Quizás se trate de la primera fricción entre el gobierno de Francisco Pérez y la Justicia. Ayer, el Gobernador anunció que en los próximos días llegará a la Legislatura el texto de autarquía judicial para que se convierta en ley y, de esta manera, dio el puntapié inicial para la discusión política que se viene. Esta iniciativa apunta a que el Poder Judicial administre sus propios recursos y, aunque los tres poderes coinciden en el concepto, hay diferencias en el modo en el que la Justicia debe financiarse.

El borrador del proyecto plantea en su artículo 6 que los recursos del Poder Judicial deben conformarse, principalmente, por el 7,90% de lo recaudado por Impuesto a los Ingresos Brutos, impuesto Inmobiliario, Automotor y Coparticipación Federal. Aunque el vicegobernador Carlos Ciurca confirmó ayer que "ese porcentaje subirá porque se está trabajando aún el texto", en la Suprema Corte no ven con buenos ojos que el presupuesto esté atado a la recaudación de impuestos.

El Máximo Tribunal aún no ha dado su opinión oficial sobre el asunto porque no ha recibido el proyecto pero, según pudo saber este diario, varios de los jueces (no sólo los supremos) pretenden que la iniciativa postule un incremento de la pauta actual de la Justicia (que es de 720 millones de pesos) y que, además, la autarquía tenga rango constitucional para evitar que, si se aprueba la ley, los próximos gobiernos den marcha atrás con la decisión. Es posible que la semana próxima, junto a estos dos pedidos, los ministros hagan públicas sus dudas sobre la constitucionalidad de la ley.

El titular del gremio de Judiciales, Carlos Ordóñez, también marcó diferencias con la iniciativa. "Estamos de acuerdo con la autarquía financiera del Poder Judicial como decisión política pero creo que habría que obtener los recursos de la coparticipación primaria y secundaria y de las regalías", afirmó Ordóñez. "Además, como algunos fondos se obtendrán de la tasa de Justicia, el Poder Judicial tiene que tener la función de recaudador, lo que le da una nueva necesidad", advirtió.

El proyecto surgió en medio del conflicto salarial entre el gremio y el Gobierno y, con esta nueva iniciativa, el sindicato deberá negociar sus salarios directamente con la Suprema Corte.

Ante las críticas que vienen de la Justicia, el Vicegobernador respondió. "Es lo mismo que los recursos salgan de un porcentaje fijo del presupuesto que de los impuestos porque, en definitiva, la pauta depende de la recaudación. La Justicia debe tener una relación directa con la realidad". Esa misma postura tomó el senador radical, Juan Carlos Jaliff. "Tienen que correr con la suerte del resto de la provincia", dijo. En tanto, el jefe del bloque demócrata, Carlos Aguinaga, pidió que el proyecto "salga con el consenso de la Suprema Corte y de todos los demás involucrados".

Ciurca enviará hoy el proyecto a todos los intendentes.