Un caso paradigmático

Por Florencia Médici *

El correlato invariable de toda crisis económica es la pérdida a gran escala de empleos y, por consiguiente, la reducción de los ingresos de aquellos que pueden conservar sus puestos de trabajo. Por eso, no debiera sorprendernos que la crisis global actual, que ya lleva más de cinco años, haya generado 26 millones de nuevos desempleados en todo el mundo, sumando una pérdida de 67 millones de puestos de trabajo si se contabilizan aquellos que han abandonado la búsqueda (desalentados), según el último informe sobre las tendencias de empleo mundiales de la OIT.

Los países centrales, que generaron la mayor parte de los nuevos desocupados, buscan ponerle fin a la crisis con ajustes fiscales y con mayor flexibilización en el mercado de trabajo. Entre las medidas que siguen esta dirección pueden identificarse: reducción del empleo público, recorte o congelamiento de salarios y jubilaciones, y restricción en los alcances de las negociaciones colectivas. No es difícil predecir los resultados de tales políticas, pues son las mismas que fueron promovidas por los gobiernos neoliberales en nuestra región –y especialmente en nuestro país– durante los noventa. Los estallidos sociales en Europa son señales de un desenlace semejante al vivido aquí a comienzo de siglo.

A contramano de la tendencia mundial, el número de desempleados en América latina y el Caribe se ha reducido. El caso paradigmático es el de Argentina, que en 2002 tenía el nivel de desempleo más elevado del Cono Sur, seguido por Colombia y Uruguay. Mientras que Argentina y Uruguay redujeron fuertemente la desocupación, en el orden del 63,5 por ciento, Colombia se mantiene por encima de los dos dígitos.

En el caso argentino, a comienzos de 2003, el flamante gobierno, por un lado, debía superar la recesión económica y, por otro, lidiar con el profundo deterioro del mercado laboral, producto de las mismas medidas que hoy están haciendo estragos en Europa. Para lograrlo, se concretó una batería de medidas que no sólo se dirigieron a maximizar la creación de empleo sino también a garantizar trabajo digno.

En relación con el incremento de puestos de trabajo, un primer eje de medidas se basó en el impulso a la producción nacional con énfasis en el mercado interno y la regulación económica para reducir las fluctuaciones y los ataques especulativos. El segundo eje se orientó específicamente a los sectores más vulnerables como el servicio doméstico, el rural, la construcción, los trabajadores estacionales y los jóvenes. Un tercer grupo de políticas, sin ser exhaustivos, fueron las relacionadas con la formación y la capacitación.

Asimismo, en relación con la calidad del trabajo, se pusieron en marcha planes de reducción del trabajo no registrado; se modificó la Ley de Reforma Laboral del 2000 y se devolvió a los sindicatos su papel estratégico en la representación de los trabajadores. Además, se llevaron adelante políticas activas de ingresos mediante aumentos continuos del salario mínimo vital y móvil, de los haberes jubilatorios y de las asignaciones familiares.

Sin embargo, la duración de la crisis internacional amenaza los logros de la región. El último informe de la OIT sobre América latina advierte que “existen amenazas serias en el contexto internacional y persisten desigualdades internas que no nos permiten bajar la guardia”, recomendando que la generación de empleo digno debe estar más activa que nunca.

Los últimos datos de empleo de nuestro país registran un aumento de la tasa de desempleo originado en un incremento de personas que buscan trabajo. Esto significa que, si bien se generaron 84 mil nuevos puestos de trabajo en un año, no fue suficiente para satisfacer la totalidad de la demanda.

La creación de empleos necesarios para seguir reduciendo desocupación y los niveles de asalariados no registrados siguen siendo desafíos para la política económica. Para afrontarlos, el gobierno nacional ha potenciado las políticas activas. Por ejemplo, el Programa de Recuperación Productiva (Repro), que fue una medida importante para evitar la pérdida de empleos durante el recrudecimiento de la crisis internacional en 2009. O, en el mismo sentido, el Pro.Cre.Ar y el Plan de Exteriorización de Capitales que buscan reactivar la construcción, un sector clave de generación de puestos de trabajo.

No hay dudas de que una dinámica positiva del mercado laboral es crucial para mejorar la vida de la población. Para encarar los desafíos vigentes en relación con la generación de más empleo digno es necesario continuar sosteniendo la demanda agregada –en especial en momentos de reducción del nivel de actividad– y, sobre todo, atender las particularidades de los sectores estructuralmente vulnerables. Estas son las recomendaciones que finalizan el informe antes citado de la OIT. Esto es lo que se ha hecho en Argentina en la última década. No existen las recetas mágicas o milagrosas. La clave es seguir mejorando y profundizando aquellas herramientas que han sido efectivas y no intentar repetir aquellas que no lo fueron.

* CEIL-Conicet y Economía del Bicentenario.

Ampliar la protección social

Por Fernando Groisman y María Eugenia Sconfienza *

Aquellos individuos que desean trabajar, pero han abandonado la búsqueda activa de un empleo, integran el segmento de los “trabajadores desalentados”. La decisión de estas personas de retirarse de la actividad económica obedece a que su percepción es que no existen puestos de trabajo adecuados para ellos en el mercado. Las razones del desaliento laboral son numerosas y variadas. Entre éstas pueden incluirse el género, la carencia de calificaciones o de experiencia y también distintas enfermedades o discapacidades (que no inhabilitan el desempeñarse en algún empleo). También lo es, y muy especialmente, la edad. Es frecuente, por ejemplo, que los empleadores otorguen prioridad para la cobertura de las vacantes laborales a adultos en edades centrales –entre 30 y 44 años–, afectando negativamente las posibilidades de empleo de quienes no se encuentran comprendidos en ese rango etario.

En nuestro país, la incidencia de este grupo es minoritaria, pero al mismo tiempo persistente. En efecto, según los datos proporcionados por la Encuesta Permanente de Hogares, la evolución de la tasa de inactividad (es decir de aquellos que no trabajan ni buscan hacerlo) entre 2004 y 2012 se mostró muy baja entre las personas de entre 30 y 44 años –en torno al 17/20 por ciento–, pero aumenta progresivamente entre los 45 y los 59 años. Tal comportamiento parece indicar que quienes han llegado a los 45 años y no disponen de un empleo estable, están expuestos a un riesgo mayor de exclusión laboral.

Esta tendencia no deja de ser algo sorprendente en la medida en que durante la última década la economía argentina creció en forma ostensible, como también lo hicieron el empleo y las remuneraciones. En la experiencia internacional ha sido frecuente constatar que el desempleo abierto así como el volumen de trabajadores desalentados varíen en forma contracíclica (es decir que disminuyen con el aumento del Producto Interno Bruto).

La evidencia del caso argentino constituye un primer indicio acerca de cierta peculiaridad de este grupo que lo emparentaría con situaciones de déficit social algo más permanentes. Ello refuerza la visión de que los trabajadores desalentados constituyen un grupo que debe ser tenido en cuenta en el diseño de políticas de protección social. Téngase en cuenta que tres de cada cuatro varones inactivos entre 45 y 59 años de edad no finalizaron el nivel medio de educación, cerca del 70 por ciento se encuentra ubicado en el 40 por ciento más pobre de la distribución del ingreso, algo más del 60 por ciento es jefe de hogar y más de la mitad carece de cobertura médica paga. En reiteradas oportunidades se ha mencionado que la variable determinante para la inserción ocupacional de los individuos es la educación. No obstante, el núcleo del problema no pareciera ser la “empleabilidad” de estos trabajadores por presentar insuficientes credenciales o aptitudes para la incorporación al mundo del trabajo.

El reconocimiento de este grupo social ameritaría avanzar en la discusión acerca de diferentes alternativas de universalización de la protección social con prescindencia de los vínculos que los individuos logran entablar con el mercado laboral. En nuestro país la ocasión para progresar en ese debate parece oportuna, puesto que se ha consolidado un amplio esquema de protección social. El Plan de Inclusión Previsional y la Asignación Universal por Hijo son ejemplos de ello. En el ínterin sería propicio diseñar políticas específicas destinadas a mejorar la situación laboral de este segmento.

Toda alternativa en esta dirección debería atacar las múltiples formas de discriminación que ocurren en las búsquedas laborales, eliminando los prejuicios y las prácticas excluyentes, particularmente con relación a la edad. Parecen viables, además, políticas activas de alianza entre el sector público y privado que fomenten el compromiso de inserción/reinserción laboral, fortaleciendo las acciones de responsabilidad social empresaria en su sentido más amplio. Asimismo, la economía social constituye una modalidad de intercambio laboral en crecimiento durante los últimos años que puede contribuir al logro de este objetivo.

No obstante, no debe soslayarse que el nivel de autonomía del mercado de trabajo es muy bajo respecto del funcionamiento económico y social. Por lo tanto, el éxito de todo programa o política destinado a mejorar la eficiencia de la intermediación laboral, o que intervenga en cualquier otro aspecto de la inserción al mundo del trabajo, estará sujeto a una satisfactoria dinámica de la demanda laboral que surgirá de altas y estables tasas de crecimiento económico.

* Investigadores Conicet-UBA y Citradis.