El ex mayor del Ejército Ernesto "Nabo" Barreiro señaló hoy supuestas fosas de enterramiento de desaparecidos en la última dictadura, dentro del predio del Tercer Cuerpo de Ejército y en la villa Ciudad América, y mencionó los nombres de 25 víctimas que estarían allí.

Barreiro habló en la audiencia de hoy y reveló que en la zona de los hornos de La Ochoa, donde ya se hallaron restos de personas, en cercanías de La Perla y en la localidad de Villa Ciudad de América, distante unos 68 kilómetros de la ciudad de Córdoba, se realizaron enterramientos de víctimas de la represión.

Los jueces del Tribunal Oral Federal 1 escucharon al acusado en el megajuicio denominado "La Perla-Campo de la Ribera" y dispusieron la realización de una inspección ocular en la zona para constatar la veracidad o no de los dichos del ex oficial de inteligencia.

QUIÉN ES BARREIRO

Barreiro, alias "El Nabo", "Gringo" y "Rubio", se desempeñó como jefe de interrogadores del centro clandestino de detención "La Perla", que dependía del Tercer Cuerpo de Ejército, y está acusado de delitos de lesa humanidad tales como secuestros, torturas y homicidios.

En la Semana Santa de 1987 dio pie al levantamiento de los militares "carapintadas" contra el gobierno del entonces presidente Raúl Alfonsín, negándose a comparecer en la Justicia y atrincherándose en dependencias del Tercer Cuerpo, lo que finalmente desembocó en la ley de impunidad conocida como "Obediencia Debida".

Tras estar escondido y protegido por sus camaradas en la Brigada de Infantería Aerotransportada IV, en las afueras de Córdoba, huyó también con la complicidad de sus pares.

Barreiro continuó con su carrera en el Ejército y en 1989 participó de la campaña electoral del entonces candidato peronista Carlos Menem. En 2004, con el levantamiento de las leyes de impunidad, fue requerido por la Justicia pero ya se había fugado a los Estados Unidos.

Radicado en el estado de Virginia con su esposa, que había puesto un comercio de productos argentinos, finalmente fue detenido y deportado a Argentina para ser enjuiciado.

EL JUICIO

Este juicio empezó el 4 de diciembre de 2012, y hasta ahora los jueces Jaime Díaz Gavier, Julián Falcucci, José Quiroga Uriburu y Carlos Ochoa escucharon las declaraciones de 428 testigos, entre los que se encuentran sobrevivientes y familiares de víctimas.

Durante estos dos años de juicio cuatro imputados fallecieron y tres fueron apartados del proceso por su estado de salud, por lo que actualmente son 50 los imputados que se encuentran sometidos a proceso, señaló mediante un comunicado la Justicia Federal.

Entre los acusados se encuentra el ex general de división Luciano Benjamín Menéndez, ex jefe del Tercer Cuerpo de Ejército que ya purga varias condenas a cadena perpetua.

Este juicio reúne 27 causas penales, y entre ellas se destaca la llamada "Mackentor", sobre la apropiación de esa empresa.

El expediente investiga hechos ocurridos en abril de 1977, cuando tropas de la Brigada de Infantería Aerotransportada IV "ocuparon y se apoderaron violentamente, sin orden judicial, de las empresas del grupo 'Mackentor', apoderándose de bienes muebles inmuebles".

Esos bienes, según la causa, fueron oficinas administrativas y bienes muebles de la calle Rosario de Santa Fe 71 de Córdoba; talleres, depósitos y otros bienes situados en un predio de cinco hectáreas; "Establecimiento San Ramón", de 7.000 hectáreas, en ruta 50 en Santiago del Estero; "Establecimiento Las Brujas", 2.500 hectáreas en Villa Figueroa de esa provincia; finca en San Juan dedicada a la producción vitivinícola; planta de fabricación de caños de alta presión en Las Flores, Córdoba; oficinas en la ciudad de Buenos Aires; Empresa del Menor, dedicada a la fabricación de refrescos; empresa Horcen (Hormigón Centrifugado Sociedad Anónima), en ruta 9, en el Parque Industrial de Córdoba; empresa Edisa SA.

Se denunció que en los procedimientos "la patota redujo a todos los empleados, algunos de los cuales fueron secuestrados y privados ilegalmente de su libertad".

En los operativos "fueron detenidas la principal accionista, Marta Kejner, cinco directivos, ocho empleados jerárquicos, tres empleados y tres familiares de directivos de la firma, todos sometidos a torturas" en interrogatorios donde les preguntaban sobre "financiamiento a organizaciones subversivas".