Las modificaciones a la Ley de Riesgos del Trabajo que envió el Gobierno al Congreso recibieron ayer media sanción en el Senado. La mayoría que forman el Frente para la Victoria (FpV) junto con sus aliados le permitió aprobar el proyecto por 41 votos a favor y 19 en contra. La legislación eleva el monto de las indemnizaciones por accidentes, dispone su actualización automática y reduce los plazos para cobrar. Además, establece que los trabajadores que opten por cobrar de la ART no podrán ir a la Justicia a pedir una reparación mayor. Habrá una opción excluyente entre el sistema de riesgos del trabajo y la acción judicial. Este es uno de los elementos que concentraron las críticas de la UCR, el Peronismo Federal y el Frente Amplio Progresista (FAP) por “limitar derechos” de los trabajadores. La eliminación de la “doble vía” o “cúmulo” es un reclamo histórico de los grupos económicos, que cuenta con el apoyo de algunos sectores sindicales, para frenar lo que denominan la “industria del juicio”.

La mayoría de los legisladores opositores consideraron que la legislación representa un “retroceso” en materia de legislación laboral y coincidieron en señalar la necesidad de una reforma integral del sistema de Aseguradoras de Riesgo del Trabajo (ART). “Siempre trabajamos en el proceso de ampliación de derechos. Esta ley va en esa línea porque la reparación de los accidentes dejan de ser montos miserables y restablece la posibilidad de ir a la Justicia que había sido vedada (en la ley del menemismo), los trabajadores pueden optar”, afirmó el titular de la bancada del FpV, Miguel Angel Pichetto.

El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, reconoce que las modificaciones enviadas al Congreso no constituyen una reforma integral, necesaria para corregir un sistema de prevención de accidentes instalado en 1995 que fracasó. Pero, como señalaron los distintos legisladores del FpV, considera que el incremento en las indemnizaciones, la inclusión de un pago adicional del 20 por ciento en concepto del daño moral y la actualización de las reparaciones permitirán salvar las inconstitucionalidades que arrastra la ley desde 2004.

En ese momento, la Corte Suprema declaró inconstitucional la imposibilidad de realizar un juicio civil frente a un siniestro y habilitó así la “doble vía” o “cúmulo”: la posibilidad de recurrir al fuero laboral para que el trabajador pueda cubrir la diferencia entre lo que paga el sistema y lo que “debería” cobrar si el mecanismo se hubiera mantenido actualizado. Los cambios eliminan ese mecanismo y establecen una opción excluyente entre el sistema –con valores actualizados– y la Justicia. Los legisladores del Peronismo Federal y la UCR cuestionaron que la vía judicial regrese al fuero civil y no permanezca en el ámbito laboral.

Rubén Giustiniani, del FAP, advirtió que “la legislación que se va a sancionar mantiene la misma filosofía de la flexibilización laboral, es un grave retroceso. ¿Por qué se estatizaron las AFJP y se fortalece a las ART que son sus primas hermanas”. El senador recuperó un proyecto de reforma presentado por el diputado Víctor De Gennaro donde se estatiza la prevención y seguros de accidentes laborales dejando el esquema bajo una gestión tripartita. Pichetto destacó la regulación de las comisiones que cobran las ART y la posibilidad de surgimiento de las ART mutuas que permitirían bajar costos.

Los economistas del Cenda, el centro de estudios que encabeza el viceministro de Economía Axel Kicillof, afirmaron en un informe que la legislación vigente permitió que “los empresarios se deshagan del riesgo, a la vez que su cobertura se transformó en un negocio rentable para las compañías de seguro” y sostienen que el sistema de ART se orienta hacia “la minimización de los costos de los empleadores y aseguradoras, dejando de lado la política de prevención de riesgos del trabajo”. Con matices, los legisladores de la UCR, FAP y Peronismo Federal desplegaron argumentos similares para cuestionar el sistema vigente.

“Compartimos el espíritu y el concepto de la ley”, había afirmado el senador Alfredo Martínez (UCR, Santa Cruz), la semana pasada después de la firma del dictamen. Sin embargo, en el recinto el radicalismo modificó su posición y rechazó la iniciativa. Luis Naidenoff, presidente de la bancada radical, advirtió que el 70 por ciento de los juicios se inicia por enfermedades no contempladas. Los datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo son inferiores, pero muy significativos: el 46 por ciento de los acciones judiciales se inician por dolencias que no están listadas, básicamente hernias, lumbalgias y várices. El Gobierno anunció que revisará el listado de enfermedades, pero para eso no es necesario una ley, sino que se puede hacer con un comité consultivo.