Empezó el análisis del proyecto de ley de autarquía judicial. A pesar de que la iniciativa que remitió el Ejecutivo ingresó por Diputados, ayer hombres de ambas cámaras recibieron a los enviados de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, quienes pusieron reparos respecto de la constitucionalidad de la propuesta del gobernador Francisco Pérez.

De entrada pareció que la reunión sería picante, debido a las expresiones del procurador Rodolfo González. Concretamente, el jefe de los fiscales, más allá del reclamo por fondos para poder implementar el en toda la provincia el nuevo Código Procesal Penal y la posible puesta en marcha de la Policía judicial, de movida puso reparos en las constitucionalidad.

Es que en el proyecto de ley se pretende la autarquía financiera del Poder Judicial y que sea el propio poder quien defina su pauta de gastos y administre sus recursos.

De acuerdo a lo manifestado primero por González y luego por el coordinador de relaciones institucionales de la Corte, Raúl Vicchi, el presupuesto de la Justicia es propuesto por la Corte, pero quien determina el monto definitivo es el poder político encarnado por el Ejecutivo y el Legislativo. Esto, de acuerdo a los artículos 144 y 171 de la Constitución.

En ninguno de estos dos artículos se menciona el hecho de que sea la Corte la que establezca el presupuesto de la Justicia; apenas el 171 indica que el máximo tribunal le propone al Ejecutivo su pauta de gastos.

Y es acá dónde González y Vicchi advierten que podría haber una inconstitucionalidad. Es que el proyecto de autarquía no es una idea simpática para los magistrados. "Este tipo de proyectos siempre se discute en épocas de crisis. Cuando faltan los recursos es cuando surgen estas nuevas ideas" dijo irónicamente González apenas tomó la palabra y el cruce se sintió duro entre los legisladores presentes.

Estas "nuevas ideas" es un eufemismo, dado que ya hubo un proyecto que terminó durmiendo en épocas en las que Roberto Iglesias era gobernador y mantenía un duro pleito con los jueces por la actualización salarial de éstos últimos. Luego, hubo amagues con Julio Cobos y con Celso Jaque. Por esto es que lo de "nuevas ideas" resulta una ironía.

Pero luego de este arranque picante, todo volvió a los carriles normales, apenas un cortocircuito menor entre el senador Juan Carlos Jaliff (UCR) y Vicchi.

Pero con la frase de González quedó claro que el proyecto es incómodo en Tribunales. La inconstitucionalidad es discutible pues el proyecto que votará la Legislatura (con representación de la clase política) tiene previsto que los recursos ascenderán al 7,9% del total de los recursos que ingresan a las arcas públicas por impuestos provinciales y coparticipación, más lo que recaude el Poder Judicial por tasa de Justicia y multas.

Es decir, la clase política definirá ese monto, más allá de los consensos a los que se llegue con los magistrados

Luego vino la discusión por fondos. Vicchi tiró en la mesa que para poner en terminar de implementar el Código Procesal Penal hacen falta 100 millones de pesos y entre 150 y 180 millones de pesos para poner en vigencia la Policía judicial. Eso más los sueldos, que según las proyecciones este año insumirán 871 millones de pesos, y las obras.

Así es que la reunión se fue diluyendo en expresiones de voluntad de diálogo para llegar a un texto consensuado entre las partes.
 
Y entonces quedaron pendientes futuros encuentros en los que seguir arrimando posiciones y modificar el texto remitido por el Ejecutivo. Así es que queda tarea para los legisladores de ambas cámaras que ayer recibieron a los enviados de la Corte.