultados de las medidas y de los programas puestos en práctica. Esta evaluación comprendió un estudio de la implementación de cada uno de ellos y recomendaciones para que el aspecto evaluativo sea exitoso en cada caso.