El Registro Único de Adopción fue creado por un acuerdo de la Suprema Corte de Justicia, pero no fue refrendado por una ley. Hoy, se tratará en Diputados un proyecto que apunta a legitimar el procedimiento que se utiliza hace 12 años. También adhiere a la normativa nacional y establece la conformación de un Consejo Asesor Mixto de Adopción y Familia, en el que intervienen representantes de los poderes Ejecutivo y Judicial, como también de la sociedad civil.

La diputada Sonia Carmona, autora del proyecto que se tratará hoy sobre tablas, explicó que el objetivo de la iniciativa es brindar un marco legal a una metodología que se utiliza para las adopciones desde que la Suprema Corte emitió una acordada en 2000. La ley fija el funcionamiento de un Registro Único y Equipo Interdisciplinario de Adopción. La sede primaria se ubicará en la Primera Circunscripción Judicial, pero se podrán habilitar delegaciones en toda la provincia.

Además, detalló Carmona, se asegura una mayor contención y seguimiento a los interesados en adoptar, ya que se establece una relativa continuidad en el contacto con el equipo interdisciplinario (integrado por psicólogos, trabajadores sociales, médicos y abogados especialistas en adopción). La normativa detalla cada uno de los pasos a seguir desde las reuniones informativas previas a la inscripción hasta la inclusión en el libro definitivo de aspirantes.

Sin embargo, esta ley no reduce el tiempo de espera, que en la provincia suele ser de entre 6 y 8 años. Esto, explicó Gonzalo Valdés, integrante del Equipo Interdisciplinario de Adopción, se debe a que la demora no depende del trámite en sí mismo, sino a que hay muchas familias interesadas en adoptar y pocos niños en condiciones de adoptabilidad.

El diputado Alejandro Viadana, quien preside la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, señaló que la norma garantiza transparencia, ya que plantea que el juez que intervenga deberá respetar el orden cronológico del libro de aspirantes (que podrá ser consultado por estos). Sólo podrá hacer excepciones en casos específicos, como cuando se trata de un grupo de hermanos o de niños o adolescentes con graves trastornos de salud o con una discapacidad física o mental.

El proyecto de ley, que al parecer cuenta con aval político para recibir media sanción, también fija que el equipo interdisciplinario deberá acompañar a las mujeres en crisis con la maternidad para que decidan responsablemente sobre la entrega -o no- de su hijo. También deberá orientar a las personas adoptadas para que puedan ejercer el derecho a conocer su identidad de origen.

Carina Valdés, mamá adoptiva de cinco niños y quien participa en la conformación de una nueva entidad denominada Adoptarse, comentó que los padres vienen trabajando con aportes al proyecto desde setiembre del año pasado. No sólo destacó que los hayan invitado, sino que la ley crea un Consejo Asesor Mixto de Adopción y Familia, que funcionará bajo la órbita de la Suprema Corte de Justicia, pero estará conformado también por representantes del Ejecutivo y de organizaciones de la sociedad civil que aborden la problemática.

La propuesta también contempla la adhesión a la ley nacional 25.854 de 2003, que crea el Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos en todo el país y fija los requisitos para integrar esa nómina.