La inauguración de barrios es uno de los ases que el Gobierno provincial va a jugar en este año electoral, y entre las medidas que apuntan a concretar lo antes posible los cortes de cintas, ayer, el oficialismo obtuvo un pequeño triunfo al ser aprobada en la Cámara de Diputados una iniciativa para que los inmuebles del Estado donados con cargos, pero que no se cumplieron, sean quitados a quienes los poseen.

A la hora de encarar soluciones habitacionales, a la dificultad que presenta obtener una línea de crédito se le suma el inconveniente de contar con un lote, y es por este motivo que desde el Ejecutivo provincial se incentiva la recuperación de los terrenos para que se aporten a los planes habitacionales.

Esta es la razón por la que desde el oficialismo se vivió como una victoria la media sanción que se consiguió ayer en la Cámara Baja, ya que el gobernador Francisco Pérez es el principal propulsor de esta iniciativa.

Además, se suma la situación de que, a casi un año del discurso de apertura de las sesiones legislativas del 2012, cuando el gobernador anunció que el Estado iba a recuperar los terrenos que no fueron utilizados para el fin que se les encomendó, en el Gobierno no quieren que esta promesa no se cumpla.

El plan Procrear, que lanzó la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, es uno de los destinos para los que tienen pensado utilizar esta iniciativa, la que aún falta que sea aprobada por la Cámara de Senadores.

El único bloque que votó en contra de este proyecto fue el que integran los diputados del radicalismo, quienes ya habían anticipado su negativa, esgrimiendo como una de las objeciones principales, que el Estado recién ahora está creando un registro para saber cuántos y dónde se ubican los terrenos que fueron cedidos con cargos, es decir con obligaciones que no se cumplieron.

Dentro del articulado de lo avalado ayer se establece que el Poder Ejecutivo realizará un relevamiento de los inmuebles que se encuentren con el cargo incumplido y "por decreto determinará los cargos de donación incumplidos de conformidad a esta norma".

Además, se agrega que la Escribanía General de Gobierno "realizará las escrituras que en su caso resulten necesarias, tendientes a revertir en la titularidad de la Provincia los bienes inmuebles alcanzados por lo prescripto".

Asimismo, se explicita en la media sanción que se encomendará a Asesoría de Gobierno y Fiscalía de Estado que realicen las acciones judiciales que en su caso resulten necesarias con el objeto de revertir en la titularidad de los inmuebles.

Este punto también fue objetado por los radicales, ya que indican que una de las irregularidades detectadas en la revisión de las normas por las que se dona un inmueble es que, en muchos casos, no está establecido el plazo en el que se debe concretar el cargo, por lo que esta grieta legal habilitaría a algunos afectados en la quita de terrenos a efectuar planteos judiciales.

Finalmente, según el texto de esta iniciativa, se establece a la Dirección de Desarrollo Territorial dependiente de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable como autoridad de aplicación de esta ley.