Uno - Lunes 22 de octubre de 2012
Para contrarrestar el desarraigo, el Gobierno otorgó crédito de $5 millones a 500 trabajadores rurales cooperativizados.
Unos 500 trabajadores rurales recibieron del Gobierno un crédito de 5 millones de pesos para adquirir una bodega propia destinada a la elaboración de vinos caseros y artesanales. Los beneficiados, agrupados en la Cooperativa de Contratistas de Viñas, firmaron el convenio con funcionarios del Ministerio de Agroindustria y Tecnología durante la celebración de la Primera Fiesta Nacional dedicada a su actividad.
“Después de décadas olvidados, el Gobierno nos ayuda con este crédito, que para nosotros es como una ventanita desde donde miramos el futuro con mucha ilusión y alegría. Poder concretar el proyecto de tener nuestra propia planta industrial de vinos es casi un milagro que celebramos con entusiasmo y como fruto de mucho esfuerzo comunal”, expresó Rubén Cepeda, titular del sindicato de Contratistas de Viñas y Frutales.
Para este trabajador, el financiamiento llegó como respuesta al alto grado de organización y capacitación alcanzado por el sector agrario durante los últimos tres años. “Somos 4.000 familias en Mendoza dedicadas a esta actividad y para poder ascender y obtener cierta movilidad social nos agrupamos y capacitamos. Mediante un curso al que asistieron 2.000 contratistas aprendimos a elaborar nuestros propios vinos artesanales con bodegas en los patios de casa”, explicó Rubén.
En 2011 de estos cursos se recibieron 1.450 trabajadores. De este total sólo 50 se animaron a aventurarse en la producción artesanal propia, aprobada por las inspecciones. “Lo increíble de todo esto es que en marzo de este año de los 50 iniciales alcanzamos 400 productores y para 2013 ya se han anotado 1.000 compañeros más”, destacó el presidente sindical. “Esta situación fue la que originó la creación de la cooperativa y logró despertar el interés del Gobierno”, agregó.
El desarraigo
El reciente financiamiento se suma a otras políticas públicas propuestas para combatir una preocupante problemática del sector: el desarraigo de las zonas rurales. Para Marcelo Barg, ministro de Agroindustria, “el abandono del campo a la ciudad es una tendencia imparable, que requiere de todas las energías, puestas en superar un escenario difícil de sostener si queremos que Mendoza siga dedicándose al cultivo de viñas y frutales”.
El titular destacó que se viene trabajando en este sentido desde varios focos, intentando ofrecer una profundización de todos los aspectos que permitan generar mejores condiciones de rentabilidad para los trabajadores. Ganancias no sólo en el tramo de la comercialización de sus productos, sino también incorporando mano de obra y participación en la cadena de producción desde la misma industrialización.
“El crédito que se hará a través de Mendoza Fiduciaria SA está pensado para que 500 contratistas agrupados puedan contar con su propia bodega. Esto es un avance muy importante ya que implica efectos multiplicadores y mayores ingresos para el sector”, dijo el mandatario y recalcó que se trata de un crédito y no de un subsidio. “Queremos que se entienda que este tipo de propuestas suman para que los jóvenes elijan quedarse en el campo”, agregó.
Políticas agrarias
Las condiciones de vida en el agro, tanto sociales como de salubridad y educación, son también una de las mayores preocupaciones del Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (Renatea), conducido por el agrónomo Guillermo Martini. Por eso, durante la Fiesta Nacional del Contratista de Viña se aprovechó para firmar un acuerdo adicional dedicado a mejorar progresivamente y sostenidamente las relaciones laborales del sector.
Guillermo Martini junto con el gobernador Francisco Pérez y el secretario de Empleo de la Nación, Enrique Deibe, suscribieron un protocolo que se complementa con la Ley 26.727, del 2011, que aprobó el Régimen de Trabajo Agrario. Esta firma promueve vínculos entre sectores públicos y privados relacionados con la producción, la formación y el empleo, garantizando el blanqueo, la fiscalización y condiciones más dignas de trabajo de los que realizan la actividad agrícola.
El acuerdo se suma a otras políticas como el “convenio de corresponsabilidad gremial empresaria para la registración de trabajadores temporarios de cosecha”, impulsado por el Instituto Nacional de Vitivinicultura, que busca facilitar el acceso de los trabajadores a los distintos subsistemas de la seguridad social. También se añade a la propuesta de “jardines de buena cosecha”, centros socioeducativos para niños de trabajadores rurales.
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