“Entre la cosecha del ajo y la cosecha de la uva, los trabajadores rurales pasan sin cobrar nada durante varios meses, por eso hemos pedido un plan intercosecha, como una ayuda para este sector tan postergado”, explicó Guido Peña, miembro de la Corriente Clasista Combativa (CCC), que nuclea a pequeños productores rurales de Guaymallén, Maipú y Luján.

Tras reunirse con el gobernador Francisco Pérez y el ministro de Agroindustria, Marcelo Costa, esta semana empezarán a trabajar en un proyecto de ley para incorporar dicho plan en el próximo Presupuesto y de esta manera, garantizar los fondos.

El borrador del proyecto deberá entrar en Legislatura antes del 15 de setiembre, de tal forma que empiece su consideración y aprobación antes de entrar en el debate del Presupuesto 2015.

El pedido de los trabajadores rurales viene repitiéndose desde hace varios meses y el último jueves, durante le paro nacional, volvió a escucharse porque –según explicaron– no hay precio para los productos que plantan, los productores cada vez siembran menos hectáreas de superficie y aquellos que arriendan la tierra, no pueden hacerlo como siempre por la crisis que sufre el sector.

En consecuencia, los trabajadores no reciben sus salarios mensualmente en tiempo y forma, o directamente no tienen empleo.

El encuentro pasó casi desapercibido en medio de los cruces verbales entre el Gobierno nacional y los dirigentes cegetistas por el paro, pero en el marco de la reunión con la CCC, Pérez reconoció las dificultades existentes a raíz de la inflación y el crecimiento del desempleo. El gobernador se comprometió a asistir a los empleados rurales con medidas más coyunturales, como proveer asistencia alimentaria y médica, y empezar a desarrollar un plan de cooperativas para que –asociado– este grupo pueda acceder a tractores, arados, fertilizantes, entre otros.

También prometió una serie de acciones a mediano y largo plazo, como un plan habitacional, ya que muchos de ellos viven en asentamientos.

Hoy, las primeras medidas serán organizadas con el Ministerio de Desarrollo Social y mañana será el turno del Instituto Provincial de la Vivienda.

“No queremos generar falsas expectativas, porque el gobernador habló de un número de viviendas y veremos qué pasa realmente con esto. El problema es que muchos trabajadores del campo están viviendo en asentamientos y siguen extendiéndose estos sitios por falta de recursos. Nosotros queremos un lugar donde trabajar la tierra y vivir, en el mismo lugar, por supuesto, sin que nos regalen nada. Todas las tierras que no están siendo explotadas o están abandonadas podrían ser una alternativa, pero veremos qué sucede”, explicó Peña.

La registración

El otro gran problema que sufren los peones rurales es la dificultad para acceder a planes gubernamentales por no estar registrados. Estiman que alrededor del 80% de los empleados rurales está en negro, porque muchos de ellos lo prefieren así para no perder la asignación universal por hijo, un fondo esencial que les permite tener ingresos asegurados mes a mes.

En este sentido, Peña comentó que durante las cosechas, algunos trabajadores son blanqueados, meses en los cuales cobran el salario familiar, pero al terminar este período, deben esperar dos o tres meses para recuperar el cobro de la asignación universal.

Con el mismo problema, se encuentran para acceder a programas de capacitación, en los que el requisito es no tener ninguna otra ayuda social, razón por la cual, directamente no están interesados en participar.

“Al estar en negro, estos trabajadores no pueden sindicalizarse en Soeva, UATRE u otros gremios, porque no trabajan todo el año, otras veces se sindicalizan por un par de meses, lo que produce una gran dispersión de trabajadores rurales que si bien tienen derechos laborales, no hay nadie que se los haga reconocer”, agregó el dirigente del campo.

Por esto mismo, están impulsando la creación de un sindicato de trabajadores sin registración.

►80 por ciento en negro: según datos que manejan en la Corriente Clasista Combativa y la Asociación de Pequeños Productores. Esto tiene como consecuencia dificultades para acceder a créditos, subsidios y beneficios sociales. Por eso buscan simplificar los trámites.