Hace más de dos décadas que la sigla www (World Wide Web) comenzó a formar parte de nuestro lenguaje cotidiano. Pero como sucede con la mayoría de las innovaciones que revolucionan las comunicaciones, al principio sólo unos pocos podían acceder al ciberespacio. Luego Internet se masificó y Argentina no fue la excepción. En 2009 el país contaba con poco más de cuatro millones de accesos residenciales a Internet (PC + móvil) y en diciembre de 2014 ese número superó los 13 millones de accesos, es decir, más de una conexión por hogar y un aumento de más de tres veces en sólo cinco años.

Ahora bien, ¿qué tiene que ver la cultura con todo esto? La Encuesta Nacional de Consumos Culturales que realizó el SInCA (Sistema de Información Cultural de la Argentina), en la órbita del Ministerio de Cultura de la Nación, muestra que la mitad de los argentinos lee en la PC, que un 45 por ciento descarga música y un 30 utiliza la PC para mirar contenidos audiovisuales. Esto demuestra que el acceso a la cultura y a Internet se retroalimentan. El consumo cultural se ve facilitado por el crecimiento del acceso a la web y la posibilidad de acceder a contenidos culturales impulsa el crecimiento de la penetración de Internet.

La revolución digital, no obstante, ha promovido la aparición de nuevos problemas y desafíos para quienes participan en la producción y distribución de bienes culturales. Una imagen con la que podríamos sintetizar el conflicto que se da entre los usuarios y los distintos actores de la industria cultural es la de dos grupos que se increpan desde veredas opuestas. En esta escena, los creadores culturales, o una parte de ellos, sostienen que las posibilidades de subsistencia de la producción cultural son extremadamente bajas en un contexto donde es muy sencillo acceder a los bienes culturales sin pagar por ellos. Sin embargo, mientras la discusión discurre sin fin se venden cada vez más entradas de cine, a recitales y libros en el mundo analógico. Y algo sucede justo ahí donde no se mira, en los canales de circulación. Se comienza a organizar el tráfico, se cobra un abono a Internet, se determina qué se mira, qué se escucha y se ofrece el acceso a un universo siempre creciente de bienes culturales digitales mediante el pago de una tarifa plana.

La comprensión de la falacia de la neutralidad de los canales de circulación de contenidos culturales en el entorno digital parece ser la novedad que ha traído el último tiempo. En nuestro país se ha traducido en la reciente sanción de la ley Argentina Digital, que apunta a garantizar la neutralidad de la red y a regular la actividad de un nuevo actor en la intermediación cultural: los servicios de telecomunicación. Pero un paso más es necesario. La promesa de acceso a contenidos culturales de diversa índole por parte de estas empresas es un factor central en la definición del precio de sus servicios. ¿Acaso alguien pagaría 600 pesos mensuales si sólo pudiera chequear su e-mail? El mensaje publicitario de los mismos proveedores es prueba de ello: abonarse a su servicio equivale a la posibilidad ilimitada de vivir experiencias culturales.

Los proveedores de Internet (ISP) son el primer estrato de los intermediarios de la cultura y, tal vez por eso, los más fácilmente regulables. Las dificultades se incrementan cuando el objetivo es comprender la actividad de los buscadores y las plataformas transnacionales de exposición de música y contenidos audiovisuales vía streaming. ¿Qué sucede con los contenidos que circulan por la red? ¿Y con empresas extranjeras de exhibición y producción de contenidos audiovisuales como Netflix? ¿Cómo se regula la actividad de los buscadores como Google cuyo algoritmo secreto despierta críticas en todo el mundo? ¿Cuáles son las políticas que pueden llevarse adelante para compensar a los autores nacionales por la reproducción de sus obras sin perjudicar al usuario que paga cada vez más por acceder a la cultura? ¿Tiene sentido una ley de propiedad intelectual pensada para el mundo analógico en un mundo digital que se rige por la copia privada?

Estos interrogantes, entre otros, son los que deberían empezar a armar la agenda digital de la cultura. Por ello, desde la Dirección Nacional de Industrias Culturales que dirige Natalia Calcagno, se impulsan los Foros de Cultura Digital, cuya primera edición fue el 27 de marzo en el MICA Produce, que se celebró en Berazategui. Los Foros seguirán recorriendo el país y debatiendo de la mano de académicos, autoridades del Estado, productores culturales, cámaras empresarias y demás actores de relevancia. Los puntos de consenso a los que se arribe luego de transcurridos estos espacios de reflexión deberán marcar futuros caminos en la acción estatal y legislativa respecto de la circulación de bienes culturales en el ciberespacio.