A un año y medio de la aprobación de la Ley de Acceso a la Información Pública (9.009), menos de la mitad de los departamentos han adherido a esta normativa, que tiene como objetivo mejorar la transparencia de la gestión pública y otorgar un acceso mayor a los datos por parte de la ciudadanía. Rivadavia, Capital, Godoy Cruz, Guaymallén, Santa Rosa, Luján y Maipú son las comunas que dieron el paso de exhibir la información relevante que se maneja en cada departamento, por lo que desde la Oficina de Investigaciones Administrativas y Ética Pública volvieron a “invitar” al resto de los municipios a adherir a la ley.

De los que restan, en el organismo sostuvieron que se podrían sumar en poco tiempo Las Heras y Lavalle, mientras que en San Rafael, General Alvear, Malargüe, La Paz, Tupungato, San Carlos, Tunuyán, San Martín y Junín los Concejos Deliberantes tienen, en distintas etapas, el tratamiento de los expedientes de adhesión. 

Si bien la ley (aprobada en junio de 2018) otorgaba un plazo de un año para la adecuación de todos los entes del Estado, (el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, más organismos descentralizados), varios intendentes o funcionarios de los departamentos que aún no habían discutido la ley en sus comunas informaron que lo harían durante el plazo de un año -que ya venció- que marcaba la ley para su puesta en funcionamiento. De hecho, la norma fue reglamentada en marzo de este año. 

Sin embargo, pocas comunas se sumaron a la ley, lo que preocupa a la Oficina de Ética Pública en su visión de ir en pos de una mejora del sistema de organismos abiertos a la ciudadanía.

En diálogo con Los Andes, su titular, Gabriel Balsells Miró, se mostró esperanzado de poder “convencer” a los departamentos que restan para adherir. “Hemos ido a las comunas, hemos dado capacitaciones y esperamos que el proyecto avance” hasta convertirse en ordenanza en las comunas. 

No obstante, el abogado consideró que fue un “error” que en la ley 9.009 se hubiera “invitado” a las comunas a adherir. En su opinión debería habérselas integrado, tal como se hizo con el resto de los organismos de la administración del Estado. 

“El acceso a la información pública no es incompatible con las autonomías municipales”, comentó Balsells, e insistió en la necesidad de que el ciudadano pueda conocer, a través de internet, respecto de contratos, licitaciones y ejecución presupuestaria, entre otros, de cada municipio. 

También destacó que algunos departamentos que aún no han tratado el proyecto tienen “muy buenos sitios web en los cuales facilitan bastante información”, como es el caso de San Rafael. Además, resaltó que están esperando que asuman las nuevas autoridades en municipios como San Carlos, Malargüe y San Martín, ya que los jefes comunales electos “se han comprometido a debatir el tema”. 

En tanto, en General Alvear, si bien aún no han adherido a la ley, aseguraron que su sitio web "tiene toda la información que se exige desde la Oficina de Ética Pública".

Pocos pedidos de informes

Según datos de la Oficina de Ética Pública brindados a este diario, muy pocos mendocinos utilizan todavía la herramienta de pedir información pública. 

Hay que destacar que en abril de este año se puso a prueba un sistema on line que integra las solicitudes, gestión y respuestas vinculadas al acceso a la información pública. Esto permite, según marca la Oficina, que la autoridad de aplicación “pueda acceder en tiempo real al seguimiento de cada caso que ingresa a los organismos obligados”.

Pero por el momento solamente se han tramitado 146 solicitudes de información a distintos organismos, de los cuales ya fueron respondidos 129, es decir el 88% del total. Los 17 restantes aún se encuentran en fecha para otorgar la respuesta. Esto indica que menos del 1% de los mendocinos pide información al Estado.

Asimismo, el organismo al que se ha solicitado más información es el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), con 47 pedidos (33,2%), relacionados con las condiciones para inscripción y acceso a los planes de vivienda, facturación y libres deudas; “todos han sido respondidos”, se informó.

En el segundo lugar de solicitudes recibidas se encuentran la Administración Tributaria Mendoza (ATM), Irrigación y el ministerio de Hacienda, con 10 pedidos gestionados cada uno. Los mismos contienen temáticas diversas que incluyen situaciones de deuda pública, datos catastrales e informes de análisis hídricos, entre otros.

Sobre este tema, Balsells Miró destacó que parte de la poca cantidad de pedidos de información se corresponde con que “hay muy buena información gracias al trabajo de la Subsecretaría de Gestión Pública y Modernización del Estado” del gobierno provincial. “En muchos casos la apertura que desde ya se tiene a través de internet baja la cantidad de pedidos”, reflexionó el funcionario. 

Cómo pedir info

Cualquier ciudadano puede hacerlo en forma anónima a alguna repartición del Estado desde la página web www.eticapublica.mendoza.gov.ar; también descargando un formulario. La información pública se le debe entregar en un plazo de 15 días hábiles, aunque el funcionario puede requerir una prórroga por 15 días más.

Una mendocina, a cargo del área en la CABA

La mendocina María Gracia Andía es abogada y titular del Órgano Garante de Acceso a la Información de la Ciudad de Buenos Aires. La última semana volvió a la provincia para capacitar a casi un centenar de funcionarios garantes de la ley 9.009 de distintas reparticiones de Mendoza.

Para Andía, el acceso a los datos del Estado es “un derecho constitucional y humano” aunque todavía “es de nicho porque lo ejercen unos pocos, aquellos que saben que existe el mecanismo”.

Dice que requiere de “un cambio de paradigma cultural, de entender que la información que poseen los funcionarios es pública, no es de ellos”. 

Según informó, en la CABA han recibido en casi dos años unos 6.900 pedidos de información.