Opiniones contrapuestas, desencuentros entre ministros; entre el vicegobernador y el titular de Salud; entre la jefa del área de la Mujer y los titubeos en diferentes ámbitos del oficialismo. En los últimos días, la polémica a la hora de abordar la adhesión y puesta en práctica en la provincia del Protocolo para Abortos no Punibles ha ido in crescendo a tal punto, que hasta el gobernador Francisco Pérez no sólo se llamó a silencio, sino que también tuvo que pedir prudencia a su gabinete para no seguir echando leña al fuego y evitar las declaraciones altisonantes.

Así lo admitió el propio vicegobernador Carlos Ciurca, quien ayer volvió a reiterar que "el Ejecutivo no dará una opinión al respecto". Claro que el propio Ciurca sabe que la opinión ya la dio el propio ministro de Salud, Carlos Díaz Russo, la semana pasada, en una clara postura en contra de implementar en Mendoza la Guía redactada por el Ministerio de Salud de la Nación y que está en sintonía con el fallo de la Corte Suprema sobre el tema.

"El pedido de prudencia es de aquí en más, porque el debate se tendrá que dar en el marco legislativo, más allá de que el hecho ya está consumado. Los ministros y diferentes funcionarios ya han opinado y ya no podemos hacer nada al respecto. Es un tema muy profundo como para bajar línea unificada. Acá está en juego la convicción religiosa, moral, ideológica de cada uno, más allá del partido político. Hay que respetarlo", reflexionó el vicegobernador, aunque no quiso acotar nada más sobre las opiniones y convicciones personales de los funcionarios de su propio partido, con declaraciones cruzadas durante los últimos días (ver aparte).

CIURCA PREVÉ MODIFICACIONES. Mañana ingresará a la Cámara de Senadores el proyecto aprobado por Diputados sobre la adhesión a la Guía Técnica para la Realización de Abortos no Punibles, pero habrá que esperar entre un mes y medio y dos meses que los legisladores traten el tema y se expidan a favor o en contra. Así lo estipuló a El Sol el vicegobernador, quien aseguró que, si se trata el tema con celeridad, habrá "como mínimo, unos 20 días de trabajo en comisiones. Es decir, dos o tres reuniones y, a partir de eso, se votará".

Según estimó Ciurca, el proyecto tendrá modificaciones y no se aprobará tal cual lo hizo Diputados. "Así, como se aprobó, no se va a votar en Senadores", insistió Ciurca, y aclaró: "Yo no daré mi opinión sobre el tema, porque así lo ha dispuesto el Ejecutivo, pero sí debo garantizar el debate", admitió. Hasta ahora, los senadores se debaten entre considerar que el aborto debe prohibirse en cualquier instancia (sólo aplicable en casos de violación a una deficiente mental); que el aborto no punible debería considerarse en todos los casos de abuso sexual, y si es necesario judicializar los casos de violación mediante una denuncia penal. Por eso, Ciurca aclaró: "Por ahora, es un debate con final abierto".

Consultada por este diario, la diputada radical Liliana Vietti, impulsora del proyecto en la Cámara Baja, aseguró que las idas y venidas del Senado "son, por lo menos, raras", y aclaró que "cualquier reforma que se haga al Protocolo es riesgosa, porque implica una reforma desde la moralidad y no desde lo técnico, que ya tiene muchos antecedentes a nivel legal y clínico, y está avalado por las diferentes convenciones internacionales que han abordado el tema". La diputada criticó al ministro de Salud por sus dichos y tildó al Gobierno de "hacer un tabú de algo que está legislado desde hace décadas. Fue terrible lo de Díaz Russo, porque la Iglesia no es toda la sociedad y no puede interpretar la ley a su antojo".

Tensión interna

En el transcurso de la semana pasada y la anterior hubo contradicciones notables entre funcionarios del Ejecutivo provincial. Una voz fue la de la directora del área provincial de la Mujer, Alicia Prada, quien consideró "valiosísimo" el aporte del Protocolo para Abortos no Punibles en Mendoza, aunque desde el Gobierno no salieron a apoyarla, al menos, públicamente. En esa línea se enmarcó el ministro de Desarrollo Humano, Guillermo Elizalde, quien sostuvo que no se ha abierto un debate político en el gabinete de Pérez sobre el tema luego del fallo de la Corte, pero se expresó a favor de lo resuelto.

El ministro señaló que el fallo "esclarece el artículo 86 del Código Penal" y celebró esta decisión. "Está en la punta de la pirámide de la Justicia, y los distintos poderes judiciales deberán adecuarse, porque sienta jurisprudencia", Sin duda, el caso más disonante fue el del ministro de Salud, Carlos Díaz Russo, que manifestó que sería "una torpeza" no escuchar a la Iglesia, y explicitó su resistencia al Protocolo. Entonces, el vicegobernador intervino un día después y aclaró que la opinión del titular de esa cartera no representaba la del Gobierno provincial. Hasta los intendentes justicialistas Alejandro Abraham y Rubén Miranda dieron su apoyo al Protocolo en medio del hermetismo oficial.