Con el objetivo de combatir el crimen organizado, el diputado provincial demócrata Aldo Vinci presentó un proyecto de ley para que se modifique el Código Procesal Penal. La iniciativa contempla que, en un futuro, para aquellos casos donde se puede obtener el beneficio de la excarcelación a través del pago de una fianza, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la Dirección General de Rentas de la Provincia deberán dar el visto bueno sobre la legalidad del origen de la caución ofrecida para que el imputado obtenga la excarcelación.

Dentro del universo jurídico, se entiende por caución a una garantía que está destinada a asegurar el cumplimiento de una obligación que habitualmente es monetaria. En este sentido, el artículo 319 del Código Procesal Penal contempla diferentes tipos de fianzas, que van desde la caución juratoria, la personal del profesional que asiste al imputado, y la real, que opera sobre bienes inmuebles o muebles registrables del encartado.

En algunos casos, las fianzas operan sobre los bienes registrables y otras se fijan en una suma determinada de dinero, que debe ser depositada en el Banco de la Nación Argentina, una sucursal de Tribunales, a través de la orden del juzgado interviniente en la causa. Sin embargo, según lo manifestado por Vinci: "No existe un marco legal que permita que el origen del dinero o los bienes utilizados para el pago de una fianza sean investigados".

El diputado dijo: "La idea del proyecto es terminar, de una vez por todas, con la ruta del dinero". En este sentido, el legislador ganso agregó: "En muchos casos, hay gente que no tiene recursos y, de un momento a otro, deposita 50.000 pesos". Por otra parte, Vinci afirmó a este medio que, en el sistema judicial, está contemplado que aquellas personas que se encuentran privadas de la libertad, pueden acceder a los beneficios de la excarcelación a la través del pago de fianza, siempre que estén comprendidos en los supuestos del artículo 317 del Código Procesal Penal.

Sin embargo, para la determinación de la caución, el juez que interviene en una causa debe tener en cuenta la condición económica, la naturaleza del delito, la personalidad moral, los antecedentes del imputado y la importancia del daño causado. En cuanto a esta situación, Vinci considera que, en muchas ocasiones, los presos "no cumplen con los requerimientos económicos para el pago de una fianza".

Por lo tanto, el proyecto busca impedir que las distintas bandas delictivas que actúan en la provincia reúnan fondos para liberar a un delincuente. Debido a la creciente ola delictiva en la provincia, desde el bloque demócrata entienden que es necesario legislar sobre este asunto, para que los fiscales o jueces de Garantía o Instrucción, según sea el caso, exijan a los fiadores del dinero destinado al pago de fianza que justifiquen el origen legal de esos fondos.

El objetivo, básicamente, es evitar que este tipo de beneficios retroalimente el delito. Otro de los puntos destacados en la presentación del proyecto radica en torno a los controles desarrollados por la AFIP para realizar cualquier tipo de operación comercial. En este sentido, la iniciativa contempla que, si la Administración Federal de Ingresos Públicos investiga diferentes transacciones monetarias como la compra de dólares, también debería encargarse de las fianzas.

Al respecto, la crítica de Vinci está basada en que, luego de que la fianza es depositada, no hay ningún mecanismo que permita que el fiador justifique la procedencia legítima de la misma. Por otra parte, Vinci indicó que el diputado justicialista Daniel Cassia y el radical Luis Petri afirmaron que apoyarán el proyecto. Además, el diputado demócrata dijo que el presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Tanús, firmó el proyecto que será tratado próximamente.