Modificarán la ley provincial de áreas protegidas para incorporar la categoría de “reserva privada” y que de este modo, el espacio resguardado de Villavicencio –gestionado por la empresa Danone– sea contemplado en el marco regulatorio general. Actualmente, la zona está amparada por una resolución de la Dirección de Recursos Naturales y Renovables, que carece de jerarquía y sustento legal. La propuesta surgió de un acuerdo entre distintos sectores cuando se debatía en la Legislatura la posibilidad de que ese espacio de 72.000 hectáreas ubicado en Las Heras fuera convertido en Reserva Natural Provincial, pasando su administración a manos del Estado.

Ante las dificultades presupuestarias públicas, tanto los legisladores que impulsaron iniciativas al respecto, como las autoridades de Ambiente y los empresarios, entendieron que podía ampliarse la cobertura de la norma. De esta manera, se avalaba la gestión de la empresa de aguas, dados los resultados favorables que –a la luz del Gobierno– arrojó el trabajo que hasta ahora hizo esa firma. La existencia de un nuevo rango permitirá en un futuro a los privados proteger la biodiversidad de sus tierras, si así lo ameritan las mismas.

Daniel Gómez, director de Recursos Naturales, habló sobre la forma de incluir la nueva categoría: “Puede ser por medio de una modificación de la ley 6.045 (Régimen de Áreas Naturales Provinciales) o a través de una norma que complemente a la anterior. Lo importante es que no estamos hablando de una ley para Villavicencio, sino de la regulación general de una categoría que existe en la práctica y que no está contemplada en la norma creada en 1993”.

El funcionario de la Secretaría de Ambiente propuso después que en el análisis de la nueva ley se incluyan otros casos. Se refiere a los corredores biológicos (nexos de especies, sobre todo, animales, entre un sector preservado y otro) y las reservas municipales, que hoy se establecen por medio de ordenanzas o resoluciones, como es el caso de Villavicencio.

“Entre Malargüe y Neuquén, por ejemplo, se hace necesario un ámbito donde el Estado articule con los privados el manejo de la tierra, para garantizar la biodiversidad ante el avance de la actividad minera y petrolera. Sin la necesidad de crear un área natural se conforma en este tipo de casos un corredor biológico para conservar, por citar un ejemplo, la creciente migración de guanacos”, ejemplificó Gómez.

Adelantó que es posible que el Estado presente un proyecto que incluya las nuevas realidades que se suman a la protección de los territorios.

Particularidades del caso

Hace dos años un proyecto del diputado demócrata Aldo Vinci impulsaba la declaración de Villavicencio como una Reserva Natural Provincial.

El legislador había presentado una propuesta similar en 2007 siendo concejal de Las Heras, que no prosperó en el ámbito municipal.

En la Legislatura, la iniciativa tuvo despacho favorable de la Comisión de Ambiente y pasó a Legislación y Asuntos Constitucionales, donde surgió la nueva discusión. Los involucrados se tomarán 30 días para hacer consultas pertinentes y definir un proyecto que aúne criterios.

“Cuando en el año 2000 el Gobierno acordó con Danone la creación de la reserva privada Villavicencio lo hizo mediante una resolución. Mi propuesta era traspasar al sistema provincial el área privada, lo que implicaba, además de la expropiación de las tierras, un esfuerzo presupuestario del Estado para asumir los gastos, hoy a cargo de la empresa. Son algo de $2.700.000 para el plan de manejo (directrices para la ejecución de la protección) y $360.000 en gastos de otro tipo, los que insume la reserva de Villavicencio”, explicó Vinci y añadió: “El desafío ahora es mejorar esa iniciativa para que la ley general contemple a las reservas privadas gestionadas por una empresa pero controladas a través de organismos oficiales”.

Por qué no la gestiona el Estado

El Sistema de Áreas Naturales Protegidas de Mendoza comprende diez reservas naturales, tres parques provinciales, un monumento natural y una reserva privada, aunque esta última no está categorizada por ley.

La Secretaría de Ambiente dispone de $9.000.000 para la administración de las mismas –a excepción de Villavicencio que es de gestión privada–, obtenidos de los aranceles que se cobran en el Parque Aconcagua, en Laguna del Diamante y en la Caverna de las Brujas.

A esta cifra se suma el dinero para los salarios del personal afectado a la conservación.

Salvo Villavicencio, ninguna de las áreas tiene su plan de manejo actualizado y la escasez de guardaparques es notoria: cada zona tiene dos por turno, pese a que se trata, en casos como el de La Payunia, de extensiones de 665.682ha.

“Por el valor ambiental de estos espacios, hay que definir otros modos de financiamiento. El crecimiento de la superficie conservada no puede sostenerse sólo con la recaudación ”, dijo el funcionario.

Planteó que la discusión debe darse a nivel nacional: “Los parques nacionales (en Mendoza no hay) son 38 contra las poco más de 400 áreas provinciales existentes en el país. La Nación debe generar herramientas para gestionar y fortalecer las instituciones de las provincias”.