Un gesto de blindaje para los docentes y, por otro lado, de sancionar los incumplimientos de los roles de padres y madres, es lo que avanzó ayer en la Legislatura provincial, donde pareciera que el mejor homenaje que se les podía hacer a los educadores en su día era modificar el Código de Faltas para hacer frente a las situaciones de violencia o irresponsabilidad social que se presentan en los ámbitos educativos.

Si esta media sanción prospera en la Cámara de Senadores, se transforma en ley y luego debe reglamentarla el Poder Ejecutivo. Quienes agredan a un docente podrán pasar hasta 60 días arrestado o deberán pagar, con hasta 40 días-multa, un valor que toma como parámetro lo que gana en una jornada laboral quien cometa el hecho de violencia.

En cuanto a los padres que no cumplan con sus deberes de guarda, el arresto será de 5 días y con sanciones de hasta 20 días-multa. El trasfondo de la media sanción que se obtuvo ayer en la Cámara de Diputados de la Provincia tiene que ver con los recientes hechos de agresión que han sufrido educadores por parte de padres de alumnos; de las quejas que vienen manifestado en reiteradas ocasiones desde el sector docente con respecto a que se les agregan responsabilidades extralaborales como es esperar, a veces, hasta una hora para que alguien mayor responsable retire a un menor de la escuela; o, en definitiva, diferentes circunstancias en la que los docentes se ven sobrepasados en el rol que ejercen.

También cuenta algo que viene perjudicando demasiado la imagen que se tiene de las instituciones educativas, según los hechos que son investigados por la Justicia en los que alumnos son víctimas de maltratos o abusos cometidos por docentes o por sus pares. Sobre este asunto no se avanzó en esta ocasión, a la espera de que las consultas hechas con especialistas en fenómenos nuevos como el bullying aporten elementos que sirvan para incorporar estos nuevos emergentes de violencia.

En el otro camino que se busca garantizar una mayor protección a los docentes es en la creación de equipos jurídicos dentro de la Dirección General de Escuelas, que asesoren a los educadores que puedan sufrir agresiones. Esto ha sido impulsado tanto desde el Ejecutivo como desde el Legislativo.

Quienes vienen motorizando estas herramientas legales para proteger a los educadores indican que la idea no es judicializar las situaciones de violencia y ponerle más burocracia legal al sistema, sino crear normativas que refloten lo que en otras épocas era algo incuestionado y parte del contrato social: el respeto.

Pero, algunos de los mismos diputados que ayer aprobaron esta iniciativa dicen, en confidencia, que puede ser una idea de cuestionada aplicación, escasa efectividad y que, en definitiva, es más un tratamiento que tiende a enviarles un mensaje de apoyo a los trabajadores de la educación.

El proyecto aprobado ayer tiene como autores a los diputados Ricardo Puga (mandato cumplido), Jesús Riesco (PD) y Tadeo García Zalazar (UCR), más la iniciativa remitida por el Poder Ejecutivo, por el cual se modifica el Código de Faltas.

Por mayoría fue sancionada con los votos favorables del PJ, UCR, PD, Nuevo Encuentro y Leandro Alem; Daniel Cassia, del Peronismo Federal, votó negativamente.

El objetivo de la norma es garantizar que la escuela, como institución, sea un espacio armónico para el desarrollo de la enseñanza y el aprendizaje en la provincia, reconociendo la autoridad que tienen los agentes de la educación en el ejercicio de sus funciones y reforzando el respeto debido entre todos los miembros de la comunidad educativa, para lograr garantizar el derecho la educación.

El ámbito de aplicación de la norma será para todos los entes de gestión de educación estatal y privada en todos los niveles y modalidades, y es para todos los docentes titulares o remplazante, y todas las jerarquías de la Dirección General de Escuelas.

Cassia no votó a favor de la idea

El diputado Daniel Cassia (Peronismo Federal) fundamentó su voto negativo a esta norma por considerar que “Todas estas circunstancias que suceden en los establecimientos educacionales, como agresiones, menoscabo, presiones, etcétera, están contempladas en el Código Penal, con penas y multas más graves que las que están establecidas en esta norma que modifica el Código de Faltas. No debemos sustituir sanciones y condenas con penas más leves, no es la forma de proteger a los docentes”.