En la Legislatura, el oficialismo lo confirma en voz baja: el Poder Ejecutivo tiene lista una resolución para regular la realización de abortos no punibles, es decir, los que contempla el artículo 86 del Código Penal, interpretado por el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en marzo pasado.

En cuanto a su aprobación, quieren que sea antes de que los senadores traten el proyecto de la diputada radical Liliana Vietti en el recinto y que está en esa cámara desde mediados de setiembre.

Éste es el motivo por el que el PJ viene pidiendo que se retrase el debate, que debía realizarse ayer en el Senado.

El ministro Carlos Díaz Russo se reunirá mañana con los miembros de la Comisión de Salud para presentarles la idea, basada en la resolución Nº3.368 de esta cartera, que se refiere al abordaje de los casos de abuso sexual.

Fuentes legislativas oficialistas explicaron que se ha avanzado sobre esta resolución para dar respuesta a los casos mas polémicos de abortos no punibles –los que permiten que una mujer abusada sexualmente pueda interrumpir la gestación– y que, una vez que entre en vigencia, la ley ya no será necesaria. De todas maneras, la reglamentación no sería idéntica al proyecto de la diputada radical, sino más restrictiva. Entre otros aspectos, asistiría a la mujer para que realice la denuncia penal.

Resolución restrictiva

Los puntos que contendría esta resolución y que el protocolo al que la provincia iba a adherir por ley no tenía en cuenta son cuatro: asesoramiento para que la víctima realice la denuncia penal, examen psicofísico de la mujer que pide la realización de la práctica, límite de semanas de gestación para efectuar la intervención y programa de seguimiento de la víctima de violación.

Quienes defienden esta idea sostienen que no sólo apunta a resolver la situación de quien pide el aborto no punible, sino que también busca no dejar impune el delito de la agresión sexual.

En cuanto a la denuncia, su solicitud es polémica ya que el Código Penal de la nación considera al abuso sexual como un delito de instancia privada. Por lo tanto, es un derecho y no una obligación de la víctima dar aviso a la policía. Lo que haría el ministerio es asesorar a la mujer para que realice la denuncia, pero no obligarla.

La intención del oficialismo es que no se discuta el tema mientras el gobernador Francisco Pérez no regrese de su viaje a China. Ésta sería otra de las causas por las que ayer el PJ frenó el debate en la Cámara Alta. Pero tampoco quieren dejar dormir la resolución mucho tiempo más, para que la UCR no logre imponer su proyecto y quede como autora de la ley. Al parecer, el tema se volvió una discusión puramente política.

Denuncia de amenazas

Como ya lo han hecho en otras oportunidades, los legisladores del bloque radical volvieron a pedir ayer que el tema se discuta sobre tablas, con o sin despacho de las comisiones que debían trabajarlo: Salud, y Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC). Hasta el momento, el protocolo sólo se ha discutido en la primera, que aún no saca un despacho ni a favor ni en contra del proyecto. Si esto no sucede, el protocolo no puede pasar a LAC y no puede tratarse en el recinto. Armando Camerucci, presidente de la bancada, propuso dos nuevas fechas de tratamiento: el 20 o el 27. Pero su idea sólo recibió diez votos a favor. A pesar de no haber podido imponer su iniciativa, Camerucci contó que durante el tiempo que el proyecto se ha debatido en Salud recibió presiones y hasta amenazas telefónicas por parte de grupos ultracatólicos que se declaran “a favor de la vida”.

“Me han enviado hasta cartas con dibujitos infantiles. No hace falta este tipo de actitudes”, dijo el presidente del bloque radical, quien agregó que también lo han increpado violentamente por mensajes de texto y de voz. Por los dichos de Camerucci, varios legisladores se solidarizaron con él, como el presidente del bloque oficialista, Ignacio Ortigala, y la senadora Carina Segovia (PJ).

Camerucci pidió además que la Comisión de Salud informe la hora a la que se reunirán mañana con el ministro Díaz Russo, porque quiere que todos los legisladores que lo decidan puedan asistir.