Desde el Senado, todos los sectores del divido peronismo mendocino le darán a Francisco Pérez esta martes, casi con seguridad, la señal para que avance en la reforma de la Constitución provincial.

Pérez sorprendió a todos la semana pasada, al impulsar el proyecto en la propia Casa Rosada. En medio de los cuestionamientos a la minera Vale, el gobernador aseguró que Mendoza tiene que debatir la reforma porque su texto "es conservador y está fuera de todo contexto histórico".

El mandatario contó para la televisión porteña, en directo, que la Constitución mendocina data de 1916 y señaló también que el contenido "conserva los derechos de unos pocos".

En un sorprendente enlace de temas bajo el lema "vamos por más", Pérez también defendió la re-reelección de Cristina, aunque buscó separar la reforma provincial, que tiene entre sus propuestas la reelección del gobernador, del debate nacional. "No es un globo de ensayo para Cristina", expresó.

Probablemente Pérez se olvidó en ese tramo de la TV y le habló sólo a su auditorio en la Casa Rosada, que estaba compuesto por las distintas líneas del peronismo local y los intendentes opositores aliados o cercanos que habían sido convocados por el ministro de Infraestructura Julio de Vido a una entrega de créditos para obra pública: Víctor Fayad (Capital) y Jorge Difonso (San Carlos).

Esos grupos afines a Pérez contestarían esta semana la propuesta con una resolución legislativa que allana el camino para que el gobernador tome un atajo polémico: convocar directamente este año a la elección de convencionales constituyentes, dándole de esa manera una validez inesperada a un plebiscito de 2001 donde el sí a la reforma obtuvo más votos que el no.

A salvo de la interna. La cada vez más intensa interna del peronismo no tendrá efectos en asuntos primordiales como la reforma constitucional, más allá de que cada parte del oficialismo tiene sus fuerzas separadas en la Legislatura y se prepara para enfrentarse en una interna.

Legisladores de los tres grupos en pugna (La Corriente Peronista, los azules e Integración Peronista) confirmaron a El Sol que acompañarán el proyecto reformista del gobernador.

Es lo más lógico: en el momento de separarse, los tres sectores se comprometieron con las gestiones de Cristina y Francisco Pérez. El gobernador, además, aceptó la división y sólo reclamó respaldo para los proyectos del Gobierno.

"Lo más probable es que el martes todos los sectores sobreactúen su apoyo al gobernador", analizó un legislador oficialista.

Así fue que la aprobación del proyecto fue confirmada por Fernando Simón (La Corriente), Sergio Vendramín (jefe de bloque de senadores de los azules) y Germán Gómez (Integración Peronista).

Señal para Pérez. El sanrafaelino Gómez recordó de todos modos que la aprobación del proyecto a favor de la reforma es solamente "una expresión política de los legisladores, ya que el que debe decidir si avanza por este camino o no es el gobernador".

En efecto, el proyecto, que fue una idea del senador del peronismo disidente Gustavo Valls, le propone a Pérez que llame a elección de convencionales constituyentes, ahorrándose así todo el trámite previo, pero no tiene la potestad de exigírselo.

Valls sostiene que el proceso de reforma se encuentra abierto desde 2001, cuando la Legislatura aprobó ese proceso y los mendocinos lo avalaron con la mayoría de los votos en el correspondiente plebiscito general.

Sin embargo, en aquel referéndum no se obtuvo la mitad más uno del padrón general de votantes, una condición que la Corte provincial exigió respetar en un fallo de 1987, pero que es objeto de discusiones respecto de su validez.

Pérez definió durante la Fiesta de la Vendimia que el proyecto de Valls marca el camino político a seguir y sus legisladores respondieron rápido en la Legislatura: el peronismo ya le dio despacho favorable en comisiones del Senado y el expediente ahora está en condiciones de ser debatido en el recinto.

Radicales orgánicos y demócratas se van a oponer, pero el oficialismo tendría los votos para imponerse y darle a Pérez la señal que necesita.

Todo esto desembocaría en un decreto con el llamado a elecciones generales y la convocatoria de Pérez para definir en las urnas quiénes redactarán la reforma, una gambeta enorme y peligrosa para saltear la discusión política actual que atasca sin remedio el proyecto del Gobierno.