Con el objetivo de promover y proteger a los abuelos mendocinos y asegurarles, entre otros puntos, la asistencia médica y psiquiátrica, comenzará a debatirse en la Legislatura provincial un proyecto de ley para ampliar los derechos de los adultos mayores de nuestra provincia.

La iniciativa fue presentada por la diputada justicialista Mónica Zalazar, que propone modificar la ley 5.308, con el objetivo central de poner en valor y rectificar toda imagen estereotipada acerca de la vejez, desde los ámbitos de lo legal y lo social-cultural. "Tomando conciencia de toda la riqueza que pueden aportar a la sociedad a través de sus experiencias, y reconociéndolos como portadores de ese saber, y siendo postulados como sujetos de derechos y no como objetos que necesitan asistencia", indicó la legisladora.

La norma pretende garantizar la promoción, protección y ejercicio de los derechos de las personas adultas mayores; la igualdad de oportunidades; la seguridad social y acceso a una vida digna.

También, apunta a la responsabilidad de la familia; las funciones y deberes del Estado y plantea sanciones del incumplimiento de la norma que antes no estaban establecidas.

"Si bien algunas de las acciones que se plantean ya existen actualmente, se pretende mediante esta iniciativa que queden unificadas en un mismo cuerpo teórico", explicó la diputada.

En cuanto a la asistencia mínima que el Estado debe brindar a la población de adultos mayores, la iniciativa establece que se garantice la atención psiquiátrica y psicológica; la participación activa en las decisiones acerca de su salud e internaciones; mayor rigurosidad en el control de los lugares y del recurso humano (profesionales, técnicos, enfermeros y personal administrativo) que esté a cargo de la atención de los adultos mayores, como forma de protección de su integridad y su desarrollo.

Además, se busca generar sensibilización social acerca del proceso de envejecimiento; informar a la población en general sobre los beneficios que incorpora la norma para sus beneficiarios; asegurar un trato preferencial en todos los ámbitos públicos o privados que tengan relación con servicios que incluyan a esta población, a modo de beneficios y de que sea reconocida socialmente la peculiaridad de las personas adultas mayores.

Asimismo, se establecen varias modificaciones que amplían los derechos y beneficios con relación a lo laboral, sus posibilidades de educación, y crecimiento personal.

La autoridad de aplicación será el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia, que se encargará del control y diseño de las políticas públicas para efectivizar las disposiciones, de ser aprobada la norma propuesta, y generará los acuerdos necesarios para que sea aplicada.

Según se explica en el proyecto, este organismo podrá sancionar en caso de que se detecten irregularidades administrativas que hayan causado un perjuicio o daño inmediato o directo a una persona y/o cuando por el incumplimiento de los deberes de mantener personal capacitado, condiciones de higiene, seguridad, alimentación u otros directamente relacionados, se dañe la salud física o psicológica de una persona adulta mayor; cuando la institución haya sido sancionada anteriormente por los mismos hechos de incumplimiento de las condiciones mínimas de prestación del servicio de atención a las personas adultas mayores en el término de seis meses, o más de dos veces en el término de dos años y cuando exista algún tipo de agresión contra las personas adultas mayores, declarado por sentencia judicial firme.