Hace dos meses, algunos legisladores, entre ellos, el diputado Daniel Cassia (Peronismo Disidente), denunciaban que más de 250 presos se habían fugado de las cárceles mendocinas desde 1983. Esa denuncia llevó a que la Comisión Bicameral de Seguridad hiciera un pedido de informe en el que requería el listado de los delincuentes que se escaparon y no fueron recapturados, sus delitos, las condenas y qué beneficio carcelario tenían. Asimismo, se solicitó también un detalle de quiénes estaban accediendo a alguna flexibilización de su situación.

Finalmente, ese informe fue respondido por la subsecretaria de Justicia Romina Ronda, y a partir de eso, pudo saberse que desde el 2007 a la actualidad, 65 delincuentes presos, con algún tipo de beneficio, se fugaron sin ser recapturados, por lo que todas las miradas legislativas apuntan a los jueces que les dieron esa posibilidad, uno de los cuales podría llegar a tener un juicio político en su contra.

DATOS.

El pedido de informe llevaba la firma de varios legisladores, entre ellos, la del demócrata Aldo Vinci, presidente de la Bicameral de Seguridad. En su primera parte se detallan los datos de 65 fugados que purgaban su condena en algún complejo carcelario de la provincia y que accedieron a algún tipo de beneficio.

Entre ellos se pueden encontrar casos llamativos, debido a la gravedad del hecho que había llevado a que el delincuente estuvieseencerrado.

Entre esos delitos se pueden encontrar robos agravados, homicidios agravados y hasta raptos. Incluso, hay una persona fugada el 13 de diciembre del año pasado que tenía los beneficios de prisión domiciliaria y diurna, cuyo delito había sido "abuso sexual agravado, con acceso carnal agravado, por resultar la víctima menor de edad, aprovechándose el autor de la situación de convivencia", explica el informe.

Así también hay otro caso de abuso sexual agravado, en forma reiterada, cuyo autor fue condenado a once años, pero se fugó aprovechando sus salidas transitorias.

En tanto, entre los casos cuyos autores se encuentran presos con beneficios, se puede hallar otroabuso sexual agravado con corrupción de menores. El autor de este delito se encuentra en fase II, en Almafuerte y fue condenado en el 2009 y su pena termina en junio del 2024, mientras que aparece otro caso de abuso sexual agravado, en el cual el delincuente cuenta con tres reincidencias, que se encuentra también en fase II.

EN LA MIRA.

Este informe llevó a que Vinci en los próximos días y con el apoyo de la Bicameral de Seguridad envíe un pedido de informe a la Suprema Corte de la Provincia para que esta diga, caso por caso, qué juez o cámara les ha otorgado los beneficios a estos presos.

Esto podría agravar la situación del juez de Ejecución Penal Eduardo Mathus, quien tiene que presentar su defensa ante el Jury de Enjuiciamiento luego de ser denunciado por dar salidas transitorias a algunos delincuentes que no debían recibirlas. Esa denuncia ya fue aceptada por el Jury, y una vez que el magistrado presente su defensa, se deberá decidir si se archiva el caso o se inicia un proceso de remoción.

Asimismo, en la Legislatura provincial se encuentra un proyecto del radical Luis Petri, que tiende a prohibir este tipo de beneficios para violadores u homicidas.