El miércoles pasado la Cámara de Diputados dio media sanción y ayer los senadores acompañaron la propuesta de adherir, después de 14 años, a la Ley Nacional de Discapacidad. Esto implica que las obras sociales deberán brindar cobertura total a las personas que tengan una alteración motora, sensorial o mental. También, que el Estado tendrá que garantizar estos servicios a quienes no tengan obra social.

Los Padres Autoconvocados volvieron a reunirse, como venían haciendo cada semana desde setiembre, en Peatonal frente a la Legislatura. Comenzaron a llegar a las 10, pero la sesión recién comenzó cerca de las 13 y terminó a las 15.

En esas dos horas de exposiciones, los senadores cruzaron acusaciones de no haber hecho nada desde 1997 -cuando se aprobó la ley nacional 24.901-, bajo el argumento de que no había fondos para afrontar una cobertura total. Y también, de que fue necesaria la visita de Gonzalo Rodríguez -"Gonzalito"-, con el ?Proteste Ya' de CQC, para que en poco más de 15 días se aprobara el proyecto.

Finalmente, la Cámara de Senadores dio su apoyo unánime a la iniciativa de adherir a la normativa que asegura que las personas con discapacidad accedan a un sistema de prestaciones básicas de habilitación y rehabilitación. Además, la ley provincial establece que los jueces, legisladores provinciales, intendentes y concejales estarán obligados a realizar aportes a la OSEP (hasta ahora podían derivarlos a otra obra social).

También se modifica un artículo de la Carta Orgánica de la OSEP para que se consideren parte del grupo familiar a los hijos mayores de 21 años que tengan una discapacidad, cuando no cuenten con otra cobertura. Para ello deberán presentar un certificado.

El vicegobernador electo, Carlos Ciurca, indicó que la ley no necesita reglamentación, porque implica la adhesión a una normativa nacional que ya ha sido reglamentada. Sí podrá requerir un decreto reglamentario el artículo que modifica la carta orgánica de la OSEP. Es decir que la Ley sobre Discapacidad estará vigente en la provincia en cuanto se publique en el boletín oficial.
Larga espera

Los Padres Autoconvocados escucharon la votación de cada uno de los 35 senadores, desde los balcones, con las manos tomadas. Cuando se confirmó el sí unánime, cantaron el Himno Nacional con voces estranguladas por la emoción. Laura Triviño, una de las mamás, explicó que en 2003 empezaron a tener inconvenientes porque la OSEP recortó las prestaciones y los institutos de rehabilitación comenzaron a pedir obras sociales nacionales (las que estaban obligadas a cumplir con la ley 24.901). Mientras, en los hospitales públicos encontraban listas de espera.

Entonces, comprendieron la importancia de que la provincia adhiriera a la ley nacional, algo que habían hecho la mayoría, con la excepción de cuatro, entre las que estaba Mendoza porque se había planteado que no había fondos para aplicarla. Finalmente, como no habían logrado una respuesta, los padres contactaron a la producción de Caiga Quien Caiga y los plazos se aceleraron. De hecho, varios senadores reconocieron ayer que un programa de televisión había fijado la agenda política.

"Estoy muy feliz, ojalá con esta ley mejore la atención", manifestó María Fernanda Altamira con los ojos llenos de lágrimas. La joven mamá de Ángel -y de dos niños más- explicó que ha tenido inconvenientes con el tratamiento y los medicamentos del pequeño. Pero, además, contó que alquila y que espera poder acceder a una vivienda propia para asegurar al niño que tendrá un techo en el futuro.

Precisamente, en torno a otras necesidades sin atender que tienen las personas con discapacidad giraron las exposiciones de los senadores. Daniel Vilches (UCR) subrayó que ya hay una ley vigente, la 5.041, que fija que los organismos estatales deben tener un cierto porcentaje de empleados con discapacidad y que no se verifica su cumplimiento. Guillermo Amstutz (Unión Popular) señaló que tampoco se cumple con el cupo de viviendas para personas con discapacidad y que por eso es fundamental hacer un seguimiento y control de la aplicación efectiva de esta nueva normativa.

También Alejandra Naman (ARI) insistió en que toda la sociedad debe asumir un compromiso para avanzar en la igualdad de oportunidades y la inclusión.

Artículo polémico

Unos 750 mil mendocinos son afiliados a OSEP, un número significativo si se considera que los que cuentan con otras coberturas ascienden a 700 mil. De ahí que surgiera el cuestionamiento a cómo se iba a financiar la cobertura total para personas con discapacidad. Como un aporte, se estableció que jueces, legisladores provinciales, intendentes y concejales deberán contribuir a la obra social de empleados públicos.

Juan Carlos Jaliff (UCR) subrayó que la intangibilidad de los salarios de los jueces excluye los aportes previsionales y de obra social. Andrés Da Rold (Frente para la Victoria) lanzó que como ciudadano pedirá el jury para los magistrados que planteen la inconstitucionalidad de la norma.

Fuente: http://www.losandes.com.ar/notas/2011/11/16/discapacidad-obras-sociales-deben-cubrir-100-prestaciones-606858.asp