La iniciativa para derogar la ley 7722 que presentó el Partido Intransigente (PI) el viernes en la Legislatura tomará hoy-con aval del oficialismo- estado parlamentario, por lo que estará lista para que empiece a ser debatida en las comisiones de Diputados. 

“Tengo que convencer a 47 diputados para que se pueda tratar en el recinto. No tengo ninguna especulación electoral. Me puede ir bien o mal pero no me iba a perdonar nunca no presentar la iniciativa. Somos una provincia con minería y que si se explota con los cuidados ambientales que corresponde, le va a ayudar a Mendoza para recuperar la matriz productiva”, dijo el autor del proyecto, Eduardo Martínez Guerra.

El legislador del PI aseguró que es un proyecto estudiado con técnicos especialistas que integran las filas de su partido, como el geógrafo Julio Guarido y el geólogo Eliseo Sepúlveda. “Con esta iniciativa respondemos a los orígenes del partido que siempre estuvieron relacionados con la producción y la industria”, agregó. 

No es la primera vez que un legislador plantea la derogación o modificación de la ley de Prohibición de Sustancias Químicas sancionada en 2007. La última fue el año pasado en el Senado. Alejandro Abraham (UC) y Juan Agulles (PJ) elevaron sendas propuestas y consiguieron rápidamente apoyo oficialista para tener quórum en las reuniones de comisión. A lo largo de un par de meses pasaron por allí representantes de todos los sectores involucrados pero hasta ahora, no se han tratado en el recinto por la presión social y -sobre todo- la electoral.

Para el PI, ahora el panorama es distinto y hay otro espacio para debatir el tema. “Es una oportunidad histórica para tratar la derogación porque la 7722 ha sido un cepo para la minería ya que desde su sanción no se ha podido aprobar un solo proyecto. La sociedad no es la misma de hace unos años. Hoy la gente ve lo que han avanzado San Juan y Neuquén”, dijo Martínez Guerra. 

Posibilidades de avanzar

A partir de la ley 7722, la minería y el agua son temas sensibles en Mendoza. Cada vez que se pone el tema a discusión se alzan las voces a favor y contra, y el debate queda trunco. Además, no se trata de una tema de oficialismo y oposición sino que atraviesa la Legislatura de manera transversal en todos los partidos. Ahí radica la dificultad para alcanzar las mayorías necesarias para aprobar cualquier cambio.

Por ahora, desde el oficialismo aseguran que el proyecto va a debatirse, pero con cautela. “Hay que seguirlo, es un año electoral y hay que ver qué reacción hay de los defensores” (de a ley), reconoció el jefe del bloque de la UCR, Jorge Albarracín. 

“Hay que analizar y escuchar todos los planteos. No hay que negarse al debate. Quizás una modificación con buenos controles puede ayudar a Mendoza en su situación productiva y generar trabajo”, agregó el diputado radical.

Por su parte, el FIT rechaza cualquier intento de cambiar la 7722. “Es la única que cuida el agua de Mendoza, que ya sabemos que es escasa. Estamos frente a un Gobierno que avanzó con el fracking con el argumento del trabajo. Vamos a defender la 7722 porque es una ley que se peleó en las calles”, explicó Macarena Escudero. 

Desde el PJ, la diputada Carina Segovia también rechazó la posible derogación, pero desde una postura personal. “No puedo hablar por el bloque en este tema. Yo soy de Lavalle y siempre voy a velar por asegurar la calidad del agua que es vida”, aclaró. 
También se expresó en contra el intendente de San Carlos, Jorge Difonso, un aliado del Gobierno: “El agua y la tierra son escenciales. La 7722 permitió que Mendoza no fuera Jáchal”.

Qué dice el proyecto

La iniciativa tiene 15 artículos, el penúltimo dice literalmente “deróguese la ley provincial 7722”. A cambio plantea crear el Consejo Provincial de Protección del Agua y del Ambiente (Coproaa) y sancionar una ley de regalías mineras. La novedad: los fondos recaudados no se podrán usar para gastos corrientes (sueldos de estatales), solamente para inversiones productivas, obras hidráulicas, impermeabilización de canales de riego y obras de infraestructura y vivienda.

El Coproaa será el órgano consultivo, responsable de elaborar y proponer política hídrica y ambiental consensuada para la preservación y uso eficiente de los recursos. Además, denunciará los daños ambientales. Dependerá de la Secretaría de Medio Ambiente provincial.

Por otro lado, en el artículo 10 le da rango de ley a la Resolución Nº 778/96 del Departamento General de Irrigación que pone límites estrictos al vertido de cianuro, mercurio, ácido sulfúrico y otras sustancias tóxicas para cualquier industria. Irrigación será la autoridad de aplicación de la misma en su condición de Administrador del Recurso Hídrico Provincial.

Este proyecto propone la derogación, a diferencia de los que se presentaron el año pasado en el Senado que querían modificar la 7722. Ambos están en comisión sin dictamen.