La Constitución de la provincia es centenaria, diseñada de acuerdo a parámetros sociales muy distintos a los actuales. Por tal motivo no contempla derechos de las mujeres ni de la diversidad, no garantiza la libertad para elegir y refiere a un único modelo de familia. 

Por eso, se propone diseñar un nuevo texto que contenga una mirada actual, diversa y con perspectiva de género. De acuerdo a las consideraciones de especialistas en el tema que expusieron ayer en la Legislatura provincial, esto estaría a tono con el contexto social contemporáneo, las nuevas leyes nacionales y tratados internacionales a los que adhiere el país. 

Una nueva Constitución “es necesaria por distintas razones, la sociedad ha cambiado descomunalmente en 100 años (la vigente data de 1816) y pese a que era de avanzada para la época ha quedo desfasada”, subrayó Eleonora Lamm, doctora en Derecho, investigadora y subdirectora de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza.

Explicó que se logra compensar esta falencia con leyes y adhesión a pactos internacionales pero esto también puede generar resistencias. “Siempre que las normas entran en contradicción es malo porque eso genera interpretaciones”, resaltó mientras que hizo hincapié en que “el reconocimiento de derechos en la constitución es algo político”. Lamm expuso junto a la abogada constitucionalista Gabriela Ábalos y la doctora Graciela Medina, en el coloquio “Perspectiva de Género en el marco de la reforma constitucional”. Se enmarca en una serie de encuentros que organiza la Casa de las leyes para sumar diferentes puntos de vista de especialistas a la conformación de una nueva Carta Magna para los mendocinos. 

“En materia de género es una constitución pensada por varones y en esa época también para varones. Desde ese punto de partida podemos imaginar el resto”, manifestó. 

Destacó que en aquel entonces el mundo giraba en torno a los hombres y eran ellos los que accedían a la política. La representatividad de las mujeres era nula mientras que se postulaba un único modelo familiar y hoy ya no.  La mujer ocupaba un único rol en materia familiar y organizacional.

Habló de la necesidad de que una reforma considere la diversidad y el libre ejercicio de los derechos de todas las personas; esto incluye entre otros aspectos los derechos reproductivos. 

“Hoy se habla de género en sentido amplio y hay muchos sujetos de la diversidad que son invisibilizados en la Constitución para la que no existían las personas que se apartaban del parámetro heteronormativo”, explicó.

Sello propio

Las expositoras hicieron hincapié en que la constitución vigente fue vanguardista para la época. Mendoza fue la primera en cumplir con el mandato de la Constitución Nacional: que cada provincia tuviese su propia Carta Magna. La primera fue sancionada en 1853 y la segunda un año después. Sin embargo, ha corrido mucha agua bajo el puente y al respecto, la doctora Ábalos destacó  la importancia de que exista una Constitución actualizada que contemple la realidad local. Explicó que la nacional es el piso mínimo que debe respetarse pero a partir del cual las constituciones provinciales deben tener en cuenta sus propios contextos y aprovechar la posibilidad de sumar valor agregado con una ampliación de derechos respecto de  la propuesta nacional. 

Explicó que las Constituciones mendocinas de 1910 y 1916 hacían una mínima referencia a la mujer, llamaba a reglamentar el trabajo de la mujer y los niños menores de 18 años (la equipara con éste último)  y consideraba su capacitación para las tareas domésticas campesinas. 

Hacia adelante

Las expositoras resaltaron los aportes de la legislación de los últimos años y subrayaron la importancia de que una nueva constitución garantice la igualdad de oportunidades y el libre ejercicio de los derechos de todas las personas. 

La doctora Gabriela Ábalos manifestó que en las constituciones vigentes se plantean trabajar en el punto de llegada, lo que debe cumplirse, como por ejemplo, el cupo femenino. Pero advirtió que también puede abordarse desde los puntos de partida, es decir, “derribar los obstáculos que impiden la equidad en el punto de llegada”, explicó.

Con jerarquía constitucional

Durante todo este tiempo ha habido instrumentos internacionales con jerarquías constitucionales y leyes que han permitido actualizar la normativa. Esto particularmente concentrado los últimos años. Algunas normas aprobadas en el país fueron un modelo luego copiado por otros países como la ley de Identidad de Género (26.743).

Sobre lo último pueden señalarse la ley 26.485 de Protección Integral de las Mujeres; la 27.412 de Paridad de Género en ámbitos de Representación Política o, entre otras, como la de Matrimonio Igualitario y la Ley de Salud Sexual y Procreación Responsable. 

Participación ciudadana

Hay varios intentos fallidos de lograr la reforma constitucional en gobiernos anteriores. Para la vicegobernadora Laura Montero, que lidera esta nueva cruzada, esto se debe a que suele creerse que apunta sólo a la reelección de autoridades. En diálogo con Los Andes manifestó: “Siempre se ha hecho sin escuchar a la ciudadanía, la de Iglesias, Cobos, Pérez surgieron promocionando consensos políticos y no con la ciudadanía. Por eso es importante su participación”.

Desde la Legislatura provincial trabajan en sumar ópticas diversas para avanzar y lograrlo y por ello está  abierta a escuchar.

“¿Sabías que en la Constitución vigente (1916) no están presentes la forma democrática de gobierno, la participación ciudadana, la protección del ambiente, la protección de los recursos naturales, la protección y gestión integral de los recursos hídricos, las políticas de estado de largo plazo en materia de salud, educación, cultura, ciencia y técnica, el acceso a la vivienda digna y al hábitat; la seguridad ciudadana, la equidad de género, la protección de la niñez, la adolescencia y de los adultos mayores, derecho a votar a los 16 años?”, preguntan en sus publicaciones para fijar postura sobre la necesidad de lograrlo. Y marca lineamientos cuando agrega que la nueva Constitución debe obligar a una mayor transparencia y eficiencia en el Estado, profundizar la igualdad, incluir una política pública de ordenamiento territorial, entre otros aspectos.