Después de cuatro horas de debate, por 28 votos a favor y once en contra, los diputados le dieron media sanción a la adhesión de la Provincia al protocolo de aborto no punible, avalado por la Corte nacional, avanzando sobre un vacío en materia de reglamentación que existe desde el final del gobierno de Julio Cobos.

Paradójicamente, fue una diputada radical, Liliana Vietti, la que impulsó que Mendoza contara con una guía técnica para reglamentar los procedimientos de abortos legales, que proviene de la gestión kirchnerista a nivel nacional. Si el protocolo entra en vigencia, no hará falta judicializar este tipo de prácticas en el caso de ser contempladas en la ley. Ahora es el Senado de la provincia el que se tiene que expedir.

El tema dividió a legisladores dentro de los mismos partidos, con excepción del PD, bloque que se mostró abiertamente en contra del proyecto. También estuvieron y se manifestaron con pancartas militantes de organizaciones contrarias a aceptar el fallo de la Corte sobre abortos no punibles, quienes repartieron una carta de repudio al proyecto de Vietti.

Intenso debate

Lejos de mantener una postura de bloque –excepto el PD–, los partidos dieron libertad de conciencia para votar, ya que el tema pone en juego valores morales, éticos y religiosos. En este sentido, hubo divisiones en el seno de todas las bancadas.

Quien abrió la discusión fue la propia autora del proyecto, que lo defendió diciendo que no es bueno confundir a la población diciendo que se está legalizando el aborto.

“En nuestro país el aborto es legal sólo en estos casos: cuando se pone en juego la vida y la salud de la mujer, y si no se puede evitar de ninguna forma; cuando se trata de una violación y si se ha producido un atentado al pudor contra una mujer mentalmente insana”, expresó Vietti.

La legisladora remarcó que en el fallo de la Suprema Corte, que data de marzo y que decidió que en todos los casos de violación el aborto es legal, se hace extensivo a situaciones análogas que puedan aparecer en el futuro y no sólo en cuanto a un caso en particular.

También manifestó que la Constitución y los tratados internacionales impiden castigar a quienes abortan si han sido víctimas de una violación. Además los médicos no necesitan autorización para realizar esta práctica si está contemplada en lo que dice el artículo 86 del Código Penal.

Vietti también contó todas las peripecias previas a la presentación de la ley. Dijo que instaron desde esta Cámara al Ejecutivo para que adhirieran a la Guía Técnica Nacional, la última vez, en julio y no se recibió ninguna respuesta.

“En la Cámara la actitud fue otra, independientemente de las opiniones de cada uno, se nos permitió avanzar. No se puede decir lo mismo del Ejecutivo”, dijo la diputada radical y remató: “Siempre que se trate de una ampliación de derechos, yo voy a estar en esta vereda. Estamos hablando de derechos de mujeres violadas y pobres, sin acceso a la medicina privada”.

Entre quienes se mostraron en contra del proyecto, el discurso más fuerte fue el de Aldo Vinci (PD). Además de afirmar que el protocolo es inconstitucional, porque viola los pactos internacionales, como el de San José de Costa Rica que considera que hay vida desde la concepción, aseguró que este puede ser un “cheque en blanco”: “Tengo derecho a pensar que una mujer puede hacer una declaración jurada para tener la herramienta legal que le permita abortar el hijo fruto de una relación normal, no le podemos dar ese cheque en blanco”.

Aníbal Ríos (PD) y Betty Moreno (PJ) también se manifestaron en contra del protocolo. Mientras, Néstor Piedrafita (Nuevo Encuentro) hizo una encendida defensa de su voto favorable: “Al aborto llega la mujer desesperada, la mujer que no aspira a otra solución. ¿Ustedes se creen que es producto de la joda?. No se puede legislar desde la hipocresía”.