La idea es similar a lo que hoy se utiliza para sostener el boleto del transporte público de pasajeros. Si no existiera la tarifa compensada, el viaje urbano costaría alrededor de 6 pesos, y para seguirla sosteniendo el Gobierno ya destinó este año 65 millones de pesos, pero necesitará otros 77 millones más para llegar a diciembre. Una idea similar es la que se analiza por estas horas en el Ejecutivo para evitar una suba del servicio de agua y cloacas y así poder mantener los costos operativos de la firma recientemente reestatizada, Agua y Saneamientos de Mendoza (Aysam). Los escenarios para anunciar un aumento de la tarifa son poco propicios: el 2011 es un año electoral, pero lo que más preocupa es el servicio, que se presta de manera deficiente y con grandes falencias en cuanto a la expansión y las obras necesarias.

De esta manera, se están ultimando los detalles de un proyecto de ley que se enviará a la Legislatura la semana próxima y que contemplará un plan maestro de obras por más de 880 millones de pesos, además de las dos modalidades financieras que se propone para prestar el servicio ahora en manos del Estado. El otro contempla aumentos, sin subsidios, y llegarán hasta 40 por ciento con tarifas diferenciadas. La idea que se propone es una actualización de la base catastral en primer lugar, la colocación de medidores en las zonas identificadas como críticas en relación al derroche y un incremento mínimo para los sectores más desprotegidos. Estos son algunos de los conceptos que se discutieron durante la reunión de gabinete de ayer. Rolando Baldasso, director de Aysam, comentó que si se elige la tarifa subsidiada, estos fondos deberán ser incluidos en el presupuesto 2011.

De lo contrario, lo financiará la gente, y el aumento previsto se conocerá la semana próxima, cuando la norma llegue a la Legislatura. Junto a esta ley se piensa enviar la reglamentación para que Aysam funcione en emergencia operativa y financiera. Se trata de la norma que le permitirá a la empresa de aguas saltear el pago de algunos impuestos, cánones a los municipios y otras medidas, como cancelar facturas de otros servicios (como luz o teléfono) si así lo necesita.

Por la emergencia. En la mira de la firma están los derrochadores. Aysam presta el servicio hoy a 350 mil mendocinos, 220 mil de los cuales corresponden al Gran Mendoza y el resto está repartido entre los departamentos que no son prestadores, como Luján de Cuyo, Maipú y Tupungato. En ese mapa de derrochadores, los que se destacan son algunos barrios de La Puntilla, Guaymallén, parte de Godoy Cruz y San Rafael. Algunos de estos barrios son privados y otros poseen casas de grandes extensiones con enormes parquizados y que se están regando con agua potable.

Es precisamente esto lo que se intentará evitar. Baldasso explicó que las zonas donde se registra un mayor rojo en el consumo son aquellas identificadas como de clase alta, y será precisamente a quienes primero se les instalarán los medidores. Con respecto a estos últimos aparatos, colocados en 1995, Baldasso explicó que de los 100 mil que hay instalados en la provincia hay 18 mil en funcionamiento, 3 mil fueron robados y el resto, unos 79 mil, no se sabe en qué estado están.

Más control. Otra de las medidas que se conoció ayer es que a partir del jueves se incrementará la planta de inspectores. La empresa comenzó con 5, en los últimos días se incorporaron otros 5 más y ahora se sumará otros 10. Para el funcionario, con 20 inspectores se puede hacer un barrido de la provincia y detectar a los derrochadores. Los nuevos uniformes de quienes realizarán esas tareas y la movilidad se darán a conocer el jueves en una conferencia de prensa que se realizará en la empresa.


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