Con la mirada puesta en la sesión del Senado del próximo martes, en la que el oficialismo no tiene el número suficiente de votos para imponer su propio criterio en la discusión para poner límites a las salidas transitorias de los presos, el PJ se reunió con los familiares de víctimas de delitos para convencerlos de que su proyecto es mejor que el de la oposición.

Pero en el justicialismo confían en que la andanada de pedidos de inconstitucionalidad contra el proyecto del diputado radical Luis Petri, que ya tiene media sanción, terminará por frenar la iniciativa cuando ya sea ley. La UNCuyo, por ejemplo, envió ayer a la Cámara Alta el dictamen en el que se pronuncia en contra de la iniciativa impulsada por la UCR y el PD.

El jefe de bloque del PJ en el Senado, Ignacio Ortigala, contó a diariouno.com.ar que, el lunes, los miembros de esa bancada se encontraron con los padres de chicos asesinados por delincuentes. Los legisladores aprovecharon la reunión para “vender” la incorporación de una nueva fase en el período de seguimiento de la conducta de los internos carcelarios.

“Ellos (por los familiares) están de acuerdo con que haya cuatro pasos durante el tratamiento de los presos, pero no quieren que ese control recaiga en el Servicio Penitenciario, y eso es lo que hay que revisar”, dijo Ortigala, quien responde al intendente de Guaymallén, Alejandro Abraham.

Ése es el único punto en el que el PJ logró poner de su lado a los familiares de víctimas del delito, como Osvaldo Quiroga, padre de Matías Quiroga, el joven que murió en marzo durante un frustrado asalto a un blindado en un supermercado de Godoy Cruz.

El peronismo llevará hoy a la reunión de la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC) la propuesta para tratar de incorporar en la media sanción de Diputados la posibilidad de que los internos sumen una instancia de supervisión antes de acceder a los beneficios de las salidas transitorias, previstos por la ley 24.660.

Actualmente, esa legislación nacional –a la que Mendoza adhirió a fines de los ’90– es la que rige en la provincia y restringe las salidas transitorias de los presos por homicidio criminis causa, homicidio en ocasión de robo, violación seguida de muerte y privación ilegítima de la libertad seguida de muerte.

Aprobado en Diputados

Pero la UCR y el PD consiguieron aprobar, el pasado 1 en la Cámara Baja, un nuevo Código de Ejecución de la Pena que suma al listado de delitos todo tipo de asesinatos, incluidos los que están agravados por el vínculo, y otros ilícitos relacionados con la promoción de la prostitución y la trata de personas.

La iniciativa promovida por Petri y sus socios del PD elevó además la duración del período de evaluación de conducta de los presos, que pasará de los últimos tres meses de la pena a los dos tercios de la condena cumplida efectivamente en una cárcel.

Batalla perdida

El oficialismo sabe que tiene la votación perdida en el Senado. Pero, aunque consiguiera reunir los votos que le faltan para imponer su propio proyecto en esa cámara, cuando el texto vuelva a Diputados para su revisión, la superioridad numérica del PD y la UCR terminarán convirtiendo en ley el proyecto aprobado el 1 en la Cámara Baja.

“Lo que ha venido de Diputados es casi ley”, admitió Ortigala, resignado, ante este portal. Y apuntó a los cuestionamientos sobre la posible inconstitucionalidad de la iniciativa al decir que “con todas las opiniones contrarias que tiene, esto se cae en dos o tres años y vuelve todo a fojas cero. Si sale como está ahora, los constitucionalistas van a apuntar a todas las contradicciones que tiene la ley”.