Mendoza ratificó ayer su nueva Ley de Economía Social y Solidaria con un fuerte apoyo nacional y la promesa de invertir 5 millones de pesos que serán destinados a emprendimientos productivos que deberán ser concretados por organizaciones de la sociedad civil local. El anuncio formó parte del discurso que la propia ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, lanzó desde el escenario del estadio cubierto Vicente Polimeni de Las Heras, sobre el cierre de la XV Cumbre Social del Mercosur.

"Hay banderas que no se bajan nunca, que son las banderas de patria, de identidad, entrega y convicción. Hay organizaciones que tienen atada a la gente con bolsitas de víveres. Yo creo en las organizaciones que participan democráticamente. Que ayudan a la participación y a la libertad de conciencia", dijo la funcionaria al ratificar la inédita normativa mendocina.

Frente a un estadio colmado de militantes aferrados a la gestión K, la ministra nacional centró su discurso en la inclusión social, el fortalecimiento de la democracia, la unión de los pueblos de América Latina y la necesidad de generar proyectos productivos que sean perdurables y sostenibles a través del tiempo.

No todos fueron aplausos para la funcionaria. Al mediodía, cuando recién arribaba a la provincia y era trasladada hacia el hotel Intercontinental, fue sorprendida por unas 50 personas de la agrupación Barrios de Pie, entidad que había organizado una concentración en pleno nudo vial de José Vicente Zapata y Costanera. El objetivo fue protestar por las recientes decisiones que viene tomando la cartera que ella dirige. Según denuncia la organización, Alicia Kirchner ha suspendido las partidas alimentarias para unos mil comedores y merenderos de todo el país, donde se alimentan diariamente más de 30 mil niños.

El beneficio

Si bien la ley había sido aprobada en la Legislatura provincial por unanimidad el miércoles, el Gobierno decidió hacer coincidir su presentación oficial en el marco del histórico acontecimiento que culminó ayer por la tarde. En líneas generales, la ley N° 8.435 establece la implementación de subsidios y financiamiento para "favorecer los procesos productivos de las personas y organizaciones que desarrollen actividades dentro del marco de la economía social y solidaria".

Vale decir que este concepto engloba a instituciones de tipo solidario y productivo que contribuyen a un consumo digno y responsable para encontrar soluciones perdurables en el tiempo frente a las problemáticas como el desempleo y la exclusión social. Justamente, éste fue uno de los ejes más fuertes sobre los cuales la funcionaria a cargo de Desarrollo Social centró sus palabras frente a más de dos mil personas, entre militantes peronistas y representantes de OSC.

Una vez que la normativa sea promulgada, el Ministerio de Desarrollo Social de Mendoza deberá emitir una resolución conjunta, avalada por las organizaciones civiles que trabajan en el área de economía social de la provincia. "Este avance está ligado a la idea de trabajar fuertemente para lograr una mayor inclusión social", destacó el titular del área, Guillermo Elizalde y agregó que el objetivo, en principio es lograr consensuar posiciones con las OSC para reglamentar la disposición. "Para eso tenemos pensado reunirnos con referentes del Foro de Economía Social", explicó Elizalde y remarcó la importancia de contar con el visto bueno de la Nación.

Dentro del universo de entidades que aparecen citadas como destinatarias de la Ley se encuentran: cooperativas, mutuales, asociaciones civiles, organizaciones vecinales y de microcrédito. Se suman organizaciones campesinas, de agricultura familiar, empresas recuperadas, comercializadoras solidarias, organizaciones solidarias e indígenas; ferias populares, clubes del trueque, centros de estudios e investigaciones.

Además, podrán acceder a este beneficio tanto los microemprendedores como los efectores de desarrollo local y economía social. Entre los aspectos que contaron con el visto bueno de los legisladores figura la creación de un fondo especial que permita poner en marcha el programa. En principio, la provincia invertirá 5 millones de pesos que deberán ser incorporados al presupuesto de 2013. De ese total, 85% será invertido en subsidios y 15% restante servirá para llevar adelante los procedimientos estipulados en la Ley.

Otra parte de los fondos llegará desde organismos nacionales e internacionales tanto del sector público como del privado.

Pero lo cierto es que la ley, cuyo órgano de aplicación será el Ministerio de Desarrollo Social y Derechos Humanos de Mendoza, incluye otros aspectos que van más allá del dinero que se destine.

De hecho, ésta incorpora la creación de un programa específico que se encargará de diseñar las políticas que le darán vigor. Implementar planes que permitan a las organizaciones producir, comercializar y distribuir sus productos con éxito, articular con otros organismos provinciales y nacionales la implementación de un régimen diferencial de impuestos y favorecer los procesos productivos dentro de este sector, figuran entre las obligaciones que éste deberá cumplir.

También será deber del Estado tener un registro provincial de entidades, que deberá estar articulado con el de Agricultura Familiar, ya vigente. La existencia de un Consejo integrado por miembros de organizaciones ligadas a la Economía Social así como del sector académico, voluntarios y funcionarios vinculados al tema es otro de los puntos destacados de la reciente ley.