Los diputados Liliana Vietti (UCR) y Alejandro Viadana (PJ) confeccionaron juntos un proyecto de ley que busca otorgar una nueva medida de reparación para los ex presos políticos que fueron víctimas de torturas y prisión durante la última dictadura militar: se trata de otorgarles cobertura médica en la Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP), ya que más de 30% de las víctimas del gobierno de facto ronda o supera los 60 años de edad y no puede pagar una prepaga que les facilite la prevención o el tratamiento a sus enfermedades, en muchos casos, producto de las vejaciones en los años más oscuros de la historia nacional.

Este proyecto de ley se suma a la ley nacional que otorga una pensión graciable a ese sector. El mismo ingresó este martes a la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC), de la Cámara Baja, donde sus miembros analizan principalmente el impacto económico que tendrá para el Estado provincial el pase de más de cien ex presos políticos a la Osep, cifra que se estimó, tras un relevamiento realizado a principios de este año.

Según la diputada Vietti, la agilización del estudio del proyecto en comisiones y el siguiente tratamiento dentro del recinto legislativo es “fundamental” para complementar la ley promulgada el año pasado por el Ejecutivo, que permitió otorgar pensiones graciables a las víctimas de la última dictadura cívico militar.

Pagar a Osep con la pensión

Esta vez, el Estado no tendría que poner la totalidad de los montos, sino que el proyecto apuesta a que el centenar de ex presos pueda pagar la obra social estatal con parte del propio subsidio que reciben mensualmente desde el año pasado. “Se deduciría sólo una parte correspondiente del subsidio a la cuota de Osep. Sería un pase automático y contempla el beneficio de cobrar un menor monto a un ex preso que si se afilia una persona que no es empleada pública. Creemos que es una obligación del Estado hacer una política de reparación no sólo desde lo económico sino también desde la salud”, explicó Vietti.

Por lo tanto, en vez de pagar una cuota tradicional los ex presos políticos, si el proyecto se hace ley, podrían pagar una cuota equivalente a 3% de su pensión vitalicia. Los ex presos reciben ahora 3.300 pesos de pensión.

El resto, sería absorbido por la Patronal, en este caso, el Estado provincial, por lo que se especula que el proyecto pasará, obligatoriamente, por ambas cámaras legislativas.

La medida será optativa para los ex presos políticos, ya que no tienen obligación de deducir parte de su pensión a una obra social. Aunque el vicepresidente de la Asociación Mendocina que los nuclea, Daniel Tagarelli, señaló ayer que “es una necesidad de muchos compañeros”.

De hecho, el mismo Tagarelli fue quien instó a los legisladores a que den impulso a este nuevo proyecto de ley. Ahora que está presentado, la Asociación de Ex presos Políticos durante la Dictadura en Mendoza quiere que las comisiones den un despacho favorable.

La propuesta apunta a ampliar un artículo de la ley 8.395, de Osep, donde se pide incorporar “a los beneficiarios vitalicios que fueron condenados durante la última dictadura militar”. En esta caso, habría que modificar un inciso para que cien mendocinos puedan obtener la categoría de “afiliados” a esa obra social.

Ya hubo reuniones previas entre el diputado oficialista Alejandro Viadana, el propio Tagarelli y el titular de la Osep, Alberto Recabarren. Este último se comprometió a realizar una proyección presupuestaria para saber cuál sería el impacto económico para el Estado y por ende, cuál es la partida que habría que sumar en el presupuesto 2014.

Una necesidad de 30 años

Actualmente hay 500 inscriptos en las oficinas de Derechos Humanos con aspiración de recibir la pensión graciable del Estado. Sólo 300 la reciben y hay un poco más de 100 que no tiene ningún tipo de cobertura médica.

Tagarelli explicó por qué la importancia de que se implemente el nuevo proyecto: “Ocurrió que durante tres décadas que muchos militantes quedaron sin trabajo y fueron discriminados laboralmente por sus antecedentes políticos. El colectivo de compañeros que fueron ex presos políticos se ganaron la vida como cuentapropistas; es decir, sin aportes jubilatorios ni obra social”, resumió.

Y agregó: “Hay estadísticas nacionales que reflejan que las secuelas de las torturas se ven cuando se cumplen 60 años y muchos no tienen obra social”.

Todo indica que el proyecto no tendría demasiadas trabas y que en octubre tendría media sanción en Diputados.