La Cámara de Diputados aprobó anoche el articulado de un nuevo Código de Ejecución Penal local, que busca remplazar la legislación vigente, basada en la Ley Nacional 24.660. El texto que servirá para restringir las salidas transitorias de los presos condenados por todo tipo de delitos violentos deberá pasar ahora al Senado para cambiar definitivamente el régimen de semilibertad al que acceden los convictos hacia el final de la pena.

La UCR y el PD consiguieron reunir 26 votos contra los 21 avales que juntaron el PJ y sus aliados. Pero los demócratas también lograron incorporar cerca de 15 modificaciones al texto del radical Luis Petri, que fue aprobado en general el 4 de julio.

Con ese resultado, el peronismo no pudo torcer la suerte y tampoco impuso en el proyecto la incorporación de más tratamientos de resocialización para los presos y la suma de una fase al período de prueba de los convictos.

Pero la derrota del oficialismo también hizo respirar a varios, ya que les permitió superar, al menos por ahora, la fuerte interna que enfrentó a los garantistas, vinculados a áreas de derechos humanos del Ejecutivo más alineados con las políticas de la Casa Rosada, con los defensores de la mano dura, encabezados por el vice Carlos Ciurca y el ministro de Seguridad, Carlos Aranda.

Lo que quedó

La iniciativa radical propone sumar delitos a los considerados graves por la ley 24.660, normativa a la que Mendoza adhirió con la ley 6.513. El texto de Petri avalado ayer en Diputados restringe las salidas transitorias de las personas que están presas por homicidio criminis causa, homicidio en ocasión de robo, violación seguida de muerte y privación ilegítima de la libertad seguida de muerte. Y suma todo tipo de asesinatos, incluidos los que están agravados por el vínculo. Por su parte el PD consiguió incorporar delitos vinculados a la promoción de la prostitución y a la trata de personas.

El proyecto aprobado también eleva el tiempo de evaluación de conducta de los presos, que pasa de los últimos tres meses de la pena –lo contemplado en la Ley 24.660– a los dos tercios de la condena cumplida efectivamente.

Clima crispado

El debate para restringir las salidas transitorias de los presos se dio en medio de fuertes enfrentamientos verbales. Uno de los puntos más tensos de la sesión se dio cuando Petri cuestionó a su par Néstor Piedrafita, del espacio kirchnerista Nuevo Encuentro, por su escasa productividad legislativa. Esto generó la reacción de todos los legisladores, quienes acusaron al radical de haber politizado un tema sensible (ver aparte).

El debate también fue seguido de cerca por familiares de víctimas de delitos violentos, encabezados por Osvaldo Quiroga, padre del joven asesinado en un frustrado asalto a un blindado en un supermercado, ocurrido en Godoy Cruz en marzo. En la mañana de ayer, el hombre increpó fuertemente al jefe de bloque de diputados peronistas, Gustavo Arenas, por el “ablandamiento” que suponía la iniciativa del oficialismo en comparación con el proyecto de Petri.

Daniel Cassia (PJ Federal) quiso incorporar otros delitos al listado de crímenes cuyos autores no pueden ser beneficiados por regímenes de salidas transitorias, pero se quedó solo y se abstuvo en la votación.

El Senado deberá debatir ahora la media sanción de Petri para que recién entre en vigencia el nuevo Código de Ejecución Penal.

Pero en el PJ ya anticipan que la Cámara Alta “destrozará” el texto por los cuestionamientos de inconstitucionalidad que podría provocar la nueva normativa de convertirse en ley. “Es una aberración jurídica”, evaluó Sebastián Sarmiento, director del Servicio Penitenciario, al término de la sesión.