La democratización del Poder Judicial anunciada por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en los últimos meses del año pasado podría tener su primer avance efectivo luego del comienzo del año legislativo, en caso de que prospere un proyecto presentado por el Frente para la Victoria en la Cámara de Diputados que plantea incorporar a jueces y funcionarios judiciales al pago del Impuesto a las Ganancias, del que están exentos por una acordada de la Corte Suprema menemista de 1996. “Se trata de hacer cumplir la Constitución, que dice que todos los argentinos son iguales ante la ley”, le explicó a Página/12 el legislador salteño Pablo Kosiner, autor de la iniciativa, que ingresó el viernes pasado al Congreso con la firma de Carlos Kunkel y Diana Conti, entre otros. “Es el primer paso de muchos”, advierten en el kirchnerismo: se espera que la mandataria anuncie, el 1º de marzo, durante el discurso de apertura de sesiones, otras iniciativas enmarcadas en el mismo sentido.

La exención a los funcionarios judiciales de pagar Ganancias proviene de una interpretación del artículo 110 (ex 96) de la Carta Magna, que establece que los jueces “recibirán por sus servicios una compensación que determinará la ley y que no podrá ser disminuida en manera alguna mientras permanecieren sus funciones”. Es lo que en la jerga se denomina “intangibilidad” de los salarios judiciales. Para los impulsores del nuevo proyecto, esa norma no se aplica a la carga tributaria que alcanza a todos los ciudadanos. “La Constitución dice que todos son iguales ante la ley. Sí sería inconstitucional que el Gobierno creara un impuesto que sólo afectara a los jueces –argumentó Kosiner–. Muchos argentinos hacen un esfuerzo para pagar el Impuesto a las Ganancias contribuyendo con el fisco argentino. No resiste el análisis que uno de los sectores con mejores ingresos, dentro del ámbito público, no lo pague.”

Un poco de historia

El debate viene de larga data: fue en 1936 que la Corte Suprema decidió por primera vez (en el fallo “Medina”) que una carga tributaria de esta naturaleza es “violatoria de la Constitución en cuando impone una contribución sobre el sueldo de los magistrados judiciales”. Ese criterio fue tomado de la jurisprudencia de los Estados Unidos sobre el tema. Curiosamente, tres años más tarde, la Corte Suprema norteamericana abandonó esa doctrina sosteniendo que “someterlos a un impuesto general es reconocer simplemente que los jueces también son ciudadanos y que su función particular en el gobierno no genera una inmunidad para participar con sus conciudadanos en la carga material del gobierno cuya Constitución y leyes están encargados de aplicar”.

No obstante, el Poder Judicial argentino mantiene ese privilegio. En 1996, incluso, el Congreso sancionó la ley 24.631, derogando las exenciones impositivas que comprendían a los jueces, a lo que la Corte Suprema de ese momento (integrada por Julio Nazareno, Eduardo Moliné O’Connor, Carlos Fayt, Augusto Belluscio, Antonio Boggiano y Gustavo Bosser) respondió con la acordada 20/96 que declaró la “inaplicabilidad” de esa norma para “salvaguardar la independencia” del Poder Judicial. “Lo que el máximo tribunal no explica y resulta de ardua comprensión es por qué los jueces van a dejar de ser independientes al aplicárseles un tributo proporcional, general y uniforme –plantea el nuevo proyecto de ley–. Es decir, por qué si tributan van a ser dependientes, y de quién.”

“Anuncios de mayor envergadura”

“Es razonable dar la discusión y que los jueces paguen Ganancias”, sostuvo en varias ocasiones el jefe de la bancada oficialista, Agustín Rossi. “Es un tema que está hace varios años en agenda y nunca llegó a cristalizarse”, dicen, de todos modos, en ese bloque. El devenir de la relación política entre el Poder Judicial y el Ejecutivo, que tuvo momentos de alto voltaje hacia finales de 2012, también influirá en este proyecto y en otros afines que podrían sumarse a la orden del día en las próximas semanas.

Otro diputado kirchnerista sugirió que en el discurso presidencial de apertura de las sesiones ordinarias puede haber novedades. “Esto hay que inscribirlo en el marco de una estrategia de más volumen alrededor de la democratización del Poder Judicial. No me sorprendería que haya anuncios de mayor envergadura”, especuló. La legisladora Diana Conti, firmante del proyecto, le aseguró a Página/12 que “es un tema que cuenta con la adhesión de Cristina desde hace tiempo” y recordó que “la Presidenta ha dicho públicamente que tiene varias iniciativas pensadas al respecto y que será ella quien las anuncie cuando lo considere conveniente”.

El objetivo del oficialismo es sumar el mayor apoyo posible para dotar de legitimidad a la iniciativa teniendo en cuenta que es difícil que los jueces se sometan “por las buenas” a la decisión y que, aunque se apruebe la ley, la Corte Suprema podría retrotraer la situación con una nueva acordada. Aunque ha habido voces dentro del tribunal que se manifestaron a favor de una iniciativa de este tipo (la de Eugenio Zaffaroni, en las últimas semanas, y también del titular del Tribunal, Ricardo Lorenzetti), “hasta ahora sólo se quedaron en lo retórico”, se lamentó Kosiner.

También resta ver si el pago se aplicará automáticamente a todos los jueces o solamente a aquellos que sean nombrados una vez que entre en vigencia la ley, o si se establece un mecanismo gradual de adaptación, algo que no está previsto en el proyecto pero “podría evaluarse”, según consideró el autor. “Más allá de cómo se termine por implementar, lo importante es que esta es una demanda de la sociedad argentina y la Presidenta viene insistiendo claramente en el tema. Nosotros tenemos que acompañarla en la línea que ha planteado”, sostuvo Kosiner.

“Lo que viene a aportar este proyecto de ley, además de enmarcarse en la democratización de la Justicia, es dar un importante paso en el sentido de eliminar los privilegios, dando operatividad además a los principios de igualdad, equidad y solidaridad en el cumplimiento de las cargas públicas”, sostiene en sus fundamentos el texto presentado en Diputados.