Con una causa cada cuatro habitantes, Mendoza ostenta el primer lugar como la provincia argentina con mayor índice de litigiosidad. Pero el podio no es casual, ya que de acuerdo a los funcionarios de justicia, el mendocino prefiere “tener la razón” antes que sentarse a acordar con la otra parte en conflicto. Sucesiones, desalojos, separaciones y enfermedades laborales encabezan las fuentes de conflictos, en una lista que no parece tener fin.

Como barrera de contención, el Cuerpo de Mediadores Judiciales trabaja en los ámbitos civiles, laborales, familiares y penales con el claro objetivo de resolver situaciones a través del mutuo entendimiento y así evitar que los expedientes se acumulen. De las 10 mil causas que llegaron hasta sus oficinas en 2015, alrededor del 80% terminaron en acuerdo, lo que refuerza el dicho popular de que “hablando se entiende la gente”.

Las emociones juegan un papel central para alcanzar o no un acuerdo. Por eso es que es fundamental que sobre todo exista la “voluntad” de ambas partes para tratar el problema. Sin embargo, como explica Miriam Raigon, coordinadora del Cuerpo de Mediadores Laborales y Civiles, hay veces que “el momento” no ayuda y “vienen ex parejas con cinco días de separación y las emociones no están dadas para negociar”.

Lorena Sorrentino, coordinadora de Mediación Penal, destaca que “hay que tener en cuenta que la mayoría de las causas que se trabajan en la justicia son por acciones que se realizan entre personas conocidas y familiares”. Aun así, “consideran que lo único que pueda satisfacerlos es la determinación de culpabilidad del otro. Algo que es muy frecuente en materia laboral”, agregó.

Esta situación atenta contra el segundo requisito fundamental para mediar, que es justamente establecer una relación de igualdad entre las partes. “Las personas tienen que saber que el mediador no les va a proponer ni asesorar ni orientar, sino que su función se limita a acompañar el proceso de conversación. Tampoco toma decisiones ni declara culpables. Los mediadores no trabajan con la responsabilidad o la culpabilidad”, resalta Sorrentino.

El desconocimiento de cómo acceder a la justicia es otro factor que agrava el problema. En base a la experiencia, Sorrentino aclara que las personas con menor nivel educativo o bajos recursos, recurren a la denuncia como una vía para solucionar un problema. Sin embargo, “el 80% de los que concurren a mediación penal, lo que menos quieren es que el otro sea condenado, sino que buscan resolver su conflicto”. “Muchos no encuentran espacios para tratar estos conflictos y entonces hacen la denuncia”, resaltó.