Las comisiones de Hacienda y Presupuesto, y de Legislación y Asuntos Constitucionales, de Diputados y Senadores, comenzaron el análisis de la iniciativa que determina la autarquía del Poder Judicial. El vicegobernador Carlos Ciurca; el presidente de la Cámara Baja, Jorge Tanús, y los miembros de las comisiones recibieron al procurador general de la Suprema Corte, Rodolfo González, junto con el coordinador de relaciones institucionales de la Corte, Raúl Vicchi, quienes opinaron sobre la importancia de la propuesta.

Según Vicchi, el tratamiento de la norma significa una "bisagra", ya que "la autarquía es un cambio sustancial", según dijo, aunque agregó que no hay posición definida en la Corte sobre cómo debe ser el texto de la ley. "Sabemos que es un texto que puede ser cambiado y vinimos a hacer nuestro aporte", manifestó Vicchi. Por su parte, González opinó que la iniciativa podría corregirse y recalcó que para lograr los objetivos que se propone el texto "hace falta una cantidad de recursos importante". "El actual presupuesto del poder Judicial es muy acotado", opinó el procurador.

Sobre la Policía Judicial, González expresó: "Tenemos que saber con qué vamos a contar, hay que adecuar comisarías y hacer cursos para quienes ingresen. No es sólo un tema económico". El vicegobernador Carlos Ciurca, a su turno, manifestó que hay "absoluta predisposición para mejorar el servicio de Justicia" y destacó que "este proyecto se puede modificar en ese sentido". "La idea es mejorar la Justicia, no ajustar números", expresó Ciurca. Finalmente, el presidente de Diputados, Jorge Tanús, fue el encargado de cerrar la reunión.

Tanús anunció que se invitará a los gremios que representan a los trabajadores del Poder Judicial y a los colegios de abogados y magistrados para que puedan hacer sus aportes en las comisiones de Legislación y Hacienda, que estudiarán los aspectos jurídicos, políticos y económicos del proyecto.

EL PROYECTO. Según los fundamentos del texto, la iniciativa del Ejecutivo propone la autarquía financiera del Poder Judicial de la Provincia de Mendoza, el cual tendrá la atribución de administrar sus bienes y recursos propios para elaborar su presupuesto anual, fijar sus políticas de gestión y sus políticas salariales, entre otras. La autarquía financiera que se propone tiene por finalidad lograr una independencia administrativa y estructural del Poder Judicial, lo que posibilitará que él mismo planifique a mediano y largo plazo su funcionamiento a base a una asignación previsible de recursos, si se considera que la ley propuesta en forma clara y precisa le otorga los activos con los que podrá contar para los ejercicios futuros.

Esta independencia se verá reflejada en la imposibilidad de que los otros poderes fijen las políticas de administración del Poder Judicial, las cuales serán establecidas por sus autoridades, siempre, obviamente, ajustándose a la legislación vigente y al procedimiento de aprobación del presupuesto que la ley y la Constitución provincial establecen. Desde este aspecto, la autarquía financiera es la posibilidad de que la institución confeccione su propio presupuesto general, lo ejecute y lo reestructure, conforme a su política de objetivos. En pocas palabras, la importancia institucional del gobierno del Poder Judicial es paralela al valor que se atribuye al ejercicio de la función judicial.

En definitiva, el objetivo constitucional de "afianzar la justicia" exige de un Poder Judicial independiente, y la autonomía presupuestaria constituye una de las herramientas que contribuyen a asegurar esa independencia, mediante la asignación de recursos propios y al dejar en claro su capacidad para administrarse, sin requerir la venia o el concurso de funcionarios de los otros poderes del Estado. Asimismo, entre otras ventajas, se persigue una mayor eficiencia y celeridad en los procedimientos de contratación del Poder Judicial, como así también, una mejora en la capacidad de gestión autónoma, ya que son las autoridades de dicho poder las que conocen las necesidades y prioridades que el mismo posee.