El trámite se definirá entre este viernes y los próximos dos y no depende exclusivamente de lo que digan Pérez y Álvarez, aunque tiene todo el peso político de ambos. Es que Irrigación es un organismo autárquico con sus propias reglas y ordenamiento. Por esta razón, la quita o no de los permisos para extraer agua cuestionados dependerá al final de lo que resuelva el Honorable Tribunal Administrativo (HTA) de Irrigación, que está compuesto por el superintendente y los distintos consejeros de cuencas de los ríos de Mendoza.

Los cinco miembros de HTA tendrán que votar, en definitiva, para decidir si deniegan o no la concesión definitiva de los pozos, ubicados en la margen derecha del río Mendoza, en la zona de Luján conocida como Alto Agrelo.

Entre las autoridades del HTA hay dos consejeros que sobreviven desde la gestión de Eduardo Frigerio en Irrigación: Ricardo Scandura (delegado del Tunuyán Superior) y Carlos Dávila (Tunuyán Inferior). De todos modos, Álvarez dice que este precedente no los inhibe, ya que ninguno de los dos intervino directamente en el otorgamiento de los permisos.

Según Álvarez, esa decisión correspondió exclusivamente a Frigerio y su asesor máximo, Jorge Villalón. Ambos tuvieron que irse de Irrigación al comienzo de la gestión de Pérez, a la sombra de fuertes sospechas de corrupción en su contra (posible venta de pozos) y, en el caso del superintendente, cuando estaba por ser sometido a jury de enjuiciamiento por el otorgamiento irregular de los permisos para extraer agua.

En este sentido, el ex gobernador justicialista Arturo Lafalla aseguró por Elevediez este lunes que la gestión de Frigerio y Villalón "fue sin dudas corrupta", pero las autoridades de Irrigación no piensan en avanzar judicialmente contra ellos.

"Lo que dijo Lafalla no lo podemos aseverar. Ya hubo una instancia judicial en la Corte. Lo que nosotros hicimos fue corregir expedientes que no pueden pasar y esperamos que el HTA nos acompañe", explicó Alvarez.

En acción. Aunque el caso tendría varias aristas más, Álvarez especificó que la principal irregularidad administrativa de la era Frigerio es que se otorgaron 20 permisos de perforación a favor de unas personas jurídicas pero la explotación terminó en manos de otras.

No obstante, hay más cuestionamientos. Un conocido referente de los regantes disconformes, el abogado Marcelo Romano, sostiene que los beneficiarios de los pozos, entre quienes incluye al propio Marcelo Tinelli, nunca presentaron los planes de trabajo para la extracción de agua. Dice además que desde Irrigación en la era Frigerio se montaron "cortinas de humo" para impedir el avance de la investigación judicial de estas irregularidades.

También dice Romano que los consejeros Scandura y Dávila fueron cómplices de las maniobras de Frigerio y no están en condiciones de definir ahora, como miembros del HTA, el destino de los pozos sobre la cuenca del río Mendoza. No obstante, los cuestionamientos ya fueron desestimados tanto por el fiscal de Estado Joaquín de Rosas (hoy suspendido) como por el fiscal judicial de delitos especiales Santiago Garay.

La versión de Romano, de todos modos, es que Álvarez se encontraba ante el riesgo de sufrir él mismo un jury si no decidía cegar los pozos sospechados. El jefe de Irrigación concede en este sentido que está tratando de resolver "algo que estaba mal hecho".

Ley de aguas. Además de suprimir permisos de perforación, Álvarez buscará dar vuelta rápidamente la página, para evitar daños mayores, incluso políticos. No se puede obviar en este sentido que todo ocurrió durante la gestión del justicialista Celso Jaque. Tampoco que Frigerio y Villalón son voces de un importante sector interno del PJ: los azules.

En este sentido, la mejor salida del escándalo político hacia terrenos menos áridos parece ser una medida de fondo: Irrigación va a promover una modificación profunda de la ley de Aguas, que data de 1884. Pérez también habló de eso el sábado en el desayuno de Coviar.

Para dar este paso netamente institucional y rediseñar el uso del recurso básico de la Provincia se convocará a un grupo de expertos, entre quienes Álvarez incluirá a especialistas en el tema de la UNCuyo y la Universidad Aconcagua. En ese consejo ya tienen lugares asegurados el ex gobernador Lafalla y el abogado especializado en derecho del agua Miguel Mathus Escorihuela.

El debate ya está disparado y entre distintos temas aparece la necesidad de cuidar el destino del recurso, así como la idea de modificar el funcionamiento de los órganos del Estado provincial: se pide "abrir" Irrigación y hay quienes proponen suprimir el EPAS, que actúa como órgano de control del servicio.

"La propuesta tiene que ser seria y muy debatida. Hay que elaborar una ley que dure 100 años, como la anterior", señaló Álvarez al respecto de la discusión que activó el propio gobernador en medio de la Fiesta de la Vendimia.