El Gobierno comienza a transitar hoy un mes dotado de una agenda política de la que pueden resultar definiciones. Una visita presidencial y los acuerdos con la oposición marcan el pulso de octubre.

Viene Cristina

Desde que se supo que la Presidenta vendría a Mendoza este mes, la expectativa va en aumento. El trascendido tomó forma de primicia la semana pasada, cuando el propio gobernador, Francisco Pérez, confirmó que la primera mandataria llegará a la provincia para inaugurar alguna de las obras que Mendoza estrena en octubre.

Sin fecha confirmada, dos hechos se perfilan como ideales para una visita presidencial: la inauguración de la pista de aterrizaje que la minera Vale opera desde mayo en Malargüe y la apertura del centro cultural Julio Le Parc.

La primera, confirmada para el 8 de octubre, serviría para que el Gobierno nacional ofrezca un nuevo espaldarazo a una minería aún cuestionada por la sociedad. La segunda, se daría en un marco festivo y con la presencia de funcionarios nacionales y referentes de la cultura argentina.

En cualquier caso, se trata de una nueva oportunidad para que Paco se muestre cerca de Cristina y reafirme el alineamiento de su gestión con el modelo K.

El futuro de la Justicia

El Ejecutivo envió el proyecto de autarquía judicial el mes pasado. Desde entonces, mucho se habla sobre el tema. El gran desafío ahora pasa por sumar voluntades en sectores de la Justicia que desde un comienzo se mostraron reticentes a algunos puntos de la iniciativa que busca otorgarle la independencia financiera al aparato judicial.

Con el aval radical en la Casa de Leyes, estarían dadas las condiciones para que la autarquía judicial esté pronta a convertirse en ley. Sin embargo, desde la Suprema Corte ya advirtieron que se necesita garantizar un piso presupuestario mucho más alto que el previsto en el proyecto. Mientras, el Gobierno garantiza $900 millones, desde el máximo tribunal aseguraron que se necesitan $1.300 millones para que la Justicia funcione correctamente.

Por lo pronto, octubre será un mes clave para la posible aplicación de la independencia financiera de la Justicia mendocina. De arranque, este mediodía representantes de la Asociación de Magistrados de Mendoza estarán brindando su postura en la Legislatura.
Para el Gobierno, se trata de una apuesta fuerte y un proyecto clave que significaría, entre otras cosas, que la discusión salarial cambie de interlocutor y que sea la propia Justicia la encargada de paritar con sus trabajadores.

Puestos claves

Se vienen días de definiciones para cargos en los que el gobernador tiene la facultad de elegir postulantes. El más relevante es el que quedó vacante en la Suprema Corte, tras la renuncia del juez Fernando Romano. Pero el más avanzado es el lugar que quedó vacío en el Tribunal de Cuentas, una vez que presentó su renuncia Alberto Zeballos, uno de los cuatro vocales que tenía el organismo que se ocupa de los caudales públicos mendocinos.

En este puesto, Pérez puso a consideración el pliego de Héctor Caputto y las diferencias con la oposición no se hicieron esperar. Mediante el envío de una nota, el bloque de senadores radicales le hizo saber a Pérez su disconformidad tras una audiencia pública en la que el postulado se negó a contestar algunas preguntas.

En cuanto a la vacante en el máximo tribunal, reina el hermetismo. En setiembre la danza de nombres estuvo a la orden del día. Pero el gobernador puso paños fríos limitándose a señalar que el ofrecimiento está hecho y que sólo está esperando respuestas.

Militando la reforma

Al tiempo que milita la necesidad de adecuar la constitución mendocina a estos tiempos, el Gobierno lucha por desactivar la idea de que el fin único es lograr la reelección. Para esto, es importante el acercamiento con los sectores de la oposición. Las instrucciones del Ejecutivo a los intendentes justicialistas apuntan a la búsqueda de consenso.

Desde la UCR ya avisaron que la prioridad es una reforma electoral. Para los radicales, los cambios en la manera de votar tienen la ventaja de contar con un debate más ágil y con resultados a corto plazo.

El Gobierno no pierde oportunidad para insistir con reformar la Constitución. Ya ha dejado en claro que si la reelección representa un obstáculo, podría ser apartada en pos de que Mendoza pueda actualizar su modelo institucional.