En una semana que se perfila rica en debates y, quien dice, en anuncios democratizadores para el Poder Judicial, el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, se las ingenió para hablar primero, embanderado en el aniversario 150 del tribunal. Con un discurso que evitó alusiones directas a los jueces, fiscales, defensores y académicos que firmaron el documento “Justicia legítima” y que promueven la discusión de reformas culturales y anticorporativas, el juez supremo dijo que “no hay que tener miedo a los debates fuertes” aunque pidió, sugestivamente, no detenerse “en cuestiones menores” o “peleas de vecinos”. En una exposición de tono político enumeró hitos de su gestión y de su “generación” en la Corte, que consideró autora de cambios importantes y condensó en dos frases alusivas al reconocimiento de los crímenes de lesa humanidad y los derechos económico-sociales: “La Corte ha dicho Nunca Más”, proclamó, y con picardía agregó “Nunca Menos”, una expresión con la que se suele recordar a Néstor Kirchner. Fue un mensaje moderado, por tramos conciliador, capaz de contentar a un espectro variado de escuchas. Aclaró que lo consensuó con sus colegas, pero llevaba su sello.

La sala de audiencias de la Corte desbordaba. El patio aledaño también. Desde el alto tribunal habían llamado uno por uno a decenas y decenas de jueces para que estuvieran allí. En las primeras filas se apoltronaron los socialistas Hermes Binner y Rubén Giustiniani, los radicales Ernesto Sanz y Oscar Aguad, el titular de la Auditoría General Leandro Despouy, el Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, el ministro macrista Guillermo Montenegro, la Madre de Plaza de Mayo Nora Cortiñas y el titular del gremio judicial Julio Piumato. Afuera, una fila de chicos con guardapolvo blanco. Había jueces federales, camaristas y algunos fiscales. Todo el mundo reparó en la ausencia del ministro de Justicia, Julio Alak, y su secretario de Justicia, Julián Alvarez, pero lo que más llamó la atención fue el faltazo sorpresivo de la procuradora general, Alejandra Gils Carbó, y de la defensora general, Stella Maris Martínez. Ambas son fuertes referentes de los magistrados nucleados en “Justicia legítima”, quienes ya habían anunciado un encuentro de debate para hoy y mañana en la Biblioteca Nacional cuando Lorenzetti decidió agendar para un día antes el evento supremo. Se anticipaba también, tres días, a la Asamblea Legislativa donde no se descarta que Cristina Kirchner haga algún anuncio vinculado con reformas en el Poder Judicial. Colaboradores de Martínez y de Gils Carbó alegaron problemas de agenda, pero la intención de tomar distancia fue más que evidente.

Es habitual que Lorenzetti haga discursos de apertura del “año judicial”. Este año, además, se exhibió un video donde cada uno de los supremos hacía un balance histórico. El presidente en general habla por sí mismo, aunque parece que lo hace por todos. Fue novedoso que ayer aclarara que había acordado el texto con sus colegas. Se lo vio leer más que otras veces, medido, sin agregar palabras al papel. “Nosotros pensamos que el Poder Judicial también debe cambiar, y que esos cambios deben ser en beneficio del pueblo”, mostró una veta sensible al debate creciente, que habla de democratizar, un término que obvió. Coqueteó con el tema, pero sólo dijo que estaba a favor de que los “todos jueces paguemos Impuesto a las Ganancias” cuando a la salida lo encararon los movileros de radio y televisión. “Lo expresé cuando fui confirmado en el Senado”, aclaró. En su exposición oficial dijo que aunque “no es tradición” en la Corte impulsar cambios, la composición suprema actual lo hace “y hace cinco años que realizamos conferencias nacionales de jueces de todo el país, que consensuaron varias políticas de Estado”.

En rigor, esos encuentros (donde no se habla del pago de impuestos o el ingreso democrático a la carrera judicial) suelen tener la impronta de las entidades tradicionales como la Asociación de Magistrados y la Junta Federal de Cortes, cuestionadas por “Justicia legítima” por haberse arrogado el año pasado la representación de todo el Poder Judicial con un comunicado –alentado por algunos supremos– que denunciaba presiones del Poder Ejecutivo a los jueces, en alusión a la causa de la ley de medios. ¿Y cuál es la autocrítica frente a las presiones económicas y de otras corporaciones, desde las mediáticas hasta las de la propia corporación judicial?, se preguntaban. De ahí que Lorenzetti mencionara ayer: “Debemos mostrar una clara independencia de los intereses económicos; la Corte dictó una acordada diciendo que cuando recibimos a una parte, también debe estar la otra. Asimismo, las empresas deben ser transparentes y no abusar del derecho”.

Como un equilibrista, a medida que hablaba Lorenzetti fue sembrando frases para contentar a todos los gustos, lo que quedó reflejado en qué eligió destacar cada portal de noticias. Clarín prefirió el tramo en que dijo que “desde su fundación la Corte defendió el derecho a la libertad de expresión”. La Nación publicó que Lorenzetti señaló que “la Corte no debe gobernar, debe ser consistente con las decisiones de la mayoría del pueblo”, pero declararlas inválidas si son inconstitucionales. El juez citó ejemplos mundiales: el “apoyar el Holocausto, el terrorismo de Estado, o la pena de muerte”. En el público hubo quienes se sobresaltaron al oír “holocausto”, término que ligaron a la discusión por el acuerdo con Irán, que lo ignora. “Nunca hemos dicho al poder político lo que tiene que hacer, marcamos lo que es contrario a la Constitución”, recalcaba Lorenzetti, en nombre de la Corte, que ha criticado a jueces inferiores por tomar decisiones de gobierno con medidas cautelares. Infobae destacó: “No hay que tener miedo a los debates fuertes, a la colisión de intereses”, a lo que le seguía la idea de que “no hay pensamiento único, hay conflictos y consensos básicos o mínimos”.

“A algunos les llama la atención nuestra posición de equilibrio, les parece ambigua”, se anticipó Lorenzetti a una observación habitual. “No es buen juez quien quiere imponer sus propias convicciones o las de un sector a todos los demás”, dijo. “Si uno está en la lucha –continuó– debe inclinarse por una de las verdades, pero si tiene que solucionar el conflicto, debe tener la sabiduría de encontrar una solución equilibrada, sustentable en el tiempo.”

“En la Corte hubo más cambios en estos cinco o seis años que en toda su historia”, se jactó Lorenzetti. La lista empezó por la libertad de expresión y siguió con fallos sobre protección de los ahorros, el derecho a la vivienda, las acciones de clase, el derecho a la privacidad (en el fallo que invalida el castigo a la tenencia de droga para consumo personal), las condiciones de detención, la doble instancia, la actualización de haberes de los jubilados, la afirmación de derechos laborales; de los enfermos; de los consumidores, la igualdad de género y la contaminación ambiental. Recordó al final que mientras la Corte de 1930 convalidó gobiernos de facto, la actual invalidó las leyes de amnistía y los indultos. “Nunca más”, dijo. “Nunca menos”, agregó.

Este recuento suele reaparecer en cada discursos de Lorenzetti, igual que algunas ideas básicas: como que a la Corte le preocupa que las “tragedias colectivas se transformen en tragedias cotidianas”, por lo que reclama procedimientos especiales para casos como Cromañón, el accidente de LAPA, los juicios de lesa humanidad y la tragedia de Once. Pero otra de sus muletillas, quizá incluso de las más viejas, desapareció ayer de su repertorio: es la que habla de “la unidad” de los jueces. “Es que el Palacio se le fracturó”, ilustró alguien en la platea, en alusión a la aparición de “Justicia legítima”. “Debemos ser respetuosos de la diversidad y la pluralidad de opiniones”, fue una de las frases iniciales ayer de Lorenzetti.