Dalvian SA volvió a recibir un duro revés judicial, ya que, a través de un operativo encabezado por la fiscal especial Claudia Ríos, se ordenó el desalojo de dos hectáreas que habían sido ocupadas por la firma de la familia Vila y que pertenecen al Sindicato del Personal de Apoyo Académico de la Universidad de Cuyo (SPUNC). Se trata de un predio ubicado frente al Zoológico, el cual fue adquirido por el gremio en el 2010 y está destinado a la construcción de viviendas para 70 familias del sector. Sin embargo, según lo manifestado por el titular del sindicato, Víctor Yanzón, el 12 de octubre de ese año, los trabajadores denunciaron a la firma inmobiliaria por "usurpar ilegalmente el terreno".

La decisión de SPUNC de elevar el reclamo a la Justicia provincial se debió a que Dalvian alambró y apostó personal de seguridad en el lugar, el cual "nunca permitió el acceso" de las autoridades gremiales. Incluso, según lo manifestado por Yanzón, a los empleados de la firma los "amenazaron en numerosas oportunidades".

Ante la denuncia realizada por los trabajadores no docentes de la UNCuyo, la fiscal Claudia Ríos, junto con personal de Investigaciones, llegó hasta el lugar y ordenó el desalojo de los empleados de la empresa inmobiliaria que se encontraban en el predio. Luego de constatar que las tierras pertenecen a SPUNC –con la respectiva escritura en la mano–, la magistrada afirmó que la decisión tomada durante la jornada de ayer es "provisoria", por lo tanto, será el fiscal especial Santiago Garay –a cargo del caso– quien deberá determinar cómo avanza la causa.

En cuanto al uso que se le dará al lugar, el propio Yanzón afirmó que se planea construir un barrio para 70 familias, proyecto que dependerá del IPV, el Ejecutivo provincial y los organismos necesarios para financiar la iniciativa. "Esperamos que el gobernador Pérez acompañe la gestión para que la gente pueda tener su vivienda", indicó el titular de SPUNC.

LA SENSACIÓN DE LA JUSTICIA ALCANZADA. Tras el desalojo de los terrenos ocupados por Dalvian y que pertenecen al sindicato de los trabajadores no docentes de la UNCuyo, Yanzón, junto con sus compañeros, dejaron entrever las primeras sensaciones tras la noticia. "Tengo una emoción que no se puede explicar, dan ganas de llorar", afirmó el hombre que llegó durante el transcurso de la semana al terreno usurpado. Además, el titular del sindicato explicó: "Cuando nos quitaron el terreno, nos sentimos ultrajados".

No obstante, indicó: "Cuando vinimos a ver nuestro predio, estaba cerrado, y un grupo de gente nos amenazó; por eso decidimos recurrir a la Justicia, porque teníamos todas las pruebas para demostrar que compramos el terreno de buena fe". Por otra parte, Yanzón destacó la labor realizada por la Justicia provincial, que fue definitivamente la que ordenó el desalojo a instancia de la fiscal especial Claudia Ríos. "Hizo las cosas como corresponde, por eso la felicitamos", dijo el titular de los trabajadores no docentes de la UNCuyo, quien agregó que "el procedimiento de desalojo se realizó normalmente, no hubo incidentes".

En cuanto a la presencia de la fiscal en el lugar, sirvió para constatar que el terreno pertenecía al SPUNC y ordenar el retiro del personal de seguridad que estaba en el sitio. Incluso, según lo manifestado por los trabajadores de la universidad, "anoche (por el lunes) había una garita de seguridad que, sorpresivamente, desapareció". Luego de recuperar las dos hectáreas de terreno, las autoridades y abogados del SPUNC, comunicaron que, a partir de ahora, se contratará personal de seguridad para "que la situación se repita". Además, indicaron que el desarrollo urbanístico en el lugar será determinante para agilizar la construcción del barrio. En este sentido, los trabajadores del sector pidieron el apoyo del gobernador Francisco Pérez.

Otro fallo judicial

El 19 de setiembre, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó al Grupo Dalvian que devolviera a la Universidad Nacional de Cuyo 32 hectáreas de terrenos usurpados. Además, dispuso que la autoridad de la alta casa de estudios sobre el predio quedara sentada en el Registro de la Propiedad. Dentro de lo comprendido en ese predio, la Corte Suprema decidió que la familia Vila deberá "desalojar de inmediato" las siguientes instalaciones: el ingreso y egreso del supermercado que linda con el barrio privado ubicado en El Challao.