Más voces se sumaron ayer al debate sobre aborto no punible en el Senado. Esta vez fueron las organizaciones que se manifiestan a favor de la protocolización de la guía técnica nacional para realizar la interrupción del embarazo en los casos contemplados en el artículo 86 del Código Penal. El debate seguirá con más invitados, y hasta evalúan citar al ministro de Salud de la Nación, Carlos Díaz Russo. El despacho no estará listo en menos de dos semanas. Muchos de los presentes sostuvieron la misma consigna: no se está discutiendo acerca de conquistar ningún nuevo derecho para las mujeres, porque el aborto no punible ha sido establecido hace 91 años, e interpretado de manera amplia por el fallo de la Corte Suprema que data del 12 marzo. Esto significa que desde que ese fallo entró en vigencia se puede pedir la interrupción legal de la gestación en cualquier caso de violación.

“No hay demasiado para discutir: hay una ley sancionada en 1921 y la Corte Suprema definió cómo aplicarla. Lo que hay es presión de grupos con una capacidad de lobby importante. Empezamos a irnos al pasto en cuanto al funcionamiento democrático cuando discutimos lo que no hay que discutir. El aborto no punible es eso, no punible, no hace falta debatirlo”, opinó Marcelo Stern, responsable técnico del Observatorio de Derechos Humanos de la UNCuyo.

Por su parte, la abogada Mariana Hellin, especialista en temas de género, aseguró que los legisladores no están capacitados para cuestionar la interpretación amplia que realizó la Corte sobre el artículo 86 y explicó que para presentar una discrepancia con el Código Penal tendrían que ser parte del Congreso de la Nación. Tampoco se puede pedir una denuncia en caso de aborto no punible, porque sería inconstitucional. El artículo 72 de la Constitución nacional señala que la violación es un delito de instancia privada, y por lo tanto denunciarla es un derecho de la víctima.

Por último, el abogado constitucionalista Carlos Lombardi destacó la importancia de la laicidad del Estado. “Los legisladores deberían preguntarse si legislan para todos y todas, o desde sus principios católicos”, señaló el abogado.