Mendoza hará este año un aporte obligatorio de $1.700 millones a la ANSES, que en una buena parte terminarán financiando el programa nacional de viviendas anunciado por Cristina que, en definitiva, será pagado en un 60% por todas las provincias.

Ese dinero se perderá como consecuencia de la poda mensual del 15% que Mendoza tiene en su coparticipación (el año pasado significó un aporte de $1.300 millones) y representa algo más de lo que Francisco Pérez tomará de endeudamiento este año para cubrir el déficit ($1.500 millones), casi lo mismo que el gobernador prometió que destinará para construir casas en 2012 y un poco menos de todo el presupuesto para erogaciones de capital que esta administración tiene para gastar en su primer año ($2.100 millones).

El descuento es consecuencia del Pacto Fiscal 2 que se firmó en 1992 (durante el gobierno de Menem y con Domingo Cavallo como ministro de Economía), cuando todos los gobernadores de entonces resignaron partidas de la coparticipación, a través de un convenio con la Nación, cuando se crearon las Administradoras de Fondos de Jubilación y Pensión (AFJP), y estaba destinado a cubrir el déficit de la ANSES.

En estos últimos 20 años, el dinero que aportó la provincia bien podría trepar a los $20.000 millones.

El tema del descuento, que es extensivo a todas las provincias, desencadenó una fuerte discusión casi a los gritos entre Pérez y los legisladores nacionales de la oposición el lunes en un encuentro en la Casa de Gobierno.

Según un estudio del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), el plan de viviendas anunciado por la Presidenta (Procrear) otorga financiamiento por unos $20.000 millones con fondos de la ANSES, de los cuales las provincias aportarán $11.800 millones , mientras que el Tesoro sólo sumaría $8.200 millones.

Es decir que de cada diez casas que se hagan, seis las pagarán los gobernadores. Esos recursos saldrán de la retención del 15% de la coparticipación y, en el caso de Mendoza, la plata que pondrá este año para solventar el anuncio presidencial llega a los $487 millones.

La ANSES logró un superávit sobre la base de recursos por $82.900 millones que, originalmente, debían estar dirigidos a las provincias.

Pérez, a los gritos con diputados

Algunos diputados de la UCR le plantearon al gobernador la necesidad de que Mendoza se sume al reclamo, que ya iniciaron Santa Fe y Corrientes, para que les dejen descontar estos fondos ya que, desde hace al menos un lustro, la ANSES es superavitaria y no necesita de los aportes provinciales. Esto ocurrió en la reunión que mantuvieron a principios de esta semana, en la que se discutió cómo conseguir financiamiento para obras públicas en el proyecto de Presupuesto nacional 2013.

Dos provincias se comenzaron a manejar legalmente, es que los aportes a la ANSES por parte de los gobiernos del interior ya quedaron en abstracto desde 2006, cuando se estatizaron los $120 millones que estaban en poder del sistema de capitalización.

Al menos así lo planteó Corrientes, que presentó hace unos días una demanda ante la Corte Suprema por este tema, camino que seguirá la provincia de Santa Fe. Córdoba acudirá a la Justicia por un reclamo similar: le iniciará un juicio a la Nación para que le pague una deuda de $1.040 millones a la Caja de Jubilaciones provincial, en concepto de partidas adeudadas sólo en 2011.

Buenos Aires ya comenzó el reclamo administrativo para dejar sentado que el descuento, al menos desde 2011, se está haciendo de manera ilegal porque no hay ley que lo sustente.

“Existe un proyecto presentado en la Legislatura para que el gobernador instruya al fiscal de Estado y se inicie un juicio a la Nación. En todos estos años, la prórroga de ese pacto fiscal se hizo por ley. Pero al sancionarse en 2011 el Presupuesto nacional por decreto, esos descuentos son ilegales por tratarse de fondos coparticipables. No se puede descontar por decretos de necesidad y urgencia”, le dijeron a Pérez.

Paco sintió que lo querían poner a las puertas de un enfrentamiento con el Gobierno nacional. “Esto no es así, no puede ser así. Ese pacto fiscal es viejo y ustedes siempre lo aceptaron. Me quieren armar quilombo con la Presidenta”, gritó el gobernador.

“Preguntales a tus abogados”, le respondieron los radicales. Pérez calló en ese momento, pero al finalizar la reunión se acercó a uno de ellos. “Por qué no me mandás por mail el proyecto, estos abogados que tengo…”, se quejó en tono amargo.