El corrimiento de la frontera agropecuaria implica la violación de derechos de campesinos y comunidades indígenas. Lo afirmó la Defensoría del Pueblo de la Nación en su último informe sobre la situación rural en el nordeste de Salta, donde constató desmontes en zonas prohibidas, violencia sobre comunidades, incumplimiento de leyes nacionales y provinciales, falta de control por parte del gobierno provincial y la ausencia del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).

“Se ha verificado una clara vulneración a los derechos de pobladores criollos e indígenas, un potencial daño al medio ambiente, debilidad en el accionar de la provincia para la solución de los hechos observados y la existencia de un conflicto social latente, que demanda la urgente atención por parte de todas las autoridades con el fin de evitar una escalada que produzca consecuencias imposibles de remediar”, alertó la Defensoría del Pueblo.

La ruta nacional 81 recorre el nordeste de Salta, desde Embarcación hasta Formosa. En el kilómetro 1790 se ubica la localidad de Fortín Dragones (departamento San Martín). Criollos y comunidades wichí denunciaron en 2011 ante la Defensoría la presión para que dejaran sus tierras, tala indiscriminada, cierre de caminos, falta de presencia del INAI, inacción del Ministerio de Ambiente, necesidad de agua potable y de mejoras en las escuelas. La Defensoría del Pueblo realizó tres visitas, confirmó las denuncias y acaba de publicar el informe de situación “Vulneración a los derechos de pobladores criollos e indígenas por deslindes y desmontes irregulares” y envió una carta al gobernador, Juan Manuel Urtubey.

“(La región visitada) se encuentra sometida a una alta presión desmontadora impulsada por los altos valores de la soja, que han ‘empujado’ a la ganadería fuera de las zonas centrales de la Argentina desplazándola hacia el gran Chaco argentino, y por lo tanto también a Salta. Estos cambios atentan directamente contra el sistema tradicional de producción ganadera del criollo chaqueño”, afirma la Defensoría, que recorrió doce comunidades.

Hace hincapié en tres leyes (dos nacionales y una provincial) que protegen a las comunidades pero que no se cumplen. La ley 26.160 (sancionada en 2006) suspende los desalojos y ordena realizar un relevamiento catastral de comunidades. “El fracaso del relevamiento es tal que implicó la anulación en 2011 del convenio entre INAI y el Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta (Ippis), por el que se financiaba al equipo de técnicos que efectuaría el relevamiento. Apenas una decena de carpetas había sido presentada”, detalla.

La Ley Provincial 7658 es similar a la 26.160, pero para criollos de Salta. Suspende los desalojos y prevé la realización de un censo de campesinos. “El relevamiento nunca se realizó, por lo que la situación no pasó de ser una expresión de deseos”, cuestiona la Defensoría.

La ley 26.331, conocida como “ley de bosques”, establecía un reordenamiento territorial que identificara las zonas de monte en tres colores: rojo (no se puede desmontar), amarillo (requiere autorizaciones para realizar actividades intensivas) y verde (se puede desmontar). Las comunidades visitadas están ubicadas en zonas rojas y amarillas.

El informe precisa que la provincia cuenta sólo con un equipo de campo para fiscalizar y controlar la problemática de bosques de toda la provincia. Advierte que en Salta se autoriza a desmontar “sin saber si las comunidades están reclamando esos espacios (..). Las multas no tienen ningún impacto sobre los desmontadores y, habiéndose retirado del predio (el equipo provincial), las topadoras siguen su marcha”, asegura la Defensoría.

Hace especial mención al “proceso de arrinconamiento” que padecen las comunidades mediante el cercado de fincas vecinas que limitan los espacios de ganadería de criollos e indígenas. “Sus capacidades productivas se ven fuertemente mermadas”, explica el informe. Los alambrados cierran los caminos vecinales y limitan el paso de los animales hacia las aguadas, y en consecuencia se restringe la actividad económica de subsistencia que desarrollan las comunidades.

De la visita y los testimonios, la Defensoría señala la “falta de presencia del INAI, circunstancia que favorecería las vulneraciones de los derechos de los pueblos originarios”. El director de Derechos Sociales de la Defensoría, Horacio Esber, apuntó a la situación nacional: “Los estados provinciales, por acción u omisión, están ausentes en lo que respecta a los derechos de campesinos y comunidades indígenas, y dejan amplias regiones libres al accionar de empresarios y particulares que violan toda la legislación que protege a los sectores más vulnerables del campo”.

La Defensoría remarca como hecho positivo la unión de 17 comunidades originarias y la conformación de la Federación Wichí. De similar manera, se organizaron 40 familias campesinas como Asociación de Criollos. “Estamos igual que cuando vino la Defensoría. Los empresarios nos encierran, voltean los quebrachales y los palo santo, y se nos vienen con las topadoras encima”, explicó Ramón Paz, de la Federación Wichí de la cuenca del río Bermejo. Afirmó que la provincia “siempre promete (mejoras) pero nunca cumple”, advirtió que ya no recurren al INAI “porque siempre nos quieren manejar” y pidió dejar clara la posición wichí y criolla: “Siempre trabajamos acá, no nos van a correr, tenemos derecho a vivir donde nacimos”.