Con una reforma constitucional que espera una definición en el Senado, pero con la promesa de avanzar hacia el consenso, la comisión de diputados encargada de analizar la Reforma Política definió ayer una ajustada agenda de visitas y debates que durará sólo un mes, ya que el próximo 5 de diciembre debe tratarse, con o sin despacho, en el recinto.

Tal como se dispuso la semana anterior en Labor Parlamentaria, representantes de los distintos bloques se reunieron para convenir fechas, metodología y visitas de especialistas, locales y foráneos.

Así, la implementación de una boleta única para las elecciones, la posibilidad de desdoblar los comicios provinciales y municipales, la instalación progresiva del voto electrónico, las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y el financiamiento de los partidos políticos, serán los puntos analizados, con un compromiso asumido de buscar consenso, aunque siempre con un ojo puesto en la Cámara alta.

Poco margen

Conducida por el vicepresidente de la Cámara, el justicialista Omar De Miguel, la comisión decidió que se reunirá los jueves (a las 10) empezando este 8 de noviembre, día en el que convocará a los primeros invitados, el secretario de la Junta Electoral, Alfredo Puebla y el juez federal de Mendoza, con competencia electoral, Walter Bento.

Ambos participarán en el bloque denominado "organismos electorales", al que también será invitado el director de la Junta Electoral Nacional, Alejandro Tulio.

La intención es conocer las factibilidades de desdoblamiento, el movimiento de los padrones y el funcionamiento de las PASO.

Los diputados también quieren conocer la posición de especialistas en derecho constitucional, sobre estos temas y su relación con la Carta Magna local, por lo que para un segundo encuentro (jueves 15) invitarán a expertos de esta área, entre los que se cuentan Mariano Domínguez, Víctor Ibáñez y María Gabriela Ábalos. Estos últimos ya participaron en los debates de los senadores por la reforma constitucional provincial.

Para el jueves 22, la comisión buscará acordar sobre cuestiones de "representación electoral", por lo que convocará a Alberto Montbrun, actual concejal socialista de Capital con amplia participación en derecho vecinal; Carlos Finnocchio, quien desde la Teoría Política ha publicado trabajos sobre la representación de los ciudadanos y Ángel Zopis, ex legislador santarrosino que oportunamente planteó los problemas de la representación electoral de los habitantes de los departamentos.

El último jueves de noviembre, y ya sobre la fecha del tratamiento en el recinto, la comisión dará lugar a las "experiencias de otras provincias", para lo que invitará a Pablo Javkin, ex diputado provincial santafesino por el Frente Progresista Cívico y Social que impulsó la reforma electoral a través de la Ley de Boleta Única y Unificación del Padrón Electoral; también llamarán a Antonio María Hernández, propulsor de la reforma constituyente en Córdoba (también fue convencional constituyente en la Reforma de la Constitución nacional de 1994) y experto en derecho municipal. Por último también podrá mostrar su experiencia Maximiliano Troyano, actual ministro de Gobierno de Salta, impulsor del voto electrónico que ya funciona en aquella provincia.

El punto de la discrodia

Las posiciones para encarar esta amplia temática son variadas, sobre todo si se tiene en cuenta que existen distintos proyectos de ley para cada punto.

Y si bien la idea es "trabajar sobre las coincidencias" como afirmó la mayoría, la cuestión del financiamiento para los partidos políticos será el centro del debate, principalmente en relación a la participación en las elecciones.

Por un lado están los que buscan un esquema similar al de la Nación, en donde el Estado hace frente a los gastos a partir de su participación en los espacios audiovisuales públicos y por otro están quienes consideran que esos montos serían imposibles de asumir para la provincia.

Son los justicialistas que, en coincidencia con el Gobierno plantean esa imposibilidad, ya que, como informaron días atrás, se necesitan unos $70 millones, de los cuales más de un 70% se gasta en las campañas.

Frente de este planteo, el radical Tadeo García Zalazar confirmó que la intención es que el Estado se haga cargo de los espacios mediáticos para las campañas, aunque propició una política de acuerdos. "Si la provincia firma un convenio con la Nación, se podrían ocupar esos espacios sin necesidad de que los mendocinos tuvieran que poner plata", indicó, al tiempo que señaló que el partido gobernante "no tiene intenciones" de generar esos acuerdos.

En el Partido Demócrata coinciden. "El Estado debe afrontar estas campañas, sobre todo si se realizan las PASO", dijo su representante en la comisión, Hugo Babolené quien afirmó que la idea es reproducir "lo mismo que en la Nación".