Las guaridas fiscales sirven para esconder activos y flujos financieros, evadir impuestos, eludir regulaciones vinculadas al control de capitales, ocultar la identidad de los beneficiarios finales y el origen del dinero cuando este proviene de la evasión, la corrupción, el narcotráfico o la trata de personas. Representan uno de los problemas centrales de nuestra economía. Un cálculo de la ONU sobre el impacto de la evasión y elusión impositiva de las multinacionales a nivel mundial, reveló en 2017 que Argentina pierde unos 21 mil millones de dólares anuales por esta canaleta. 

¿Es posible combatir esta problemática sin un acuerdo internacional? Algunas iniciativas nacionales ofrecen ejemplos para tener en cuenta. Brasil cuenta, desde hace años, con un sistema simple de precios de transferencia que define márgenes fijos por sectores y se aplica a empresas vinculadas y a operaciones con guaridas fiscales. En España más de 70 municipios –entre ellos, Madrid y Barcelona– se encuentran comprometidos a que no haya contrataciones con empresas que desvíen las utilidades de dicha contratación a guaridas fiscales. Ecuador tiene una ley de pacto ético que descalifica de la función pública a las personas que tengan activos en guaridas fiscales. En un tema tan técnico, los detalles suelen ser esenciales. Empecemos por uno elemental: ¿qué jurisdicciones son guaridas fiscales?

El Índice de Secreto Financiero elaborado por la organización británica Tax Justice Network es la herramienta más precisa disponible hoy, ya que pondera el grado de opacidad financiera de una jurisdicción con el peso que tienen en la economía global. Con esta perspectiva, el mito del paraíso fiscal de playas y palmeras se diluye: Suiza, Estados Unidos, Luxemburgo, Alemania, el Reino Unido y sus satélites coloniales, son los grandes centros financieros para la evasión global. 

En el plano de las multinacionales, responsables de un 65 por ciento de los flujos financieros ilícitos globales, el tema es de tal importancia que los países centrales se han involucrado activamente en la discusión. De más está decir que estas iniciativas chocan con los propios intereses cruzados del mundo desarrollado, pero contienen elementos que contribuyen a plantear una hoja de ruta. 

Un hallazgo de la iniciativa contra la erosión de la base y el desvío de utilidades (BEPS, por sus siglas en inglés), impulsada por el G20/OCDE, es el informe país-por-país que exige que las multinacionales revelen dónde operan, qué capital, empleados, ventas y ganancias tienen y cuánto pagan de impuestos país por país. Esta iniciativa, que permite medir el nivel de actividad real y, por tanto, la carga impositiva que deben afrontar las corporaciones en cada país, ha sido implementada por Argentina, aunque con una serie de limitaciones. La limitación más flagrante es que solo se aplicará a casas matrices localizadas en Argentina que facturan más de 750 millones de Euros anuales. 

En la práctica, esto cercena el universo total a unas 10 empresas. Basta contrastar este dato con la estadística del INDEC de 2017 para ver cómo una medida interesante en el papel es maniatada con la letra chica. En ese año de las 500 más grandes empresas del país, 301 eran de capital extranjero en 2017. 

Un nuevo gobierno puede exigir, entre otras cosas, que el informe país-por-país de las multinacionales sea público y alcance a empresas que facturen más de 40 millones de euros, ambas cuestiones incorporadas en 2018 por el Parlamento Europeo. También es necesario hacer pública la información de los registros comerciales, de tierras rurales e inmobiliarios urbanos, e incluir un registro público de beneficiarios finales que obligue a todas las personas físicas y jurídicas que operan en el sistema financiero, a identificar a los beneficiarios últimos poseedores de 1 por ciento o más de las acciones del grupo.

También es necesario revisar las normas sobre las operaciones intra-grupo (que algunos ubican en un tercio del comercio mundial, pero podría ser más) y hacer una profunda reforma tributaria que permita al sistema ser más eficiente y redistributivo. Sin comenzar a dar esta batalla, viviremos siempre en esta zozobra capaz de desestabilizar cualquier programa económico por medio de la fuga de capitales, la evasión fiscal y el impacto devastador que tienen sobre todas las variables económicas. 

* Economista - asesora en Justicia Fiscal del Grupo de Izquierda en el Parlamento Europeo.

La experiencia ecuatoriana

Por Andrés Arauz * 

Durante el gobierno de Rafael Correa, Ecuador cambió su Constitución para poner la soberanía económica, la justicia social y la lucha contra la corrupción como objetivos constitucionales. La Constitución ordenó un ambicioso plan de desarrollo que requería tasas de inversión pública entre 10 y 14 por ciento del PIB. Eso requería triplicar la recaudación fiscal mediante el combate a la evasión tributaria de las transnacionales extractivas y las élites nacionales fuertemente vinculadas al aparato político. El FMI estima que la fuga de capitales suma 20 por ciento del producto y se encuentra escondido en guaridas offshore, la mayoría en Estados Unidos y Panamá. Más allá de los imperativos ideológicos del gobierno, hubo puro pragmatismo en la decisión de ponerse a la vanguardia de la lucha contra los paraísos fiscales: era esencial para evitar futuras crisis, preservar divisas y financiar su plan de desarrollo.

El telón de fondo de esta lucha fue la brutal crisis económica de 1999. En ese momento dos tercios de los depósitos ecuatorianos estaban en las Islas Caimán, Montserrat o Curazao. La situación era insostenible: la élite fugaba sus capitales a los bancos offshore, y minaba la liquidez nacional, devaluando al sucre y profundizando la crisis. Más del 70 por ciento de los bancos quebraron: millones de ecuatorianos emigraron. El costo al Estado de la debacle fue de 8 mil millones de dólares, un tercio del PIB de la época. Ecuador terminó en ese chaleco de fuerza que es la dolarización a partir del año 2000. 

Conscientes de esta centralidad del mundo offshore, el gobierno de Correa implementó medidas –principalmente tributarias– para combatir a la corrupción escudada en los paraísos fiscales. Se legisló la auditoría de precios de transferencia, se establecieron tarifas diferenciadas de impuesto a la renta para capitales destinados a paraísos fiscales, se prohibieron contratos estatales con empresas con accionistas en paraísos fiscales y se dictaminó la transparencia obligatoria de los accionistas directos e indirectos de todas las corporaciones ecuatorianas. A nivel financiero, se prohibió que los bancos ecuatorianos (y sus propietarios) puedan poseer bancos en paraísos fiscales. Estas medidas mitigaron la salida de dólares y judicializaron la evasión tributaria.

En 2016, bajo el impacto de los Panama Papers, el gobierno de Correa propuso combatir esta corrupción de cuello blanco con su propuesta de “pacto ético”: prohibir que funcionarios públicos puedan tener capitales en paraísos fiscales. Sometida a referendo en 2017 la iniciativa ganó con 55 por ciento de los votos. La ley estableció una transición de un año, hasta marzo de 2018, para que los funcionarios se deshagan de sus activos offshore. 

En Ecuador las grandes fortunas, el poder político y los paraísos fiscales forman un mortífero triángulo como demuestran los casos de los ex candidatos presidenciales Alvaro Noboa y Guillermo Lasso. En marzo de 2019, PáginaI12 reveló que otro supermillonario, Jaime Nebot, varias veces candidato a presidente y ex alcalde de Guayaquil, violó el Pacto Ético, al mantener vigente su fundación panameña y constituir una nueva offshore estadounidense en el Distrito de Columbia. Otro caso resonante que puso al descubierto la ley del Pacto Ético es el del presidente Lenín Moreno salpicado por la revelación de empresas offshore en Belice y Panamá a nombre de su círculo familiar.

¿Qué lecciones podemos sacar de esta experiencia ecuatoriana? Los controles tributarios a los paraísos son importantes, pero insuficientes. Los grandes capitales aprovechan las lagunas legales: usan testaferros, circulan por varias jurisdicciones, etc. Mientras la evasión es transnacional, los órganos de control y justicia tienen límites jurisdiccionales.

En este sentido es importante priorizar los controles preventivos: en vez de perseguir el dinero en países lejanos, debemos impedir que se fugue. Se necesitan controles estrictos, democráticos y transparentes a la salida del dinero de nuestros países y francas prohibiciones a la utilización de empresas de papel, a los contratos públicos con empresas cuyos accionistas tengan offshore y a la financiación partidaria a personas con vínculos en guaridas fiscales. Si Argentina quiere llevar adelante una exitosa estrategia contra las guaridas fiscales que cierre el grifo de la fuga de capitales, tendrá que clausurar todas las lagunas legales visibles en la experiencia ecuatoriana.

* Economista ecuatoriano de la Universidad Nacional Autónoma de México.