El gobierno nacional enviará al Congreso un conjunto de iniciativas para reducir el trabajo informal en un plazo de menos de dos años, comunicó ayer el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich. El objetivo es “perforar el piso del 30 por ciento de trabajo no registrado”, que actualmente se encuentra en torno del 34 por ciento de la población económicamente activa. Tal como anticipó Página/12, los proyectos –son dos– a tratarse mantienen los lineamientos del Plan Integral de Combate al Empleo no Registrado diseñado por el Ministerio de Trabajo e incluye medidas de fortalecimiento en la fiscalización y capacidad de inspección del Estado, creación de un listado de empresas infractoras, reducción en las contribuciones patronales para las micro y pequeñas empresas y extensión de convenios de corresponsabilidad para facilitar el acceso a la seguridad social para los trabajadores del ámbito agroalimentario.

Entre 2003 y 2013, el empleo no registrado retrocedió de 49,1 a 33,5 por ciento. Pese a la caída de casi 16 puntos porcentuales en ese lapso, en los últimos tres años se convirtió en una ardua tarea romper ese piso al que se arribó. Según la última medición oficial, el trabajo no registrado se ubicó en diciembre del año pasado en 33,5 por ciento, 1,1 punto porcentual menos que en igual período de 2012. De todos modos, todavía se mantienen enclaves de tercerización y contratación de mano de obra informal, con el objetivo de reducir costos, disciplinar a la fuerza de trabajo y transferir riesgos a terceros en los eslabones más débiles de las cadenas de valor.

El objetivo es reducir el nivel de informalidad para 2015 debajo del 30 por ciento. Capitanich detalló que el proyecto prevé “el fortalecimiento del Ministerio de Trabajo, una modificación del sistema de seguridad social sobre unificación, regularización laboral y la prórroga de la ley de corresponsabilidad gremial”. La cartera laboral comenzó a elaborar este paquete de medidas en 2012, a lo que siguió una fuerte resistencia del ala patronal y gremial. Los empresarios cuestionaban el registro de empleadores y rechazaban la propuesta sindical para que parte de los nuevos inspectores provinieran del ámbito sindical. Por su parte, los sindicatos realizaron planteos sobre el “subsidio al empleo”, el eufemismo elegido para la reducción de las cargas patronales, ya que consideraban que podía lesionar los derechos de los trabajadores.

Los principales sectores que sufren el problema de la informalidad son el empleo doméstico, cuentapropistas, la industria de indumentaria, el trabajo agrario, trabajadores de la construcción, y el comercio, sobre todo en pequeños establecimientos. De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), esas actividades concentran el 70 por ciento de la informalidad en el país, equivalente a unos 4,9 millones de personas.

En la versión que se consensuó a fin del año pasado luego de varias reuniones tripartitas –Estado, empresarios y gremios–, se incluyó como premio a la preservación del crecimiento económico, una reactivación de la dinámica de creación de puestos de trabajo y mayores transformaciones estructurales. Según estimó el ministro de Economía, Axel Kicillof, la iniciativa permitirá la creación de 830 mil puestos de trabajo registrados.

Según el Plan Integral de Combate al Empleo no Registrado que elaboró el Ministerio de Trabajo, el subsidio al empleo será de dos años para las micro y pequeñas empresas, que podrán acceder a una reducción en las contribuciones patronales –de 100 por ciento el primer año y de 50 el segundo– cuando contraten nuevos trabajadores o blanqueen asalariados que estaban empleados en negro. Los empresarios ya gozan de beneficios fiscales al momento de incorporar asalariados. La creación del Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales se presenta como un mecanismo de disuasión y sanción para los infractores. Los que figuren en el listado perderán cualquier subsidio, crédito público y no podrán participar de licitaciones. Para dejar de figurar en el listado, las empresas deberán regularizar su situación y cancelar las multas.

Por último, la creación de la Unidad Especial de Investigación del Fraude Laboral otorgará al Estado mayores competencias y nuevos instrumentos legales para potenciar su capacidad de fiscalización en todo el país. La Unidad complementará los controles en sectores complejos de fiscalizar con las herramientas tradicionales, como la industria textil.